“Estoy marchando porque quiero que la empresa siga adelante, para que David Murcia salga libre, porque él no es un criminal para estar en la cárcel”
“Yo estoy marchando porque el presidente Uribe está acabando con la democracia y este es un ejemplo muy claro, la manera como está acabando con DMG. David Murcia es una persona muy inteligente. Lo único que digo es que si él cometió un delito que lo pague él pero no el pueblo. Esta empresa es del pueblo y él a nadie le había incumplido”
Sentencias como éstas se escucharon por las calles capitalinas este martes 25 en horas de la tarde, cuando más de 5.000 personas, provenientes de los departamentos de Putumayo, Huila, Norte de Santander, Cundinamarca, llegaron hasta la Plaza Simón Bolívar para expresar su inconformidad por el cierre de la empresa DMG y por la detención de su representante legal, David Murcia Guzmán.
No importó el persistente aguacero que anegó la ciudad durante varias horas. Entre bocinas y pitos, los miles de inconformes, vestidos con camisetas blancas estampadas en rojo con la leyenda “Soy fiel a DMG”, recorrieron las principales calles de la ciudad. Las consignas eran diversas pero conducían a lo mismo: “Libertad, libertad, libertad, para David Murcia Guzmán”.
Crece sinsabor con el Gobierno
La indignación de estos miles de colombianos explotó desde el 17 de noviembre, cuando en horas de la madrugada el gobierno intervino o confiscó DMG. Desde ese día, las protestas se multiplican y el ambiente tiende a radicalizarse. No es para menos, en multitud de hogares se endeudaron pensando en multiplicar los ingresos con lo invertido en DMG. Otros vendieron la casa o el carro. Algunos se jugaron los ahorros de toda una vida. Las historias son dolorosas y denotan la gravedad de la situación.
DMG fue una captadora de dinero que comenzó en el departamento del Putumayo como una pequeña comercializadora de productos hace siete años. Hace tres agregó servicios de otros sectores y logró posicionarse en las principales ciudades del país, con alicientes que le permitieron cierta popularidad, el más importante de ellos concierne a la posibilidad de ahorro con una tarjeta prepago que contiene crédito de consumo e incremento de dinero de acuerdo a una tasa de interés que puede ir desde el 8 por ciento mensual e incluso hasta el 17 por ciento.
Las expresiones de insubordinación crecen: en el Putumayo se declaró el Paro Cívico hace una semana, desde entonces el comercio está cerrado. Este mismo miércoles en horas de la mañana, en su capital Mocoa, fueron incendiados 9 vehículos en un parqueadero y la población se votó a la calle a enfrentarse con la policía. En Pasto y Popayán las marchas no cesan. El comercio mantiene sus puertas cerradas o sus dueños se quejan porque sus ventas se han reducido de manera notoria. En Bogotá tampoco cesan las protestas. Centenares de afectados, que creyeron en el más profundo capitalismo, aquel del dejar hacer, piden “libertad de empresa”. Así, lo que era un simple negocio, señalado por las autoridades oficiales como “lavadero de los narcos y paramilitares”, se ha traducido en un germen de rebeldía popular, que por ahora ya cobró su primer castigo político en contra del presidente Uribe y su coalición de Gobierno, cuando el martes 25 dos representantes a la cámara, conservadores, Orlando Guerra (Putumayo) y Miriam Paredes (Nariño), se negaron a votar el proyecto de ley que se tramitaba para autorizar en el 2010 una nueva posibilidad de reelección de Uribe. El argumento de los congresistas fue que no podían votar a favor de la reelección “por presiones de sus comunidades”, afectadas por el derrumbe de las empresas captadoras de dinero, DMG entre ellas.
¿Hasta dónde llegarán?
Con toda seguridad, nada de esto estaba entre los cálculos de Uribe al decidir, amparado en la Emergencia Social, la confiscación de DMG. Entre los analistas políticos tampoco se calculaba un coletazo de este tipo, pero el creciente número de afectados por la propiciada quiebra de esta empresa y el hundimiento de otras similares, que algunos calculan en números que oscilan entre 2 y 4 millones de personas, puede degenerar en otros coletazos, de igual manera inmanejables.
¿Quién lo puede determinar? Para los que se manifiestan, todo es nuevo. Muchos de ellos, uribistas convencidos hasta hace 15 días ahora arengan en su contra. Marchan con seguridad, pero también con rabia porque sienten que el Gobierno les arrebató una ilusión además de hundirlos en mayor pobreza. “Dios Mío Gracias”, como se conocía a la empresa DMG en algunos municipios, no hizo el milagro. Se ha roto otra ilusión, la de gozar de la abundancia, como reza una valla que portan: “Luchemos para que los privilegiados seamos todos”.
DMG: una oportunidad detrás de la necesidad
Colombia es un país carente de oportunidades para sus ciudadanos menos favorecidos. Así lo hacen evidente los altos índices de pobreza, siendo el tercero con mayor desigualdad en Latinoamérica después de Haití y Brasil. Un informe de las Naciones Unidas revela que este país ostenta el 65% de su población en condiciones de pobreza.
Pobres que vieron en DMG la oportunidad que el gobierno nacional nunca les ha ofrecido para mejorar sus condiciones de vida. Ensoñaciones caídas al vacío. DMG hizo fantasear a más de uno con la posibilidad definitiva de salir de la pobreza. A otros los sumergió en pesadillas densas cuando abrieron los ojos y vieron la cruda realidad, la de siempre pero peor, pues la empresa ya no existía y sus ahorros se fueron a pique.
Entre especulaciones y persecuciones policiales y policivas renace en Colombia una vieja necesidad, sepultada por el neoliberalismo, contar con una banca de fomento y colocarle límites a las tarifas que cobra la banca comercial, la misma que arrebató millares de casas a familias venidas a menos por la crisis económica de finales de la década de 1990. El país más neoliberal de América Latina se ve enfrentado, por efecto de un conjuro especulativo y de una disputa de poder al interior del establecimiento, a los efectos negativos de la más dogmática política económica.
Por: Julián Carreño


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