“Nos preocupa el contexto de miedo en el que se vive en algunas zonas. Todavía no se puede hablar de paz”
Pese a los visibles avances en materia de reducción de la violencia desde el momento en que el Gobierno y Farc firmaron su acuerdo de paz, a la diversidad de organizaciones políticas y sociales les queda un reto aún más amplio por sobrellevar los cambios que exigen una verdadera paz democrática en Colombia. El último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) así lo precisa, al revelar la consumación durante el 2016 de 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 18.671 personas afectadas, recomposición de grupos armados, el problema penitenciario, violencia intrafamiliar, aumento de hurtos y otros hechos, todo ello como una muestra de que las causas estructurales de la violencia siguen presentes.
Violencia armada sigue marcando las zonas más vulnerables del país
Para el Circ, el Incumplimiento en normas humanitarias en zonas históricas de conflicto está relacionado con la proliferación y reconstitución de grupos armados organizados, los que, más allá de la delincuencia común, mantienen viejos elementos propios del conflicto ygeneran un panorama de incertidumbre para el posacuerdo.
Según el informe, desde el 2013 hay registro de 301.900 víctimas de actores armados organizados, de los cuales la mayor cantidad, el 97 por ciento, son desplazados.
Para el Cicr, el asesinato selectivo de gran número de lideres sociales en el país sigue dejando mucho que pensar de la voluntad de paz de las élites regionales; la muerte de líderes sindicales, que según cifras de organizaciones no gubernamentales supera los 74 desde el año pasado, y los 120 lideres agrarios asesinados, que denuncian plataformas como la Cumbre Agraria, son algunas pruebas por analizar. Igualmente, las 29 personas que fueron registradas como desaparecidas por día durante el 2016 (10.610 en total), si bien son la menor cifra registrada desde el 2012, realzan esta grave violación de los derechos humanos como otro de los ejes centrales a trataren el país por parte de la Cicr, en los meses que faltan del 2017.
Restos de explosivos sembrados durante el curso de la guerra, también es un factor prioritario por atender.El Cicr recuerda que durante el 2016 la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonas (Daicma) registró 63 heridos y 11 muertos por la detonación accidental de explosivos. Aunque esta cifra es la más baja entre las registras durante los últimos 26 años de confrontación armada, el problema sigue siendo un reto en el posacuerdo, de las cuales lo más preocupante es que no existen datos exactos sobre la dimensión y ubicación de la amenaza.Hasta enero del 2017 se había priorizado para descontaminación con este tipo de artefactos 207 municipios; al momento solo 22 están en operaciones de desminado.
A mediados de 2016 el Estado comenzó a implementar una normativa del Ministerio de Defensa llamada Directiva 015, para combatir grupos armados organizados (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “Clan del golfo”, Ejército Popular de Liberación, “Pelusos” y “Puntilleros”). Sin embargo, la doctrina militar que acompaña la estrategia de copar las zonas dejadas libres por el repliegue de la inseurgencia mantiene en sus esquemas operativos la idea de un enemigo interno que ve en la población civil un elemento sospechoso, desencadenando claras violaciones al DIH. La delgada linea que separa a militares y paramilitares, y a éstos con los poderes regionales, son factores que inciden en la falta de efectividad para combatir estos grupos, pues las poblaciones marginadas cada vez se ven más solas en un campo empobrecido por la gran minería y el monocultivo, sin más alternativa que los cultivos de coca y similares, de los cuales estos mismos grupos se financian.
Dicha situación realza la necesidad de buscar soluciones, de fondo, al problema de miedo e inseguridad que acosa a los sectores populares en zonas donde el conflicto ha repercutido con mayor fuerza, y donde los acumulados políticos de los proyectos alternativos ponen su fe en una eventual apertura democrática para el posacuerdo. Algunas de las zonas así afectadas son: Catatumbo, Medellín, Sur del Magdalena, Buenaventura, Chocó, Nariño y Caquetá.
¿Somos un país naturalmente violento?
El ministro de defensa Luis Carlos Villegas reveló a finales del año pasado que la cifra de homicidios rondaba los 12.000 casos, casi 24,4 por 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 42 años. Durane el 2015 se presentaron 1.150 casos menos que en el 2014, hecho muy lejano de lo vivido por Colombia en el 2005, uno de los más violentos, cuando fueron registrados 18.111 homicidios. Asimismo, el acuerdo de paz con las FARC y el cese de hostilidades significó que se redujeran los heridos en combate: según cifras del hospital militar, mientras en el 2011 hablábamos de una cifra de 424 heridos, en el 2016 fueron atentidos apenas 31 heridos, eso sin mencionar las cifras de secuestrados que cayeron exponencialmente en un 92 por ciento.
La visión en muchos sectores de la población, de que somos naturalmente violentos, noción común del conflicto, contrasta con estas cifras. Si bien muestran que el proceso ya tiene ciertas repercusiones en la vida diaria del país, esto no desencadena necesariamente un “posconflicto”, más bien una transformación del mismo, veamos:
En los 12 meses del año pasado, según el último censo delictivo de la Fiscalía, se denunciaron 314.511 casos, que comparado con el 2015 significa un aumento del 11 por ciento. Lo que más denunciaron las víctimas fue el robo de celulares (52.875), de motocicletas (28.757), de residencias (21.247), de establecimientos de comercio (20.885) y de carros (7.559), entre otros.
Asimismo, la Fiscalía alertó sobre el aumento de casos de violencia intrafamiliar: en 2015 se registraron 103.048 casos, mientras que el año pasado llegaron a 120.154 (16,6 por ciento más).
La disminución de los homicidios, los secuestros y los heridos en combate, si lo comparamos con el informe del Circ y al aumento de los hurtos o la violencia intrafamiliar, demuestran no un escenario de paz sino la transformación de la violencia en unposacuerdo que no se compromete con tocar las causas estructurales del sistema.
Más allá de las nociones provenientes de sectores de ultra derecha, que consideran esto como un problema superficial y criminal, es preciso reconocer que las formaciones sociales son parte de un sistema internacional más amplio, que se ven modificadas por los cambios profundos y complejos en la cultura, la política y la economía. Las principales variaciones coyunturales que afectan una formación social son la guerra y la paz, pero en Colombia, ante un panorama cada vez más crudo de exclusión y de desaleración de la economía, surgen grandes dilemas ante el significado real y profundo de la paz, y de que lo acordado con la insurgencia derive, en efecto, en una mejor condición de vida para los sectores populares.
De ahí que, si queremos llegar a una verdadera paz es preciso que las amplias mayorías y las organizaciones sociales superen la indiferencia colectiva con las víctimas, sabiendo que todos vivimos y somos victimas del actualsistema. Fortalecer el tejido social desde abajo, superar la polarización en las ciudades, y construir un proyecto de país que ponga fin a los privilegios de quienes se benefician de la violencia y la exclusión social, es menester para lo próximos años.
Referencias:
https://www.icrc.org/es/retos-del-fin-del-conflicto-armado-y-del-acuerdo-de-paz-en-colombia
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/31/colombia/1483187941_964829.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16787723
https://www.desdeabajo.info/colombia/31030-cerca-de-la-paz-la-violencia-no-cede.html
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