Desobediencia

La resistencia pacífica frente a la violencia del poder

La desobediencia civil forma parte intrínseca del ejercicio de la ciudadanía como un derecho, una manera de estar en contra de las leyes injustas; aquellas que excluyen, marginan y mantienen la desigualdad latente en la sociedad. También forma parte de la lucha contra la inacción, la omisión o la dejación de funciones para activar políticas incluyentes e igualitarias.

Las manifestaciones que se llevan dando en Colombia desde el pasado 28 de abril se pueden considerar desobediencia civil porque cumplen con las dos premisas que señalaba Fernández Buey de que se ejerza públicamente y que se haga de manera pacífica. Aunque se les acuse de vandalismo como estrategia comunicativa para poner en su contra a esa población mediáticamente analfabeta. Además, las personas y colectivos en lucha son conscientes de sus acciones y están comprometidas con la sociedad colombiana. Su comportamiento no está “movido por el egoísmo personal o corporativo, sino por el deseo de universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad”.

Aceptan la democracia, pero no esa que están poniendo en práctica sus gobernantes. Ejercen la desobediencia civil y la resistencia como parte esencial de esa supuesta democracia participativa reconocida en la Constitución Política de 1991:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano (…) y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.

Las acciones ciudadanas en marcha son una manera de poner en la calle el artículo 95.5 de su constitución (Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país) y de profesar lo establecido en el 95.4 (Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica).

El Gobierno colombiano, por el contrario, parece desconocer su propia carta magna y se enroca en ser un poder sordo sostenido contra toda decencia democrática por un brazo armado que conculca sistemáticamente los derechos civiles. Un Gobierno que se ha encontrado con la fuerza de una movilización ciudadana que, pese a las acusaciones infundadas sobre vínculos guerrilleros, castrochavistas o revolucionarios, está cimentada en la solidaridad y el compromiso del pueblo con la lucha por una vida digna.

Apelar al deterioro de las fuerzas de producción por culpa del Paro Nacional es ignorar que esas fuerzas son (Sacristán dixit) más de destrucción (de la dignidad de la clase trabajadora, del empleo decente o de la naturaleza, entre otras) que de creación de verdaderas condiciones para el crecimiento de la población y del país.

De H.D. Thoreau, pasando por L. Tolstoi, M. Gandhi o M. Luther King, hasta llegar a A. Haidar y a la joven G. Thunberg, la ciudadanía colombiana movilizada está dando muestras de su desobediencia civil legítima y justa. La plataforma El Derecho a No Obedecer, “de iniciativas ciudadanas para explorar nuevas formas de participación desde la desobediencia”, ha creado, con motivo de estas acciones ciudadanas, la campaña Expulsar para Soñar cuyo objetivo es “conversar sobre la importancia de los símbolos y las nuevas narrativas como una acción de Expulsión No Obediente”, proponiendo dejar de lado las agresiones y los egoísmos para construir solidaridades que transformen la sociedad.

Un proyecto de “formación política no electoral” que se inspira en la obra de Fernando González, el brujo de otra parte, el caminante a pie que afirmaba que “en Colombia hay muchos doctores, muchos poetas, muchas escuelas y poca agricultura y pocos caminos”, lo que hacía que faltara pensamiento crítico “Los pueblos en los que la juventud no piensa, por miedo al error y a la duda, están destinados a ser colonias”.

El denominado paro nacional que lleva vigente en Colombia desde hace ya cuarenta y cinco días es una muestra palpable de que, por fin, el pueblo ha decidido pensar y poner en marcha lo que su pensamiento le está diciendo, que hay que luchar contra las injusticias, que ya está bien de crímenes de Estado, de desapariciones forzadas, de violación de derechos y de desigualdad social.

Camus respaldaba, con su defensa a ultranza de un periodismo libre, el derecho de la ciudadanía a construir su propia libertad. El autor argelino ponía la desobediencia como uno de los requisitos para ejercer libremente el periodismo “Frente a la creciente marea de la estupidez, es necesario también oponer alguna desobediencia”, defendiendo “servir a la verdad en la medida humana de sus fuerzas” o “al menos rechazar lo que ninguna fuerza le podría hacer aceptar: servir a la mentira”.

Por su parte, Fernández Buey, al analizar la propuesta desobediente de Gandhi, afirmaba que: “la desobediencia civil no comporta anarquía sino crecimiento social, siempre que el Estado reprime la desobediencia civil lo que en realidad está haciendo es tratar de aprisionar la conciencia”. Para el autor español, la desobediencia civil es “una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia”.

Un recuerdo para un desobediente colombiano que nos ha dejado: don Raúl Carvajal, un ciudadano que se pasó meses con su furgoneta aparcada en la carrera séptima con la actual avenida Misak denunciando y reclamando justicia por la muerte de su hijo soldado por no acceder a entrar en la práctica criminal de los falsos positivos.

Tal vez la pregunta que todo el mundo debería plantearse es la que el maestro Gonzalo Arango se hizo, y le hizo, a Desquite “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”

20 Jun 2021

Por Iñaki Chaves

(publicado en Mundo Obrero el 14 de junio de 2021)