Las cuentas pueden ser diversas de acuerdo al referente que se tome: 2.920 días, 96 meses, o simplemente 8 años (2010-2018). En todo caso, bien en días, meses o años, ese es el tiempo vivido por Juan Manuel Santos al frente del país como Presidente. Antes de ello, en tiempo inmediatamente anterior, estuvo por espacio de cuatro años como parte del equipo de Álvaro Uribe al frente del Ministerio de Defensa (2006-2009), años durante los cuales el asesinato de miles de compatriotas, en el doloroso episodio de la historia reciente del país conocido como falsos “positivos”, amplió su vil cuota, todo ello a manos de miembros activos de las Fuerzas Armadas (1).
Los días transcurridos para hacer realidad su visión de país no fueron pocos. Pero no sólo contó con este favor sino que también tuvo a su disposición recursos económicos en abundancia, burocracia que se cuenta por miles de funcionarios, control del Congreso de la República, así como de otras instancias del poder, como las Fuerzas Armadas y los órganos de control público; su relación con el gran capital internacional y su ligazón con el nacional también lo potenciaron. Favorecido para su gestión, además, por un movimiento social activo pero que no logra superar su dispersión, y una izquierda que no se atreve a levantar de manera amplia y dinámica un modelo alterno de sociedad.
La favorabilidad de la comunidad internacional, tensionada en el caso de nuestra subregión con la forma de proceder de quien le antecedió en la Casa de Nariño, es una realidad que también facilitó su gestión.
Fueron estos y otros factores lo que le permitieron a Santos llegar el pasado 20 de julio al Congreso de la República para presentar de manera condensada el resultado de su gestión, que, como sucede en todo tipo de valoraciones que hacen los propios actores, enfatiza en los logros y minimiza lo errado así como lo pendiente, además de tender bruma sobre la centralidad de su proyecto de gobierno: ahondar un modelo social de carácter neoliberal en el cual el Estado queda traducido en una palanca para potenciar en todo nivel el capital privado y redistribuir entre el conjunto social una variedad de subsidios que mengüen la pobreza, a pesar de no tocar las estructuras que la originan y prolongan en el tiempo.
Así, el informe al país queda reducido a una sumatoria de sucesos y logros pero sin pretensión educativa alguna; es decir, quien escucha el discurso o lo lee queda ante dos opciones: o lo cree a secas o acomete el reto de constatar cada una de las afirmaciones allí plasmadas. Es el faltante inicial de alguien que pretende siempre fungir como JEFE de Estado: no preocuparse por educar a quienes dice representar y para quienes dice trabajar; tratar a esos millones de personas para quien supuestamente examinó sus 96 meses de labor como ciudadanos acríticos, que escuchan o leen sus palabras, en las que creen o difieren, pero no pueden adentrarse en las grutas profundas del poder, en factores como qué, quiénes, dónde, cómo fue posible alcanzar uno u otro logro, o quedar en deuda por su realización parcial o simplemente por haber errado en la tarea de ejecutar una u otra empresa acometida desde 2010 o en años subsiguientes, hasta llegar a 2018 para entregar la posta a quien sin duda alguna continuará ahondando el modelo de gobierno y de poder en curso, por lo menos desde 1991.
El desprecio por la promoción de una ciudadanía crítica es una más de las ausencias en el proyecto de gobierno de quienes han dirigido el país por espacio de dos siglos y que responde a una realidad inocultable: gobiernan para ampliar su poder y el de los suyos, no el familiar sino el de la clase que representan, en todos los campos, y para que así sea no pueden potenciar la participación efectiva de los gobernados. Es de esta manera como la llamada cosa pública permanece y se proyecta como asunto secreto, tema de especialistas, algo que no está al alcance de las mayorías a pesar de vivir hoy la sociedad global la mayor transformación conocida en sus siglos de existencia en el acceso al conocimiento, lo que facilita acometer cualquier empresa siempre y cuando sea asumida como labor colectiva, abierta, complementaria.
Este faltante permite que la evaluación presentada por Santos no parta de reconocer que él fue por 2.920 días el líder y vocero de un proyecto de poder en el cual animó ciertas iniciativas, pero como líder y vocero no fue el único sino parte de un gran conjunto humano, de miles de personas que aceitan, tensan y sostienen, como burocracia especializada, cada uno con su saber, experiencia y sueños, la estructura estatal. Hoy por hoy no es posible que una empresa, de ningún tipo, mucho menos la que significa un país, pueda ser acometida por una sola persona, así los medios de comunicación oficiosos lo hagan ver de tal manera. El individualismo, con sus supuestas capacidades innatas, es uno de los soportes culturales del sistema capitalista, lo que oculta los factores históricos, de entorno, de acceso al goce de los derechos básicos y otros elementos que determinan que una persona tenga más posibilidades de desenvolverse socialmente que otra.
El principal funcionario del Estado oculta en su informe esos factores sociales, algunos de ellos asociados a la clase que representa, queriendo que su gestión aparezca como esfuerzo por el bien de todo el país, sin distinciones ni privilegios. ¿Luego de revisar los efectos desprendidos de la reforma tributaria que impulsó en 2016, alguien puede refrendar tal supuesto?
De esta manera, la evaluación, para ser franca y certera, debiera permitir la comprensión de cuál fue la clase favorecida con su gestión. Precisamente, Libardo Sarmiento, en su artículo (páginas 4-8), nos aclara que el capital financiero es la instancia que controla las riendas del poder en el país, y por tanto se apropia en mayor medida que otros actores de los presupuestos nacionales. Retomando al Premio Nobel de Economía George Stigler, nos recuerda que “[…] el diseño de la política económica corresponde en gran medida a la existencia de grupos de interés, los que hacen uso de las instituciones estatales en provecho propio”. Quien detenta el poder financiero también controla el político; no es extraño, por consiguiente, que la reforma tributaria afectara a los sectores populares, con beneficio para los oligárquicos.
Es ésta una realidad que Santos oculta en su informe a pesar de resaltar la reducción del número de pobres: “[…] la pobreza por ingresos […] la dejamos por debajo del 40 por ciento”, para enfatizar a renglón seguido: “Y avanzamos –más que cualquier país de América Latina– en disminuir la vergonzosa desigualdad que aún sufre nuestra sociedad”.
Quien se despide con este informe olvida u oculta que, luego de Haití, somos el país más desigual de la región y el séptimo en el mundo (2). Estamos, pues, ante una realidad imposible de quebrar sin tocar la estructura de la concentración de la riqueza, aplicando subsidios a la demanda para crear consumidores, para terminar aceitando el dominante sistema financiero, bancarizando, como está de moda acá y en todos los países sometidos a la órbita del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales.
Sobre este particular, Libardo Sarmiento subraya en el artículo referido: “Estructuralmente, en nuestro país, la clase rica representa el 10 por ciento de la población y se queda con el 45 por ciento del ingreso producido anualmente por el trabajo de la sociedad; peor aún, el uno por ciento de los estratos altos concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático”. Esa minoría no vio menguado su poder, en ningún nivel, ni por uno solo de los 2.920 días durante los que Santos permaneció al frente del gobierno nacional.
Es aquella una política de favorecimiento de los sectores dominantes en nuestra sociedad que se palpa de manera aún más notoria en el campo en el cual, a pesar del reconocimiento de las víctimas a que alude Santos en su informe –con las cuales aún se mantiene una inmensa deuda– no hay mucho más a su favor, pese a que en esta parte del país la indigencia afecta al 33 por ciento de su población y que la concentración de la tierra continúa viviendo un proceso regresivo, pasando el Gini rural en estos últimos años del 0,74 por ciento al 0.88.
Esta insultante realidad de privilegio para unos pocos prolonga la ausencia de una reforma agraria integral que favorezca a los sin tierra, afectados o no por la guerra, conducto por medio del cual el país se adentre en una política de soberanía alimentaria que lo saque en pocos años de la órbita dependiente creada en este sector de la economía durante los últimos 50 años, dependencia ahondada y multiplicada vía firma de Tratados de Libre Comercio durante estos últimos 8 años, ante los cuales no tuvo ningún reparo quien ahora deja la presidencia, permitiendo la persecución de quienes defienden y aún viven su ciclo diario con la tierra a partir de las semillas originarias, facilitando la inundación del país con cereales y otros frutos nacidos de semillas transgénicas, así como una desigual competencia con un agro extranjero subsidiado por el Estado; contrario a ello lo requerido y exigido por los marginados del agro, y no escuchado en Bogotá, pasa por una política agraria soberana, la que tendría además, efectos positivos en áreas como la salud individual y colectiva, la economía familiar, las finanzas públicas, el medio ambiente y la paz.
Pese y contrario a este anhelo de las mayorías excluidas del agro, la otra política para el campo que impulsó el gobierno saliente desde 2010 hasta 2018 –como prolongación de lo heredado– también privilegió un conjunto de actividades extractivas minero-energéticas y una política de agronegocio que tiende a vaciar esta parte del país de sus pobladores. Campo sin campesinos parece ser la divisa.
Tal proceder no fue recibido de manera pasiva por aquellos a quienes afecta. No es extraño, por tanto, el cúmulo de protestas lideradas por campesinos, indígenas y afrodescendientes durante estos años, sobre las que nada se dice en el informe de marras. Para recordar, durante los años 2013 y 2016, el país fue testigo de varias mingas por los derechos de quienes velan por la tierra y garantizan su fertilidad y sus productos. La primera llevó a la firma, en abril de 2014, de un acuerdo con el Gobierno, irrespetado en gran medida por éste, cuyo producto es el cuerpo que toma la segunda minga, en la senda de la anterior, factor que explica que en marzo de 2017 la Mesa Única Nacional (instancia de negociación de la Cumbre Agraria), se declare en sesión permanente y se toma las instalaciones del Ministerio del Interior. Al finalizar su gobierno, Santos deja en vilo lo acordado tras estas mingas y esta toma, con un llamado al Congreso para que cumpla con el capítulo de desarrollo rural integral como parte del Acuerdo de paz firmado con las Farc. ¡Como si su trámite fuera un asunto de buena voluntad!
Quien en esta ocasión informa ante el Congreso los frutos de su ejercicio de gobierno y poder es consciente de las largas sufridas durante su gestión en tal ítem del Acuerdo, y es consciente asimismo del sentido y el alcance de las reformas sufridas por esta aparte del Acuerdo luego del triunfo del No en el plebiscito refrendatario de lo firmado en La Habana. Por todo esto, y por el mismo sentido y dinámica del poder, sabe que la “buena voluntad” no opera en asuntos de concentración de la riqueza y del modelo de desarrollo del país.
Son parte de las manipulaciones y la desinformación que desprende el ejercicio del poder. Desde el establecimiento se está sembrando, con este y otros apartes incumplidos de la palabra empeñada en La Habana, una prolongación del conflicto armado, ahora a través de una multiplicación de actores bélicos y la fragmentación de fuerzas, alguna de ellas como parte de una economía del narcotráfico que en divisas sigue protegiendo el marco económico imperante en el país, hasta llegar a representar el 5 por ciento del PIB del mismo (3), y otras como propósito por recuperar un proyecto histórico, el de las Farc, hecho trizas en estos últimos años.
La fragmentación del conflicto armado, más allá de las intenciones que rodearon los diálogos celebrados en la isla caribeña, más allá del Premio Nobel y del llamado del Presidente al Congreso para que “cuiden la paz”, acerca a nuestro país al modelo de violencia que sacude a México: una violencia que en nada o muy poco afecta o pone en riesgo al establecimiento, pero sí atemoriza a las comunidades donde está asentada, llevando a su desmovilización, atomización y sometimiento. Se trata de una violencia, por tanto, incorporada e instrumentalizada a favor del status quo. Ante esta realidad, no sobra preguntar: ¿La negativa de un sector de las Farc a desarmarse, la decisión de otra parte de ellas de rearmarse, y de otra a vincularse como parte activa de estructuras del narcotráfico, son escenarios ponderados, en su debido momento, en el alto Gobierno? Y, además, ¿son escenarios potenciados conscientemente desde el poder para que así tomaran forma?
Es por ello que, pese al realce efectuado por Santos en su informe del Acuerdo con las Farc, hasta ahora es poco lo que hay para mostrar, pero sí muchos temores ante lo que del mismo quedó luego del conjunto de cortes y recortes sufridos por los textos originalmente firmados por sus protagonistas (ver “Del dicho al hecho…, pág. 9), y de la ola de asesinatos de líderes sociales, así como de excombatientes farianos ahora desarmados. Esos cortes y recortes no le merecieron al Presidente sino complacencia, como resalta en lo expresado por él en el informe: “[…] Congreso que refrendó por abrumadora mayoría el acuerdo final –con modificaciones que en buena hora se hicieron con ocasión del plebiscito”. De esta manera, el anunciado “final del conflicto” es parte de una palabrería sin asiento real en el país, pese a que el escenario del mismo sí cambió. La persistencia del Eln, con la empantanada negociación entablada con esta insurgencia, refuerza esta realidad.
Son palabras al viento, que el viento se lleva. Como también ocurre en otros asuntos informados ante el Congreso. Allí, sin vergüenza alguna, el Presidente realza la lucha contra la corrupción, el Estatuto aprobado para enfrentarla, pese al cual, y a los convenios internacionales firmados sobre tal particular, el país presencia como cada año continúa la fuga, por distintos conductos, de 50 billones de pesos (4). Esa explosión de corrupción llega hasta enturbiar las campañas electorales lideradas por el propio Juan Manuel Santos, que ahora carga otro elefante a sus espaldas, poniendo como escudo ante la justicia a quien manejó las finanzas de su empresa electoral.
Estamos ante una corrupción sin límites ni posibilidades de control, ya que es el imperante sistema económico mismo el factor que la fortalece. Un modelo estatal que tiene por misión debilitar lo público y desestructurar lo comunitario-solidario, así como proteger y potenciar el capital privado, no puede recoger algo diferente como fruto.
Otras valoraciones relacionadas por el Presidente –salud, educación, deporte– merecerían un conjunto de puntualizaciones por su escaso desarrollo e implementación como derechos básicos a lo largo de su gestión. Valga decir, por ahora, que su mayor impacto tiene que ver con la financiarización en que entró el conjunto de derechos retomados en la Carta del 91, todos ellos mercantilizados por un sistema que pretende poseer los poderes del rey Midas. El sufrimiento que debe padecerse para acceder a la atención médica y a los tratamientos derivados de la misma, la ausencia del derecho universal a la educación superior, cruzada por la aprobación de una ley de derechos de autor de acuerdo a lo demandado por la Ocde, y la inexistencia de una política de fomento al deporte recreativo por todo el país, son parte de los faltantes que llevan a la muerte pronta de mucho conciudadano o motivar su emigración hacia otras tierra en procura de mejores condiciones de vida, para el estudio y para la realización personal.
Es así como Juan Manuel Santos deja la Casa de Nariño tras 2.920 días, 96 meses o simplemente 8 años (2010-2018) de gestión. ¿Héroe o villano? Cada quien tendrá su valoración en uno u otro sentido. De todos modos, con total certidumbre, resulta claro que, tras su paso por la Casa de Nariño, validó con creces el saber milenario que asegura que “por sus obras los conoceréis”.
1. Según la Fiscalía, 4.200 fueron los asesinados en tal episodio. Los militares acusados por tal causa suman 4.700 de sus agentes.
2. “Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina”, La República, 16 de noviembre de 2017, https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469.
3. “Riqueza del narcotráfico en Colombia alcanza el 5% del PIB del país”, https://www.pulzo.com/economia/dinero-narcotrafico-alcanza-5-pib-colombia-PP514047.
4. https://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-billones-a-los-nos.html.
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