En la mañana de martes 25 de mayo fue constituido en Bogotá el Comité por la defensa de lo Público que buscará impedir a toda costa la privatización de la Etb y sumarse a la oposición nacional contra las políticas gubernamentales de enajenación de lo público. Organizaciones sindicales, senadores, representantes a la Cámara y concejales de Bogotá son las caras más reconocidas de este nueva organización. Unidad, movilización y lucha, tres de las propuestas angulares con las que pretenden dar importantes batallas en defensa de los intereses patrimoniales de los colombianos y colombianas. Relámpagos de luchas sociales retumban en el horizonte de la Capital.
Nace el Comité por la Defensa del Patrimonio Público
En las instalaciones de la Unión Sindical Obrera (Uso) en la Ciudad de Bogotá, fue instalado en horas de la mañana del miércoles 25 de mayo el Comité Nacional por la Defensa del Patrimonio Público, encargado tal y como su nombre lo indica, de la defensa de los activos de los/las colombianos.
El Comité pretende consolidar una propuesta de movilización y resistencia social a nivel nacional en contra de la reciente embestida del gobierno nacional y de la alcaldía de Bogotá para privatizar importantes empresas estatales. Hasta el momento el Comité se encuentra integrado por las organizaciones sindicales: CUT, CGT y CTC , USO, Sintrateléfonos, Atelca, Sintraisagen, Sintraemdes, Sintraisa, Fecode, Sindes, Sintraunicol, Sintraprevi, Internacional de Servicios públicos, Sindisena, Funtramiescol, Unión Nacional de Usuarios, Sintrae, Sintraelecol, Sintraenergía; por toda la bancada del Polo Democrático Alternativo (PDA) en el Congreso, así como los concejales de Bogotá Hollman Morris y Manuel Sarmiento. Desde luego, se espera que el Comité se amplié en los próximos días con organizaciones políticas de orden nacional y regional que han expresado simpatía por la propuesta.
Según lo manifestado en la rueda de prensa, la primera tarea a emprender por el comité consistirá en demandar (1) penalmente ante la Fiscalía General de la Nación a Jorge Castellanos, presidente de la Etb.
Representantes políticos
Un ambiente de fraternidad y de consenso frente al importante rol de la lucha y de la movilización social como herramienta de oposición a la privatización de la Etb, se vivió en las instalaciones de la Uso en horas de la mañana. Allí confluyeron un número importante de políticos de diversas tendencias quienes enarbolaron las banderas de la unidad frente a esta importante labor de oposición por la que esperan trabajar de forma coordinada y mancomunada.
El Senador del PDA, Senen Niño, habló a favor de la articulación entre sindicatos y políticos en esta nueva lucha emprendida: “Creemos que la defensa de lo público, de las empresas, de los recursos del Estado, es un tema de una importancia enorme que el movimiento sindical, el movimiento político en Colombia, definitivamente tenemos que articularnos para salir a enfrentar este fenómeno que no es nuevo, lo que pasa es que cada día se entroniza, se profundiza un poco más”.
Alexander López, senador de igual fuerza política se refirió a la incongruencia entre las políticas económicas del Gobierno y sus políticas de paz: “[…] si revisamos por sector de lo público todos estamos amenazados y en camino de sucumbir ante las decisiones de privatización y entrega del patrimonio público, con un agravante y es que el Gobierno de Santos paralelo al tema de paz avanza en su modelo neoliberal con todo el énfasis y la contundencia que expresó con Isagen, y creo que allí nosotros tenemos que traer una discusión muy pertinente a propósito de entender que una cosa es la paz que se está discutiendo con los grupos insurgentes y otra cosa es la realidad que se está viviendo en este país en torno a un modelo económico que avanza casi que sin ningún tipo de oposición y casi que sin ningún tipo de movilización social”.
López también se refirió al tema de las privatizaciones y la corrupción: “Aquí en Colombia la corrupción se generalizó, detrás de todo esto lo que hay es un gran conglomerado, un gran escenario o una gran maniobra política para robarse este país de frente, con las herramienta legales que estos tipos tienen y obviamente con la complacencia de todos estos combos que se han armado que se llaman Unidad Nacional, bueno, todas estas cosas que se construyen a partir de armar todas estas empresas delictivas que se están robando a Colombia […]”.
El concejal Hollman Morris, integrante del movimiento Progresistas, aterrizó la temática en Bogotá: “¿Cómo ven el tema en el concejo de Bogotá? El Plan de Desarrollo es un plan de negocios que va a condenar a que vuele por los aires uno de los grandes logros de la ciudad en los últimos 12 años, reducir el Índice de Pobreza Multidimensional en Bogotá”.
Según el Concejal, la lucha debe enfilarse en contra de Enrique Peñalosa quien: amenaza con acabar con el mínimo vital de agua, con el despido de más de 4.000 trabajadores del sector público, la enajenación de todas las empresas del sector público –desde la Etb hasta GTI transportadora de gas, otra joya de la corona de la ciudad–, la cancelación de contratos de los trabajadores de Aguas de Bogotá, castigará con más impuestos el alumbrado público, instaurará la peajes urbanos y cobros por congestión (medidas altamente segregacionistas), condenando a los bogotanos a una movilidad basada en Transmilenio y en troncales, invirtiendo en ellos más de la mitad de los recursos del Plan de Desarrollo, somestiendo a los habitantes de la ciudad a una movilidad que no es multimodal, tampoco sostenible.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el PDA propuso que el naciente Comité asumiera cuatro estrategias concretas: “1. Hay que hacer una estrategia jurídica. Ya están andando varias cosas: denuncias penales, acción popular, debemos coordinar los equipos de abogados, UTL, sindicatos, etc.; 2. Estrategia de control político. Promovimos una ley para que el Alcalde comparezca en los debates del Congreso, foros sobre el Plan de Desarrollo, etc. 3. Estrategia de movilización para tratar de rodear el concejo para que sientan la presión social y popular. 4. Confluencia entre asociaciones sociales, sindicales y congresistas”.
El representante por el PDA a la Cámara Víctor Correa propuso la confluencia entre sectores sociales en torno a la movilización: “Todos los sectores sociales tenemos que salir a defender lo público, a hacerle frente a estas políticas privatizadoras […]. Aumentar la movilización social, aumentar la resistencia civil, la verdadera resistencia civil, aquella que se hace en las calles con coherencia, aquella que se hace en los barrios, en los lugares de trabajo, en la marcha, en la plaza pública, en los concejos, en el Congreso en todas partes, aquella en la que decimos que no estamos dispuesto a ver morir a nuestro país por los intereses de algunos cuantos”.
Con las esperanzas puestas en la movilización
Poco hay que esperar del Congreso de la República, concejos, alcaldías y gobernaciones ante las políticas gubernamentales de privatización. Las únicas alternativas viables de resistencia y de oposición frente a la contundente disposición de enajenación de lo público parecen señalar marchas en la calle, tomas y protestas en diversos espacios, como algunos de sus principales escenarios.
En este contexto adquieren plena validez las propuestas del Comité por la Defensa del Patrimonio Público, que pretende aglutinar actores sociales frente a una apuesta de movilización y lucha popular para impedir sigan siendo ejecutadas transacciones lesivas a los intereses nacionales, pero convenientes al bolsillo y los intereses que de quienes una vez más se reparten el botín que aún significan los pocos activos público que tiene el país.
Se espera que los escenarios de movilización de la Fecode, Cumbre Agraria y los propuestos por el Comité por la Defensa del Patrimonio Público, desempeñen un papel relevante para impedir nuevas privatizaciones, no solo en la capital sino en todo el país. No la tendrá fácil Enrique Peñalosa contra quien se incuba una amplia movilización que busca no solo frenar la venta de la Etb sino impulsar la revocatoria de su mandato una vez despunte el año 2017. Solo el tiempo, la cohesión y la contundencia de las batallas venideras pueden asegurar la victoria a los adversarios de la privatización.
1 La demanda será instaurada en el transcurso del día por Hollman Morris, y la misma se basa en las siguientes presunciones manifestadas por José Roberto Acosta, integrante de Justicia Tributaria: “El señor Jorge Castellanos pudo haber incurrido en los delitos de falsedad material, falsedad por ocultamiento, falsedad ideológica, además de haber violado normas de gobierno corporativo, normas de confidencialidad, no hizo un empalme con el anterior presidente de la Etb –violando normas de debida diligencia corporativa– afectando el patrimonio público de la ciudad. Es muy extraño que el señor Castellanos hable siempre en detrimento del valor de la Etb, esté siempre peyorativamente hablando de los planes estratégicos de la anterior administración, esto menoscaba el precio de la acción en bolsa, menoscaba el interés de los potenciales compradores y el interés de todos los bogotanos, de la nación en la medida en que Etb tiene en todo el país”.
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