Los casos sobre actos ilegales de grandes empresas nacionales e internacionales que las superintendencias y organizaciones sociales han dado a conocer recientemente, son tan abundantes que no se alcanzaría ni siquiera a enumerar todas las que conciernen únicamente al sector industrial.
Precisamente, este sector es quien está en boca de todos en este momento por los cuatro indignantes carteles que en menos de un año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha develado gracias al uso de un nuevo mecanismo para dar con los implicados, la “delación”. Utilizada en más de “50 naciones” (según Semana.com), la delación consiste en otorgar beneficios a las empresas que, en palabras de la SIC, “confesaran su colaboración, y aportaran pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento” de dichos carteles. Es decir, las mismas empresas que en su momento y por un largo periodo se aliaron para proteger y aumentar el nivel de ingresos que la libre competencia les reduce, al “colaborar” con la SIC pasan a “zapearse”, como se dice coloquialmente, delatándose unas con otras. A cambio, quienes “delatan” se les exime de penas según sea la importancia de su participación. Hasta el momento abrían posibles exoneraciones con 100, 50 y 30 porciento, ojalá entre estos no estén las empresas que una posición dominante en el mercado.
Los actores y su puesta en escena
A inicios del nuevo milenio, un selecto grupo de altos directivos representantes de cinco reconocidas empresas dieron inicio en algún exclusivo lugar de la capital al llamado “Cartel de los pañales”; el primero al que la SIC, el 4 de agosto de 2014, le levantó Pliego de Cargos por cartelización; estos altos directivos de las importantes empresas nacionales, Tecnosur-tecnoquímicas y Familia, e internacionales, Kimberly y Drypers, de las marcas de pañales desechables Winny, Pequeñín, Huggies y Beby Sec, respectivamente, y que en conjunto representan el 96% de este mercado, tenían como centros de concertación restaurantes de alta categoría, al estilo de El padrino, hoteles lujosos y hasta sus propias oficinas, pero el medio más utilizado fue el correo electrónico. En estos espacios llegaron a acuerdos para subirle artificialmente el precio a los productos, determinar la calidad de los mismos y eliminar descuentos; infringiendo con ello al régimen de libre competencia al tomar el control del mercado (de donde solamente Tecnosur-Tecnoquímicas tienen el 41%) e impedir que se reduzcan los precios al dejar de competir entre sí, y afectando sobre todo a las familias colombianas de escasos recursos desde el 2000 hasta el 2013, de tal modo que mucho ni alcanzan a comprarlos.
El siguiente en la lista para levantarle Pliego de Cargos por la misma razón fue al cartel del papel higiénico, el 24 de noviembre de 2014. Pero, a diferencia del anterior, este comenzó en 1998 de la mano con Familia y Kimberly quienes tiempo después lograron que las empresas Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda además de Dripers, participaran en su perversa alianza. Los pactos ilegales son los mismo: reducción de descuentos y precios más bajos, entre otros. En conjunto estas empresas representan el 88% del mercado de los papeles suaves con más de 15 marcas, en donde Familia tiene el 43%.
La historia se vuelve a repetir el 27 de febrero de este año, 2015, con el “Cartel de los cuadernos”. Ahora las implicadas son Carvajal y Scribe, pero también Kimbertly quien antes de venderle a la segunda su participación en este mercado ya había conformado el cartel en el año 2001. Hoy Carvajal tiene el 42.95% mientras que Scribe el 18.82%. La SIC, al momento de anunciar este escandaloso cartel informó que dentro de poco se daría a conocer nuevos, el 14 de abril abrió Pliego de Cargos a la empresa productora de uno de los alimentos más consumidos en el país, el arroz. Las reincidente en este delito es la organización Roa-Florhuila quien en el 2005 cuando estaban separadas, se les impuso una multa por prácticas anticompetencia.
El águila de malagüero
Si bien las empresas anteriormente enunciadas como Familia, Kimberly y Carvajal, gozan –¿gozaban?– de buena imagen y cuentan con una porción significativa en cada uno de los mercados al que participan, su accionar no se compara al lado del caso más ejemplar para el ámbito nacional, se trata de la poderosa cervecería Bavaria S.A. quien ejerce un monopolio en este mercado con un 98% de participación según Portafolio.com. Esta poderosa empresa, durante sus más de cien años de historia, logró ocupar más y más espacios para llegar al porcentaje que tiene hoy, así las preguntas que surgen son ¿qué hizo para lograrlo?, ¿cuál es y fue el papel del Estado?
Ante esto el art. 333 de la Constitución Política de Colombia dice que “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”, lo cual quiere decir que se acepta el monopolio si éste al momento de conformarse indemniza a las empresas salientes (como lo dice en el art. 336), si no obstruye la libertad económica y a su vez, al momento de existir, el Estado evitará o controlará el abuso de poder cuando se llegue a una posición dominante.
Sin embargo aún queda abierta la pregunta sobre ¿cuáles mecanismos utilizó Bavaria S.A. para llegar a eliminar la competencia? Porque parece ser una contradicción en los términos que el monopolio y la libre competencia coexistan. Pero el aspecto más importante de esto va más allá de lo jurídico y nos lleva a mirar que los monopolios no significan otra casa más que acumulación y sobre todo concentración de capital a niveles intolerables. Más aún cuando en el 2005 ésta dejó de ser una empresa colombiana para convertirse en “Una subsidiaria de SAPMiler”, pasando así de cuatro manos a sólo dos.
¿Cómo se despeja la bruma?
Ante la niebla que genera tan masiva información sobre estos carteles, los monopolios y demás irregularidades empresariales, hay que tener linternas teóricas potentes para no dejarnos desorientar y así enfocar la mirada en el papel que juega la ilegalidad dentro del funcionamiento de los mercados; porque lo primero que desmiente la existencia misma de esta densa neblina es la idea de que los actos ilegales son aislado e inusuales.
Así, lo primero que se observa en todo esto es una contradicción entre el discurso liberal de la libre competencia y la realidad de los mercados. El primero afirma que el buen funcionamiento de estos es cuando hay competencia, cuando ninguno está por encima de los demás. Es decir, este discurso materializado en los entes de control estatales como las superintendencias, que buscan proteger los mercados. Lo cual en últimas lo que significa es que buscan proteger a los capitalistas de ellos mismo y al consumidor (quien materializa la extracción de plusvalía). Porque el mercado no se autorregula y lo saben muy bien. También deben saber que la búsqueda de acumulación de capital tiene un elemento inherente, la concentración; que es nada más ni nada menos que la acumulación se concentre cada vez en menos manos. Así, todo esto significa entonces luchas fuertes y constantes dentro de la misma clase capitalista por acumular y concentrar, y el hecho de que muchas empresas estén en un mismo mercado se los impide, por ello recurren a todo tipo de acciones, entre ellas la cartelización. Sin embargo sólo quien recurra a todo tipo de mecanismos y tenga buenas relaciones con el Estado lo logrará.
Por ello, los actos ilegales no sólo van a seguir existiendo debido a que “las multas no son lo suficientemente disuasivas porque son mayores las ganancias” dice Semana.com citando un informe de The economist, sino porque el funcionamiento del mercado tiende hacia la concentración del capital en el 1% de la población. En este sentido las acciones de la SIC sirven para dar soluciones a corto plazo pero para el largo no son suficientes y la solución se daría por el surgir de nuevas economías.
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