El Gobierno anunció durante la última semana de octubre de 2015 un incremento de los precios de la energía eléctrica en Colombia, el que harán efectivo desde el mes de noviembre. Justifica tal incremento con la disminución de la capacidad de generación hidroeléctrica por efectos del fenómeno del Niño. El incremento de las tarifas responde, sin embargo, a una mala gestión de recursos por parte de las empresas generadoras y a la ausencia de control por parte del ente oficial. Industriales y comerciantes en particular, y las familias en general, triada que afronta los primeros efectos de una crisis económica que ya muestra todos sus signos*, ahora también tendrán que lidiar con estos incrementos.
El Ministro de Minas y Energía, Tomás González, informó en la última semana del mes de octubre, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno y los usuarios tendrán que dispensar cerca de un billón de pesos para cubrir los sobrecostos en que han incurrido las plantas generadoras térmicas que alegan estar asumiendo sobrecostos en sus operaciones por el uso de combustibles líquidos para generar electricidad
La energía térmica que producen estas centrales comenzó a emplearse en el transcurso del año como alternativa a la generación hidroeléctrica, afectada por la importante disminución del caudal de las fuentes hídricas ocasionado por una prolongada sequía que se extenderá hasta marzo del 2016. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
(Ideam) informó que regiones como la Andina y Caribe tendrán que enfrentar una disminución entre el 40 y el 70 por ciento de las precipitaciones de lluvias, lo que producirá una reducción del nivel de las presas, afectando, al mismo tiempo, la generación hidroeléctrica que representa entre el 60 y el 70 por ciento de la electricidad producida en el país.
El Ministro de Energía informó que el incremento en los precios de la electricidad para los usuarios será de entre seis y siete pesos por kilovatio hora, valor adicional que deberán pagar los usuarios comerciales y residenciales desde el mes de noviembre. Hay serias dudas sobre el aumento anunciado, pues al parecer no será el mismo para todos los departamentos del país. El 28 de octubre Caracol Radio sostuvo: “Cada departamento pagará un precio distinto, dependiendo de las previsiones de su electrificadora. Por ejemplo, Electricaribe tiene una exposición en bolsa del 25 por ciento, eso quiere decir que ese porcentaje de la energía que compra para distribuir la tiene que pagar a precio de escasez, que varía, mientras que el 75 por ciento por haberla comprado con antelación vale a 150 pesos kilovatio hora […]”. En publicación reciente El diario El País de Cali anunció: “La energía en Cali va a subir más de lo anunciado a comienzos de este mes. Ya no será el 3,5% para los estratos populares ni del 9% para los estratos altos. Según cálculos preliminares de Emcali, el aumento será del 7% para los estratos 1, 2 y 3 y del 20% para los estratos 4, 5 y 6”.
Una situación similar comienza a vivirse en la Costa Caribe por los incrementos del servicio de energía eléctrica impuestos a los usuarios por Electricaribe, empresa que en la primera mitad de octubre informó a través de su gerente José García Sanleandro incrementos del orden del 7,53 por ciento en términos generales y de 4.83 por ciento para los estratos 1 y 2. Electricaribe ha propiciado una ola de protestas en toda la región por sus recurrentes abusos contra sus abonados –como la imposición de multas económicas injustificadas–, irregularidades en la prestación del servicio de energía eléctrica y cobros excesivos en las tarifas de la misma (Ver “Un sentimiento que une a la Costa Atlántica: el rechazo a Eléctricaribe” en http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/26900-un-sentimiento-que-une-a-la-costa-atlantica-el-rechazo-a-electricaribe.html).
Por lo anotado puede deducirse que el Gobierno no ha dicho todas las verdades. Lo primero que debería decir es que el incremento de las tarifas de electricidad en todo el país no se debe precisamente a la disminución de la capacidad de generación de las hidroeléctricas por el fenómeno de el Niño, sino que tal incremento se encuentra relacionado, y es clara expresión, de los malos manejos administrativos de estas empresas, aunado a una ausencia de control de parte del Estado.
¿Por qué se afirma esto?
Desde diciembre del año 2006, y por un periodo indefinido, los usuarios pagan agregado a su consumo mensual el denominado “cargo por confiabilidad”. De acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía en el documento “abc Cargo por confiabilidad”: “El cargo por confiabilidad se creó con el fin de migrar hacia un esquema de mercado que proporciona la señal de largo plazo requerida para promover la expansión del parque de generación energético en Colombia y que, adicionalmente permita asegurar los recursos de generación no solo estén disponibles para abastecer la demanda en situaciones de escasez, sino que este abastecimiento se efectúe a un precio eficiente”.
En términos prácticos bata decir que este cargo fue creado para que las empresas pudieran asegurar, con los recursos recibidos e invertidos, la capacidad de generación de energía eléctrica a un precio razonable en épocas de crisis. Es decir, las empresas debían usar tales recursos para invertir en infraestructura que hiciera viable la generación de energía eléctrica bajo condiciones adversas, pero no lo hicieron.
Para que estas empresas pudieran ser autorizadas para cobrar el cargo por confiablidad debían recibir unas Obligaciones de Energía Firme (OEF), que eran compromisos de generación de energía bajo condiciones críticas de abastecimiento. Es decir, debían comprometerse a generar unas cantidades determinadas de energía en condiciones adversas. El mismo documento de la Creg y del Ministerio de Minas y Energía detalla: “El generador al que se le asigna una OEF recibe una remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, y se compromete a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera el umbral previamente establecido por la Comisión de Regulación de Energía (Creg) y denominado precio de escasez”. Este compromiso fue pisoteado por las generadoras.
Para el senador Iván Duque, quien el martes 28 de octubre se pronunció sobre esta temática en plenaria del senado, confirmó que desde el año 2006 (cuando fue implementado el Cargo por confiabilidad) los colombianos han pagado por este concepto alrededor de US$7.000 mil millones de dólares, ‘módica’ suma que equivale al 6.49 por ciento de la deuda externa del Estado colombiano y al 2.16 por ciento de su PIB.
Por su parte María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía, de acuerdo a entrevista concedida a Caracol Radio: “[…] Hemos pagado por ese concepto en los últimos cinco años alrededor de US$4.800 millones de dólares. De manera que estamos en todo el derecho de reclamar que, por lo menos, deberíamos estar en la capacidad de exigir que las plantas que recibieron ese cargo por confiabilidad cumplan con su compromiso de ofrecer la energía en el momento en que se necesita, porque para eso los recibieron”. Además, agregó: “Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, es decir, ¿qué es lo que ha sucedido para que ahora aleguen que no están en condiciones financieras para cumplir? […] se les entregó una suma cumplidamente en la tarifa de energía que pagan las empresas, pero no solamente las empresas, los consumidores residenciales que pagan también el cargo por confiabilidad y a la hora en que tienen que responder dicen que no están en condiciones financieras para hacerlo. Eso nos parece absolutamente inaceptable”.
De esta manera, aunque las empresas generadoras de electricidad recibieron semejante cantidad de dinero, por la que antes tuvieron que hacer un compromiso de suministro y de precios razonables en los periodos de crisis, hoy insisten en que sus operaciones no son rentables pues decidieron alimentar las termoeléctricas con gas y hoy, cuando la demanda no puede ser satisfecha por la baja producción del mismo, han tenido que usar combustible líquido, factor que ha incrementado de manera considerable sus costos. Una razón poco creíble cuando los OEF contemplaron esta situación.
¡Situación vergonzosa! El Gobierno nacional, además de haber errado al no ejercer control sobre las empresas generadoras, al ser incapaz de garantizar que la enorme suma de dinero entregada desde el 2006 por el conjunto social fuese correctamente usado, pretende ahora salirle al paso a la situación trasladando a esta misma sociedad los sobrecostos de la producción de energía que dicen tener las termoeléctricas,
¡Estafa!, Así se conoce legalmente lo que está ocurriendo en este particular. Y así proceden porque su función no es el servicio sino el negocio. Amparados por el Gobierno, a pesar de los sobrecostos que dicen afrontar, ni las generadoras, ni las distribuidoras, ni las comercializadoras, verán afectados sus balances financieros pues los sobrecostos los pagarán los millones de hogares colombianos, además de los comerciantes e industriales, todos los cuales verán considerablemente encarecidos sus recibos de electricidad desde noviembre del presente año.
María Luisa Chiappe, en la entrevista ya aludida dijo, además: “De verdad sería lamentable que la conclusión de todo esto fuera que los consumidores que somos los que sí hemos cumplido con el trato, los que sí hemos pagado cumplidamente, terminemos soportando un aumento en la tarifas de energía, eso sería verdaderamente lamentable […]”.
De así suceder, los interrogantes no dan espera: ¿Qué hicieron con los miles de millones de dólares que les fueron entregados para evitar la situación que hoy anuncian? ¿Por qué los entes de control permitieron que esta situación surgiera y se acumulara? ¿Por qué accede el Gobierno al aumento de las tarifas eléctricas? ¿Acaso éste actúa como cómplice de la estafa en proceso de concretarse?
Con esta situación en desarrollo, queda otra vez al desnudo la reticencia del Estado para implementar medidas de control que garanticen relaciones justas y reciprocas entre las empresas privadas que comercializan bienes y servicios y los ciudadanos del común, los mismos que no gozan de la protección del Estado a la hora de comprar un servicio o un producto, como ocurre con los pañales infantiles, o los tiquete de avión o acceder a servicios de salud prepago, por sólo relacionar unos cuantos casos de los muchos que a diario se presentan y en donde quien “paga los platos rotos” siempre es el ciudadano, el desprevenido, el que no cuenta con herramientas para hacer vales sus derechos, que como en el caso de la energía eléctrica, está usurpado pues está privatizado.
De esta manera, protegido por el Estado, el capital privado continúa acumulando enormes ganancias, mientras los usuarios continúan pisoteados en su vida cotidiana y en sus derechos básicos. Roban y a pesar de ello son protegidos y favorecidos por el Estado.
De esta manera, una vez más, como ya sucedió con la crisis bancaria y financiera, en esta ocasión el Estado colombiano, regido por las grandes fortunas del país, opta por doblegarse ante los intereses privados que lo han cooptado, operando y determinando medidas legales y administrativas que favorecen a los empresarios nacionales e internacionales.
Hay que recordar, ante semejante despropósito, que por robarse un pan encarcelan a un desesperado, pero a estos que roban millones de millones y que no cumplen con sus obligaciones, los premian con más dinero. Como dijo alguien por ahí: “Ver para creer”
* Colombia avanza a pasos gigantescos hacía una crisis sin precedentes gracias al colapso del sistema económico nacional. Esta crisis es más incidente de lo que he reconocido el Gobierno en los últimos meses, quien sigue insistiendo en el carácter transitorio y somero de esta contracción. Sin embargo los primeros efectos ya han empezado a manifestarse con el notorio incremento del 5.35% de la inflación entre octubre del 2014 y septiembre del 2015, un crecimiento sostenido del PIB por debajo de los esperado, el incremento del IPC en 4.76% en el mes de octubre (1.68 puntos porcentuales más alto que en octubre del año anterior), el aumento del precio de los alimentos , el crecimiento sostenido de las cargas fiscales propiciado por la reforma tributaria del 2014 y por el acumulado de las ultimas 12 reformas a la tributación en 20 años, así como el precio elevado del dólar sumado al bajo precio de los hidrocarburos , son algunos de los factores que permiten hablar de la situación usando adjetivos mucho menos positivos que el de “contracción”.
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