“El Estado en Colombia no viola los derechos humanos”, dice la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez como conclusión de lo que fue la visita de la Cidh1. Por su parte, el presidente Duque reconoce que ha habido casos de abusos policial pero que no es algo común, no son sistemáticos, y en todo caso, son investigados, judicializados y sancionados, incluso más rápido de lo que pasa en EEUU2.
Son voces, simples voces, que reafirman que “no hay peor ciego que quien no quiere ver”, como sentencia el saber popular. Pero también expresión desnuda de lo que es el poder y el autoritarismo que lo refrenda. De ahí que después de negarse durante año y medio a dialogar y atender los reclamos del Comité Nacional de Paro, el Presidente deduzca que no hay motivos para las protestas, al negar que éstas hayan sido motivadas por una explosión de inconformidad, pues lo que él dice observar es un “estallido de emprendimientos y creatividad”, afectado por “algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad”3.
Sin embargo, la permanencia de la protesta por más de 60 días y la alarma de entidades nacionales e internacionales referidas a los graves hechos de violencia estatal muestran otra realidad. Los registros de la Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas durante estos dos meses dan cuenta de: 84 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 43 casos no se ha identificado el agresor; 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el Esmad y civiles armados no identificados; 84 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego, 298 defensoras de DDHH que hacían verificación de abusos fueron agredidos por agentes de policía; 808 mujeres han sido víctimas de violencias policiales (516 detenidas, 136 heridas, 4 asesinadas y 106 fueron víctimas de violencia basada en género); en tanto que 3.274 personas han sido detenidas, generalmente de manera arbitraria y muchas de ellas sometidas a torturas y/o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención4.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, las agresiones en contra de periodistas superan la cifra de 300, sin que hasta el momento se conozcan resultados de las investigaciones o sanciones más allá de las declaraciones públicas realizadas por la Alcaldesa de Bogotá, la fiscalía o la presidencia. Durante estos dos meses de Paro Nacional los periodistas han sufrido 102 agresiones físicas, 45 amenazas, 26 obstrucciones al trabajo periodístico, 14 robos o eliminación de material, 17 hostigamientos y 11 detenciones ilegales, entre otras agresiones5.
El Esmad, ¿protege o violenta?
El Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– fue creado mediante Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999 de la Dirección General de la Policía, durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana. Previsto inicialmente para confrontar las movilizaciones gigantescas de los campesinos cultivadores de coca perseguidos por el Estado, se estableció de manera transitoria, pero una vez implantado el Plan Colombia con sus enfoques contrainsurgente y de “guerra contra las drogas” se decidió establecerlo de manera permanente.
Los sucesivos gobiernos le han concedido a la Policía la facultad de reglamentarse a sí misma en el ejercicio de sus actividades y procedimientos, por lo que en estos reglamentos poca coherencia con estándares de derechos humanos puede encontrarse. Ejemplo de esto son las reglamentaciones sobre el uso de armamentos que descargan contra los civiles y que a pesar de denominarlos “de letalidad reducida” han causado ya varias decenas de muertos, y cada vez más añaden nuevos dispositivos que resultan mortales. La resolución 02686 sobre dotación de armas de letalidad reducida dispone el empleo de la mayor parte de estos artefactos. Su dotación, equipamiento, accionar, tácticas operativas e ideología encarnan la más perfecta concepción de un trato a la población desde la condición de “enemiga”.
En las condiciones impuestas al movimiento social por un gobierno como el de Iván Duque que se niega a negociar o hace uso dilatorio y burlesco del diálogo para negarse a ceder cualquier concesión a la movilización ciudadana, la noción de conservación del “orden público” o de “legalidad” se reduce casi siempre a la disolución violenta de la protesta social, previa su estigmatización y la criminalización de sus líderes o de los sectores que arriesgan para defender la vida y la integridad de los manifestantes (como el caso de la persecución, estigmatización y judicialización de jóvenes integrantes de las llamadas “primeras líneas”).
Estas reiteradas actuaciones, perpetradas de manera arbitraria y contraria a los mandatos legales y constitucionales, llevan a que la existencia y proceder de este cuerpo de choque y contención de los derechos al reclamo y la movilización ciudadana lo hagan incompatible con los postulados básicos de un Estado Social de Derecho. No hay duda de ello, ya que no es concebible que en una democracia exista un cuerpo de agentes armados dedicados a impedir la libre expresión de los ciudadanos en las calles y a vulnerar de manera sistemática su integridad, o privarlos de su libertad o su vida cuando intentan hacerlo. La Corte Suprema de Justicia ha resumido estos patrones de actuación ilegal de este cuerpo policial afirmando que se evidencia una “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”6.
Los efectos de las actuaciones violentas, arbitrarias e indiscriminadas desplegadas con sistematicidad por este cuerpo policial desde su creación en 1999 y hasta el año 2019 causaron la muerte de al menos 59 personas7. En lo corrido del gobierno de Iván Duque la represión a la protesta social ha multiplicado las muertes de quienes reclaman en las calles, al punto que durante el año 2020 y solo hasta el mes de septiembre, la Campaña Defender la Libertad documentó 37 casos de muertes de personas asesinadas por la Policía y el Esmad en el marco de las protestas, a los que habría que añadir las 84 personas asesinadas en el marco de las protestas comenzadas el 28 de abril8.
Además de los asesinatos ocasionados por el Esmad en contextos de protesta, también se denuncia que entre 2017 y 2019 la ocurrencia de 289 muertes a cargo de la Policía, según fuentes de Medicina Legal9, de las cuales solo el 0.69 por ciento ha terminado en condena, de suerte que la impunidad y connivencia estatal con sus actuaciones se convierte en un factor que impide frenar la sistematicidad de estas prácticas delictivas. En el 2020 fueron 86 las civiles víctimas de homicidios por parte de la Policía según la ONG Temblores10.
De igual manera, las denuncias indican que en 2020 se presentaron 7.992 casos de violencia interpersonal presuntamente cometida por la Policía y son la población negra y migrante los más afectados. En el caso de la población negra y contra migrantes existen 292 casos documentados. En cuanto a los casos de delitos sexuales en los que presuntamente participaron agentes policiales, se reportaron 30 durante 2020, según la ONG Temblores11. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa entre 2014 y octubre del 2020 se han iniciado 288 investigaciones que involucran a miembros de la Fuerza Pública por violencia o abuso sexual a menores de edad, de los que la institución que más reportes de investigaciones tiene es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242 procesos contra uniformados involucrados en abuso y violación de menores12.
En suma, tanto por su incapacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales adecuadamente con sus principales funciones constitucionales, incluido el control del orden público y la prevención e investigación de los delitos en el marco de las protestas, como por su doctrina y resultados contrarios a cualquier estándar de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Esmad debe ser desmantelado pues ha demostrado ser estructuralmente incapaz de cumplir sus funciones con apego a la ley y respetar los derechos que deben ser garantizados en un Estado de Derecho.
1 Gutiérrez, N.P. (15 junio 2021). “La visita de la CIDH”. En: El Heraldo, Barranquilla. https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-visita-de-la-cidh-la-columna-de-nancy-gutierrez-825533
2 Infobae (2 junio 2021). Presidente Iván Duque reconoció que ha habido abuso policial, pero asegura que no es sistemático. En: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/02/presidente-ivan-duque-reconocio-que-ha-habido-abuso-policial-pero-asegura-que-no-es-sistematico/
3 Cuarto de Hora (29 junio de 2021). En vez de «estallido social», Duque dice que ve «estallido de creatividad y emprendimiento». En: https://cuartodehora.com/2021/06/29/en-vez-de-estallido-social-duque-dice-que-ve-estallido-de-creatividad-y-emprendimiento/
4 Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas (30 junio 2021). Boletín informativo 20: #ParoNacional. En: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/
5 Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (30 junio 2021). Datos abiertos sobre agresiones a la prensa relacionadas con el cubrimiento del paro nacional en Colombia. En: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRhDY3s1iXi4BtoCSwYdqciHnOAyaENP7GiBMNzpSMLxFDpcNgTFiB6eKS70a6jGBjIwpruMqKmO9Wd/pubhtml
6 Corte Suprema de Justicia (22 junio de 2021). Sala Civil de la Corte Suprema ordena medidas para garantizar derecho a protesta pacífica. En: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/
7 Wikipedia (2020). Escuadrón Móvil Antidisturbios. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n_M%C3%B3vil_Antidisturbios
8 Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas.
9 Cote Lozano, J. S. (2021). “La Policía es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019: Temblores ONG”. El Espectador, 4 de enero de 2021. p. 4
10 El Espectador (24 febrero de 2021). “Policía habría participado en el homicidio de 86 personas durante 2020: Temblores ONG”. En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-habria-participado-en-el-homicidio-de-86-personas-durante-2020/?output-Type=amp
11 Ibídem.
12 El Tiempo (19 de octubre 2020). “Van 288 policías y militares investigados por abuso sexual a menores”. En: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/abuso-sexual-de-menores-cifras-de-militares-investigados-por-violacion-544080
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