Isabel Cristina Zuleta, de Ituango, Antioquia, es la directora de la Ong Movimiento ríos vivos; en 2008, mientras hacía sus estudios universitarios en Medellín, supo de la intención de las EPM de construir en su municipio la hidroeléctrica más grande del país. Consciente de las nefastas consecuencias que el megaproyecto traería para su pueblo, emprendió esta incansable lucha para impedir a toda costa que la represa se construya. Isabel ha sido una defensora incansable de los derechos de quienes, desde siempre, han habitado las riberas del bajo Cauca antioqueño. Así cuenta su historia.
En el año 2010 conocimos el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, porque llegó desalojando a la gente, porque llegó el Esmad, porque llegaron inspectores de policía a proferir órdenes de desalojo en las riberas del río Cauca. Empezó a verse mucha policía en una zona donde nunca se había visto sino grupos al margen de la ley, y el Ejército, pero en las zonas rurales, pues esta ha sido una zona de conflicto. En contraste, para la ciudadanía en Medellín se da a conocer en 2008 porque se abre un debate entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las EPM para definir quién ejecutaría el megaproyecto. En ese entonces, quienes estábamos en la universidad o vivíamos en la ciudad por diferentes motivos –entre otros porque fuimos víctimas del conflicto– y nos enteramos, empezamos a investigar de qué se trataba el tal megaproyecto.
Atando cabos
Es ahí donde empezamos a encontrar una coincidencia histórica entre la agudización del conflicto armado y el impulso para la realización de la hidroeléctrica, sobre todo en algunos momentos específicos. En primer lugar, lo relacionado con los estudios preliminares de pre-factibilidad, de múltiples proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Cauca, de los años 80. En el año 1997 se crea la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero-Ituango y al mismo tiempo le dijeron a los indígenas Nutabes que no se presentaran como pueblo indígena, de eso existe un acta de esa época en la Asamblea Departamental, donde se afirma que no hay indígenas en la zona.
Un año antes el paramilitarismo empieza a hacer presencia en Ituango y en toda la zona del Nudo del Paramillo. A partir de 1996 se da una de las arremetidas más fuertes y se cometen las primeras masacres, como la del Aro del año 97. Desde entonces y hasta el 2005 coincide la ola de violencia paramilitar con la promoción y el impulso de la construcción de Hidroituango por parte de la gobernación de Álvaro Uribe. Asimismo, coinciden las lógicas temporales de las masacres con lógicas espaciales, es decir, los asesinatos fueron perpetrados en los municipios ubicados en el cañón, de extremo a extremo, en el territorio que hoy abarca e incide la hidroeléctrica.
Desde 2008 nos organizamos preocupados por lo que veíamos que pasaba en el territorio. Reconstruimos cómo desde los años 90 los paramilitares empezaron a ocupar el territorio y a desalojar a quienes desde siempre lo habitaron. Barequeros y pescadores narraron cómo eran perseguidos por el simple hecho de tener bateas o atarrayas y por ser gente de río. Así, hasta que entre 2008 y 2010 identificamos una serie de sucesos que redefinieron el curso de la hidroeléctrica. La obra obtiene su declaratoria de utilidad pública en 2008, y al año siguiente logra la licencia ambiental, lo cual es absurdo porque eso quiere decir que en 2008 no tenían los estudios necesarios para conseguir la declaratoria y, para colmo de males, la exoneran –sin justificación alguna– del estudio ambiental de alternativas. En ese momento Luis Alfredo Ramos era gobernador de Antioquia, y Álvaro Uribe presidente de Colombia.
Despiertan al monstruo
Hasta ese momento y desde el 97, el proyecto pasó a segundo plano. Siendo las EPM accionistas mayoritarios, dedicó todos sus esfuerzos a la construcción de las represas de Porce, específicamente con Porce IV donde tenía un lío grave porque en 2010 todos los afectados –que no quisieron reconocer porque los estudios de impacto ambiental y los censos de caracterización poblacional de las EPM siempre han sido perversos– denunciaron las vulneraciones y la violencia de la que habían sido objeto. Fue tal la resistencia de los habitantes ribereños del río Porce, que las EPM prefirieron detener las obras y pagar la multa de la Comisión de regulación de energía y gas.
Mientras tanto, el gobernador Luis Alfredo Ramos hace la llamada “toma hostil de Hidroituango” y compra las acciones de los dueños minoritarios por un valor muy superior al real y así obtiene el poder mayoritario sobre el proyecto. Inmediatamente anuncia que entregará la obra al mejor postor mediante una subasta, porque la represa se tenía que hacer a como diera lugar. Las empresas chinas parecían las más opcionadas y eso representaba un grave riesgo para el monopolio energético que había logrado EPM en Colombia, sobre todo por ser esta una empresa pública tan importante para el país. Con esta premisa Álvaro Uribe intercede para que las EPM ejecuten el proyecto, pero de manera inmediata.
Por segunda ocasión, Uribe se vale de su poder administrativo (primero como gobernador del departamento) para promover Hidroituango. Finalmente EPM abandona el proyecto Porce IV y se dedica de lleno a Hidroituango. A pesar de conocer los riesgos que afrontaba, no sólo los relacionados con la geografía de la zona, también con el conflicto armado latente en la región sustentado por la presencia de 4 frentes de las Farc-ep y múltiples frentes paramilitares, arranca la obra en 2009. En 2010 empiezan los desalojos forzosos, sin realizarse el respectivo censo ni la respectiva caracterización de la población que sería afectada y, al mismo tiempo, comienzan las arremetidas de asesinatos selectivos que alcanzan una cifra de muertes sin precedentes.
Derecho a la verdad
A comienzos de 2011 se había denunciado, ante diferentes organismos, la existencia de varias fosas comunes en la finca Cuni, en el municipio de Toledo, que podían ser alteradas con la construcción del primer campamento para la represa y, en consecuencia, con la construcción de la hidroeléctrica. Efectivamente, ese mismo año, en ese mismo campamento, encuentran una fosa con 10 cuerpos. Desde esa época insistimos en la necesidad de que EPM adelantara un plan de búsqueda participativo que le permitiera a la gente, antes de la inundación, estar seguros de que no se iban a dañar los sitios de enterramiento y que les respetarían, tanto a familiares de víctimas como a los testigos, el derecho a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición. Hoy, esas víctimas de un crimen de lesa humanidad –como lo es la desaparición forzada–, son re-victimizadas porque los sitios en donde pudieron haber encontrado a sus seres queridos están ya bajo el agua.
En el año 2012 hicimos una gran movilización con la que logramos bloquear toda la obra en El Valle, Toledo. Allí llegaron comunidades de los municipios afectados del norte, aproximadamente 1.000 personas, para intentar negociar con el gobernador Sergio Fajardo; la respuesta fue la represión del Esmad, no había voluntad de diálogo. Las comunidades fuimos muy organizadas en ese escenario de conflicto tan difícil; sin embargo, la magnitud de la movilización posibilita que el secretario de gobierno de ese momento, Santiago Londoño, acceda a dialogar, acompañado de un funcionario de EPM. Lo único que nos dijo fue: “pónganse la mano en el corazón, tienen que entender que el desarrollo tiene que llegar”
El intento por crear una mesa de diálogo chocó con las condiciones pretendidas por la delegación del gobierno departamental para darle forma, una de ellas: que las mesas debían ser dispersas en el territorio, no podía ser una única mesa; como no quisimos aceptar, se fueron de la mesa establecida hasta ese momento. A continuación ocurrió un hecho muy grave: supuestamente se disparó de manera accidental una ráfaga de un fusil de un hombre del Ejército; eso provocó un momento de tensión muy fuerte. Continuamos con la movilización, tres o cuatro días después el Ejército entra a nuestro campamento y empieza a disparar hacia la montaña, nuestro temor era que la guerrilla respondiera a los disparos y todo resultara en una masacre de civiles. Salimos corriendo hacia la iglesia del corregimiento, consternados y preocupados pues éramos conscientes de que en ese lugar había presencia del frente 33 de las Farc-ep.
La arrogancia del poder
Entre los temas a tratar había un asunto muy importante que tampoco quieren decir, y es que cuando se derrumba parte de una montaña toda la cadena montañosa se afecta. Entre 2010 y 2012, cuando empezaron a abrir las vías, primero por Briceño (una vía nueva) y después la vía entre Puerto Valdivia y la zona de presa, la gente de las veredas que quedan en la parte alta de la montaña, empezaron a ver cómo sus casas se agrietaban; según EPM, eso no tenía nada que ver con la obra. Lo que no notaron “los expertos” es que si se le quita la base a la montaña, ésta se mueve, se asienta. Finalmente tuvieron que reparar las casas y a las familias de dichas veredas; Sergio Fajardo cerró la negociación alegando que no era posible discutir la obra, pues la obra era indiscutible.
Desde entonces la persecución contra quienes denunciamos los vejámenes en contra de la población ribereña, no cesa. Hidroituango parece irreversible, la inundación comenzó el 12 de abril de este año, a pesar de que el llenado del embalse estaba programado para que iniciara el primero de julio. Lo hicieron sin consultar y sin aviso alguno, de manera arbitraria y ahora, que se les ha salido de control, quieren que todo parezca un fenómeno natural. Desde entonces el nivel del agua aumenta exponencialmente, menospreciando el hecho de que la presa no está terminada y, además, tiene sendas fallas estructurales, sobre todo porque, como se ha dicho, las montañas que sostienen la inmensa pared amenazan con desplomarse en cualquier momento. Es absurda la terquedad por mantener una obra que nunca debió ser, le cuesta mucho a EPM, por su arrogancia, reconocer que fracasó.
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