Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.
Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.
Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.
Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro
Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.
Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.
¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.
Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.
Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.
Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.
Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).
Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.
Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.
Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.
A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.
* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.
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