Entre el agua, el mercado y el desalojo. Vivir al margen en el Valle de Aburrá


Llueve sobre el Valle de Aburrá y no es solo agua, se desliza el miedo y se arrastra la vida. En Granizal, una montaña cedió bajo 36 horas de lluvia y un río de tierra sepultó hogares. En Belén Altavista, la retroexcavadora no esperó aguaceros y demolió 117 casas con orden de la Alcaldía. En Villatina, las botas policiales llegaron con un aviso de desalojo y se fueron con los muros en el suelo.

No son tragedias aisladas. Forman parte de un patrón más amplio, un reordenamiento del territorio urbano que usa el riesgo y la legalidad para expulsar las comunidades, abrir espacio al capital y transformar la ciudad en vitrina turística. Este patrón se ve potenciado por un cambio climático que ha intensificado las lluvias y ha vuelto más frecuentes los aguaceros, afectando directamente a quienes habitan en zonas de alto riesgo.

Lluvias impredecibles y miedo constante

Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, ya no tiene estaciones claras ni lluvias predecibles. Antes se decía que si llovía duro, escampaba rápido. Ahora, llueve con fuerza durante horas y lo primero que muchos piensan no es en refugiarse, sino en cuántos perderán su casa. Tras cada aguacero fuerte, llega una nueva ola de damnificados. “Cada vez que escucho la lluvia fuerte en la noche, siento que no voy a dormir… pienso en si mañana mi casa estará en pie”, cuenta Patricia, vecina de Granizal.


Granizal tragedia en la frontera

Doña María Rita llegó desplazada desde Nariño, Antioquia, huyendo de la guerra. En Granizal encontró un lote sin títulos pero con posibilidad de levantar paredes, sembrar café y criar animales. Vivió allí más de una década. Nunca recibió oferta de vivienda formal. Solo escuchó “zona de riesgo”. El 24 de junio de 2025, a las 3:15 a.m., la montaña explotó como una bomba. Dos de sus hijos perdieron sus casas. Uno fue arrastrado 200 metros por el lodo y llegó a la UCI con costillas rotas y un pulmón perforado. Su esposa murió, hallada sin vida en Zamora. “Ni el agua ni la tierra nos dieron tiempo… cuando quise correr ya todo estaba encima”, recuerda con la voz quebrada.


La comunidad no esperó a la institución y cavó con lo que se tenía a la manos. Las autoridades de Medellín y Bello dividieron la tragedia según límites administrativos, ignorando que la tierra no respeta fronteras. Muchos de los que vivían allí compraron terrenos a bajo costo o los heredaron. No había escrituras, pero sí arraigo. Granizal, como muchos barrios de ladera en Medellín, se construyó sin ayuda gubernamental. Antes, ese trabajo colectivo traía consigo prevención y resistencia: se pensaba en el barrio como un todo y no solo en la vivienda propia. Hoy, esa capacidad organizativa está debilitada. La urgencia individual y la necesidad inmediata han reemplazado gran parte de la organización comunitaria, y la poca unidad que se logra suele centrarse en ocupar un terreno, para luego dejar a cada quien resolver su propia suerte.

Déficit habitacional y acceso limitado

Mientras tanto, el acceso a vivienda de interés social es cada vez más difícil. Según Medellín Cómo Vamos, la oferta de este tipo de vivienda se ha deteriorado en la última década. En 2013 se construyeron más de 2.000 unidades y en 2018 apenas 167, mientras que la demanda anual en el Valle de Aburrá supera las 16.000. El déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, continúa creciendo y golpea especialmente a los hogares de estratos bajos.


Altavista la excusa del riesgo


En Mano de Dios, Belén Altavista, la amenaza no llegó con la lluvia, sino con la orden de desalojo. Entre finales de mayo y principios de junio de 2025, la Alcaldía demolió 117 casas. Anunciaron que serían solo 21 por “alto riesgo”, pero al día siguiente derribaron el resto. Sin plan de reubicación, sin indemnización. El terreno pertenece a una ladrillera privada. Hace años, su dueño prometió que no los desalojaría. La decisión institucional borró esa promesa. “Nos dijeron que tranquilos, que no iban a tumbar más… y al otro día llegaron con las máquinas”, relata Julián, uno de los desalojados. Varias casas tenían dos pisos y años de construcción; otras eran recientes, levantadas con mucho esfuerzo y ahora sin posibilidad de recuperar lo invertido. Otras 90 viviendas más están amenazadas. Las cercanas a la quebrada, realmente expuestas, no fueron tocadas: tienen escritura. Aquí, el riesgo se volvió excusa para proteger propiedad privada.


Villatina avisos tardíos y demoliciones


En La Libertad #2, Villatina, la comunidad había alertado 15 días antes sobre movimientos de tierra. La Alcaldía solo evacuó una casa. El 4 de julio de 2025, un deslizamiento arrasó viviendas. Luego, entre el 21 y 24 de junio, se demolieron 23 más con base en estudios técnicos y decretos de riesgo. El aviso fue de un día. “Me dijeron ayer que empacara, pero ¿a dónde voy en una noche? Lo que tenía lo construí con mis manos”, cuenta Luz Marina, afectada por la demolición. Varias familias denunciaron que las inspecciones se hicieron de manera superficial y que no hubo garantías reales de reubicación. Más de 200 personas quedaron entre escombros y deudas, víctimas tanto del abandono previo como de la demolición. El operativo fue selectivo: casas con escrituras, más cercanas a la quebrada, quedaron en pie. Lo informal fue castigado. Lo formal, protegido.


Turistificación y expulsión


Medellín vive un proceso acelerado de turistificación y encarecimiento del suelo. La lógica de gentrificación transforma el territorio para abrir paso al capital, desplazando a poblaciones históricas. El “riesgo” se convierte en herramienta técnica para expulsar, mientras se invisibiliza que esas comunidades construyeron la ciudad desde abajo. Barrios de ladera surgieron del convite, del trabajo colectivo, de materiales reciclados. Lo que la institución no hizo, lo hizo la gente. Hoy, esas mismas zonas son codiciadas o estigmatizadas, y sus habitantes tratados como intrusos.


Infraestructura que expulsa


No solo las lluvias o los desalojos formales generan desplazamiento. Grandes obras de infraestructura también han provocado la expulsión forzada de miles de personas. El caso del Metro de la 80 es ilustrativo: la construcción de este proyecto de transporte masivo ha afectado a miles de moradores, algunos con décadas viviendo en sus hogares. Organizaciones comunitarias y medios han denunciado que los avalúos ofrecidos por la administración municipal están muy por debajo del valor comercial, lo que impide a los afectados adquirir otra vivienda en la misma zona. Comerciantes y familias temen que, más allá de la promesa de movilidad, la obra se traduzca en un desplazamiento forzado disfrazado de progreso. El desplazamiento intraurbano generado por este tipo de proyectos se suma a la larga lista de presiones que enfrentan las comunidades populares, reforzando la expulsión hacia zonas periféricas e incluso más riesgosas.

Violencia y desplazamiento intraurbano

A la presión del mercado, las lluvias y las grandes obras, se suma el desplazamiento intraurbano generado por la violencia. Medellín sigue siendo una de las ciudades con mayor índice de este fenómeno en Colombia. Grupos armados ilegales, disputas por control territorial y amenazas directas obligan a miles de familias a abandonar sus hogares cada año, muchas veces para instalarse en zonas de igual o mayor riesgo. La violencia urbana no solo despoja del techo, sino también del tejido social y comunitario, perpetuando un ciclo en el que tener vivienda propia y digna es cada vez más improbable. En este contexto, la vivienda se convierte en un bien frágil, vulnerable ante múltiples aristas de despojo que interactúan y se refuerzan mutuamente.

En Medellín, morir bajo un alud o quedar en la calle puede depender de un papel. Tener escritura puede salvar una casa. No tenerla convierte a la víctima en culpable. Nadie elige vivir en una pendiente inestable: se llega allí porque el modelo urbano expulsa. La lluvia arrastra, pero también lo hace el mercado. La tierra cede, pero también la institución, cuando decide proteger la propiedad privada antes que vida. Medellín no necesita más promesas de urbanismo social. Necesita justicia territorial y reconocer a quienes construyeron la ciudad como sus verdaderos fundadores.

Información adicional

Un patrón que se repite
Autor/a: Fernando Pérez
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico desdeabajo

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