A partir del próximo 18 de diciembre la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) hará la recolección y el transporte de la basura de toda la ciudad. La Alcaldía le da cumplimiento a un Auto de la Corte Constitucional, para incluir en la prestación de este servicio a 15 mil recicladores que llevan años exigiendo el cumplimiento de la ley. Sin embargo, los gobernantes anapistas del Polo Democrático se negaron a dar cumplimiento a las ordenes jurisprudenciales y refundieron más de 200 mil millones apropiados en el presupuesto Distrital para dar soporte a la participación de las organizaciones cooperativas de los recicladores. Otro episodio más de corrupción de esta “izquierda” podrida que ha sido castigada judicial y políticamente.
Con la gestión del Acueducto se remplazan los pulpos privados conocidos: Lime, Ciudad limpia, Atesa y Aseo Capital, que por años manejaron dicho servicio como un negocio redondo del gamonal conservador Gustavo Rodríguez Vargas y su hijo el actual concejal, incluyendo al prófugo Gustavo Vasco, con fuertes vínculos en el tema de las basuras no obstante vivir un exilio dorado en España.
La decisión de la actual administración afecta una de las principales fuentes del clientelismo pastranista en Bogotá. Es lo que explica que el parlamentario Telesforo Pedraza ya esté amenazando por sus medios de comunicación con una revocatoria y con denuncias retrogradas sobre daños a la democracia y a la libertad del mercado por los derechos que se le reconocen a los recicladores.
El Acueducto ha dicho que realiza todas las provisiones para que no se presenten dificultades en este servicio vital para la Capital. Se compraran 400 vehículos y se contratarán 5.000 trabajadores para que garanticen la operación de la infraestructura correspondiente.
Por su parte el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, salió a decir, en tono de amenaza, que estará muy vigilante sobre cada una de las decisiones administrativas y presupuestales que acompañaran este evento, como si esa no fuese su competencia legal. El tufillo clientelista de este funcionario apesta. Queda claro que su intención es proteger los oscuros negociados de las redes del clientelismo conservador pastranista de Rodríguez Vargas.
A quienes anuncian la catástrofe por el cambio en la recolección y transporte de la basura en Bogotá, hay que decirles que no se opongan al cambio y a la justicia con los recicladores que son quienes conocen mejor esta actividad. Que lean los argumentos de la Corte Constitucional en sus determinaciones para reconocer el derecho de estos trabajadores que le sirven a la ciudad con esmero y seriedad. No puede ser que los únicos competentes sean los grandes negociantes de las casas conservadoras y liberales que se lucran de este mal servicio que supuestamente le prestan a Bogota.
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