En homenaje a Pedro E. Galindo (Q.E.P.D.)
No puede pasar desapercibido cómo, a raíz de la puja entre el Gobierno y el Congreso por la realización de la consulta popular, emerja el expresidente Juan Manuel Santos haciéndole un guiño a –su supuesto enemigo– el expresidente Álvaro Uribe, con el fin de unir fuerzas en contra de esa iniciativa “y defender la democracia”, un proceder en franco respaldo al legislativo –compuesto en su mayoría por sus copartidarios–. Guiño que, por la situación política en que se encuentra el establecimiento tradicional, ad portas de las elecciones del 2026, consideramos un sugestivo gesto político. Veamos, por qué.
La seña se enmarca en dos grandes escenarios, uno de carácter histórico en relación con el régimen político, y el otro coyuntural, del orden pre-electoral.
Aire histórico
Se considera que el país asiste, desde los noventa, a una transición y/o cierre del régimen político frentenacionalista, que en su largo aliento lo rigió durante dos siglos. Régimen sociopolítico caracterizado por la exclusión, el clientelismo, la corrupción y el monopolio en el manejo de la cosa pública por parte del bipartidismo liberal-conservador, cuya oclusión coincide con la implementación del modelo neoliberal en el mundo; la emergencia y acción de los grupos guerrilleros, y la Constitución del 91 que abrió el espacio legal para la participación política de –nuevos– actores políticos y sociales, diferentes a los tradicionales liberal-conservadores. Situación que llevó al establecimiento a girar en el régimen político al someter al país a la Seguridad Democrática, amparado en la doctrina y práctica del neoliberalismo, en genio de Santos y figura de Uribe y vigente por 20 años: 2002-2022, año este en el que irrumpe el gobierno progresista encabezado por Gustavo Petro.
En la coyuntura
En este campo, a raíz de la crisis que le asiste al modelo neoliberal desde el 2008, cuyos efectos de orden mundial ponen en calzas prietas la gobernabilidad de sus respectivos ejecutivos mentores en el marco de sus estados nacionales, lo que al mismo tiempo abre el renacimiento de formas de gobierno rancios, fascistas y autoritarios, junto a los llamados gobiernos progresistas –sobre todo en América Latina–, situación que caracteriza la puja política entre ambos en todas las latitudes. Como vemos, en ambas situaciones encontramos al centro al modelo neoliberal y, en consecuencia, en el país, a dos de sus más connotados mentores: los expresidentes Santos y Uribe, terciando por protagonizar en el periodo preelectoral en el que se encuentra el país.
Tengamos previamente en cuenta que el modelo socio-económico neoliberal emergió en los años setenta del siglo pasado a raíz de la crisis del modelo keynesiano implementado en la posguerra. Situación crítica que, en términos políticos, se tradujo en una crisis hegemónica, es decir, del poder, regido entonces bajo las reglas de la democracia liberal y sus creencias fundamentales de libertad, igualdad y justicia.
El cambio de modelo implicó, en correlativa consecuencia, el de su forma hegemónica que lleva a la redefinición de las mismas reglas, creencias, valores y expectativas de su forma democrática liberal. Una tarea que asume la denominada reacción conservadora, o nueva derecha neoliberal, que transformado los términos del discurso político se propuso crear una nueva definición de la realidad socioeconómica. En primer término, considera que la verdadera naturaleza del liberalismo consiste en reducir al mínimo los poderes del Estado a fin de maximizar su objetivo político central: la libertad individual. En consecuencia, cuestiona y ataca la intervención del Estado en la economía y su lucha contra las desigualdades e instauración de Estados de bienestar; intervención que validan solo cuando se trate de materias que no pueden ser reguladas a través del mercado pues, de otro tipo, la consideran un atentado contra la libertad individual; por lo tanto, y, en fin, el Estado solo debe dedicarse a garantizar el cumplimiento de la ley y mantener el orden que requiere el libre accionar del mercado, libertad que identifican con la no interferencia con el derecho natural que le asiste al individuo de apropiación ilimitada y con los mecanismos de la economía capitalista.
En cuanto a la noción de justicia social o redistributiva, la consideran ininteligible en una sociedad liberal, pues entienden que es un sistema en que cada cual se le permite usar sus capacidades para sus propios propósitos; igual, ese concepto les resulta vacío y sin sentido, pues la voluntad de nadie puede determinar los ingresos relativos de las diferentes personas.
Respecto a la democracia, esta debe ser, de una parte, esencialmente el instrumento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual; de otra, restringir su campo de aplicación, al tiempo que, limitar la participación política en la medida en que se sustraigan cada vez más las decisiones políticas del control político, y se encargue su responsabilidad a tecnócratas expertos (yuppies); es decir, que su componente de participación queda ninguneado y reducido al de participación electoral, de por sí, manipulable. En resumen, ese discurso liberal-conservador buscó articular la defensa neoliberal del libre mercado (que en Colombia encarna el talante centenario de Santos) con el tradicionalismo cultural y social, profundamente antiigualitario y autoritario, del conservadurismo (en cuerpo y alma del emergente Uribe).
Es en este régimen político, así configurado, jaqueado en el 2022 por el emergente y vigente gobierno progresista de Petro, en el que el Nobel de la paz del 2016 entra de nuevo en la arena política para terciar en contra de su continuidad en las elecciones del 2026. Esto, teniendo en cuenta que la “guerra de desgaste”, a que fue sometido Gustavo Petro desde su misma posesión, caracterizada por el bloqueo a las propuestas de reformas por todos los flancos posibles, incluidos los mismos poderes legislativo y judicial, no ha podido crear la ingobernabilidad requerida para su consecuente derrocamiento, y, que, por lo visto, se ha ido fortaleciendo ante la opinión pública del interior y exterior del país. En ese juego de desgaste, los peones iniciales de la estrategia, como Miguel Polo Polo y J-P Hernández, Vicky Dávila, van quedando fuera del tablero, y alfiles como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paola Holguín, Paloma Valencia, y caballos como Andrés Guerra, solo tienen como argumento opositor el ausentismo y/o votaciones en contra en el Congreso de todo lo que les huela a reformas; pues, además, y lo más diciente, carecen de un discurso que le apueste como alternativa y, que, de esa manera, vaciados de nuevas ideas, repican el rancio sabor de los principios de la Seguridad Democrática, al amparo de las acciones de Donald Trump, Javier Milei y Nayik Bukele, que no sobra decir, no se corresponden con la reformulación de una nueva hegemonía, sino con la hibridez de los modelos keynesiano y neoliberal cuestionados y sin mayor futuro en el mediano y largo plazo. Es en ese escenario, para salvar a “su país”, que Santos entra a terciar y considerar que les llegó el turno a él y Álvaro Uribe pues de no ser así, como van y están las cosas, la nueva partida electoral clave para recuperar el gobierno puede perderse.
La situación va delimitando en el país las fronteras entre el sector oligárquico tradicional y el popular democrático, clave para la definición y articulación de una nueva hegemonía de cara al porvenir civilizatorio. Un escenario en el que, en el ambiente de coyuntura preelectoral, el primer sector decida apostar –en el más impensable de los escenarios, pero no imposible en este país– por la fórmula Santos-Uribe o viceversa, que al tiempo que oxigena al establecimiento, saque de la encrucijada penal en que se encuentra el procesado Uribe. Segundo, y es el más probable, por la fórmula que ellos propongan, por ejemplo, Germán Vargas Lleras al lado de Paloma Valencia.
Por el lado del bloque democrático popular, es todo un reto lograr nuevamente el ejecutivo y aumentar su presencia en el legislativo, que le garantice la continuidad de las ideas, valores, expectativas y propósitos progresistas en perspectiva de irse consolidando en un nuevo régimen para el país; para lo cual cuenta en su haber el hecho de que ya forma parte del espectro político decisorio en los destinos del país –algo novedoso, pues eso no había existido en nuestra historia política– y, que pese a las vicisitudes que se puedan presentar en su contra: ¡“llegaron para quedarse”!, siendo su reto consolidar teórica y prácticamente su nuevo ejercicio hegemónico, en el cual el proceso electoral es una de sus oportunidades para poner a prueba su temple político.
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