La Corte Constitucional citó de manera sorpresiva para el 2 de marzo del 2020, en Sala Plena extraordinaria, para decidir sobre las dos demandas interpuestas por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto hasta en las tres causales despenalizadas desde el 2006. En contra, la ponencia del magistrado Alejandro Linares propone despenalizar totalmente el aborto en las primeras 16 semanas, y en adelante dejarlo condicionado a las tres causales de excepción que existen desde la sentencia C-355 2006.
Una posibilidad que escandaliza a la sociedad más conservadora de Colombia, con gritos como los de Álvaro Uribe trino en su teléfono: “rechazo la ponencia, basta con las 3 causales así no estemos de acuerdo. Objeción de conciencia”, o Margarita Restrepo que escribió: “Creo firmemente que desde el momento de la concepción se debe respetar la vida del que está por nacer. No comparto que la vida de un ser humano sea relativa y no absoluta, y se acabe por la voluntad de un tercero”.
Declaraciones, como las de Álvaro Uribe, quien no tuvo en cuenta la objeción de conciencia en sus dos mandatos de seguridad democrática, durante los cuales miles de jóvenes no estaban de acuerdo con ir a la guerra y sin embargo fueron reclutados en contra de su voluntad.
Con este debate reabierto por quienes pretenden dar al traste con una medida progresiva lograda años atrás por la lucha de miles de mujeres y la conciencia progresista de algunos magistrados, acercándonos a la realidad de los territorios, ¿cuáles son las barreras estatales, sociales e institucionales a las que se enfrentan mujeres en regiones y zonas rurales para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)?
En el siguiente artículo, escrito para desdeabajo por la Fundación Surprise City, la Asociación Asmupaz y de la Corporación Violeta, podrán encontrar una mirada territorial sobre la interrupción voluntaria del embarazo:
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