Colombia es un país supremamente desigual. Aún el gobierno reconoce que hay 15 millones de pobres y 4 millones de indigentes, cifra que, dada la manipulación oficial, revela que por lo menos una tercera parte de los colombianos viven en esta situación. Según Lars Christian Moller, economista del Banco Mundial, “Colombia es el país más desigual en el grupo de economías emergentes CIVETS [Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía y Sudáfrica], incluso más que Sudáfrica” . Según el Índice de Desarrollo Humano de 2011, entre 129 países Colombia en inequidad solo es superada por Haití y Angola.
Esta es una vieja dolencia que se ha agravado en los últimos años y ha sido caldo de cultivo para toda clase de violencias, la delincuencia común, el narcotráfico, el paramilitarismo y la actividad guerrillera. Pero la inequidad y la pobreza no desatan automáticamente movilizaciones sociales y mucho menos determinan que algunos grupos se levanten en armas para superarla.
Países que sufren una situación similar no tienen niveles comparables de confrontación armada y no es porque en ellos haya sistemas democráticos funcionales. Angola es calificada por los analistas internacionales como una “democracia deficitaria” y Haití está intervenido por tropas extranjeras después del terremoto y vive una catastrófica situación social e inestabilidad política.
La desigualdad social es el signo de nuestros tiempos. La crisis económica la ha acentuado y aún en Estados Unidos, que se ufana de dar lecciones de desarrollo económico, la desigualdad se acentúa, habiéndose convertido en el país del mundo que más pobres tiene (46 millones) inclusive por encima de China el país más populoso del planeta.
Cuando se habla de justicia social en Colombia y a nivel mundial, se hace de una manera muy vaga, muy general y se ha convertido en un lugar común que justifica cualquier política. Los neoliberales creen que el crecimiento económico irrigará riqueza a toda la sociedad, vaticinio que no se ha cumplido en ninguna parte. Otros apuestan a cambios en las estructuras económicas, recuperación de la capacidad del Estado de intervenir en la economía, protección al mercado interno y atención preferente a los sectores más pobres. En las negociaciones de Paz en curso se habla con frecuencia de “paz con justicia social”, creando la apariencia de que sin ella no habrá paz.
El caso de América Latina puede ser ilustrativo: en Bolivia, por ejemplo, entre 2006 y 2011 la pobreza extrema se redujo en 14%; en Brasil en los últimos dos años 22 millones de personas salieron de esa situación y en Venezuela en los últimos diez años se redujo en un 50% la pobreza extrema. Pero en todos estos países la desigualdad se mantiene y podríamos afirmar que también innumerables situaciones de injusticia social. Por eso el objetivo de alcanzar la justicia social se ha convertido en una especie de ideal de aquellos que consideramos que el capitalismo, especialmente en su fase neoliberal, es sinónimo de desigualdad e injusticia y planteamos un cambio en las estructuras económicas. Al parecer en las negociaciones de paz quienes reivindican la justicia social como condición para la paz entienden por ella cambios estructurales en el sistema político y económico.
Uno de los principales problemas en esta permanente, mundial e indefinida búsqueda de la justicia social, es que ésta solo comienza a concretarse cuando la población que es víctima de la injusticia asume un papel activo y protagónico, buscando soluciones y no simplemente esperando que el enriquecimiento de unos cuantos derive en un posterior derrame de la riqueza hacia la mayoría de la sociedad.
En esta lucha es indispensable la acción popular, nadie puede reemplazarla y la experiencia de los países que han ensayado caminos diferentes al neoliberalismo lo demuestra: las movilizaciones sociales, la lucha política electoral y las luchas reivindicativas han logrado importantes avances en América Latina.
La injusticia social no genera automáticamente los levantamientos armados y no se puede condicionar la terminación del conflicto armado en Colombia a la existencia de una justicia social. Esto entraña un grave peligro: de un lado justificar la continuación de las acciones armadas o confiar excesivamente en la voluntad reformista de un gobierno que ha dado muestras exhaustivas de profundizar la pobreza y la inequidad.
La lucha armada de las guerrillas ha caído en graves degradaciones y ha dado pretexto para la realización de toda clase de excesos de las Fuerzas Armadas, los paramilitares y ha facilitado la injerencia militar norteamericana. Por otra parte, es un factor que debilita la capacidad de la población de involucrarse precisamente en la lucha por la justicia social. En este sentido el cese del conflicto armado es una condición indispensable para facilitar y multiplicar la lucha por la eliminación de la desigualdad social y los cambios estructurales que demanda la nación colombiana.
Este es un viejo debate en Colombia y aún personajes internacionales que justamente se han caracterizado por haber logrado en sus países inmensos avances en este sentido, se han dado cuenta de ello desde hace años. En 2008 Hugo Chávez afirmó, refiriéndose a Colombia: “No estoy de acuerdo con el secuestro y no estoy de acuerdo con la lucha armada”. En otro momento señaló “La guerra de guerrillas es historia, en este momento en América Latina un movimiento guerrillero armado está fuera de lugar”. En el mismo sentido se pronunció Fidel Castro quien había llamado a actuar, “utilizando nuevas vías en las complejas y especiales circunstancias actuales después del hundimiento de la Unión Soviética, en 1991”. Evo Morales manifestó: “En Bolivia hemos aprendido que las revoluciones se hacen con la conciencia del pueblo” y añadió “la revolución se hace con el voto y no con la bala”.
Las vicisitudes del proceso de paz, que ojalá llegue a un rápido y buen término, no deben ocultar la naturaleza del gobierno de Juan Manuel Santos, tal vez, el peor de las últimas décadas con su combinación de engaño y acentuación del neoliberalismo. La intensificación de tratados de libre comercio, el énfasis en la gran minería y la destrucción de la industria y el agro, la reforma tributaria regresiva, el desmonte de los parafiscales, el intento de privatizar aún más la educación, el raponazo anunciado a las pensiones y las falsas soluciones anunciadas a la crisis de la salud son apenas un ejemplo.
Habrá que verlo también marchando de brazo con Gustavo Petro y Piedad Córdoba el 9 de abril en la marcha por la paz, haciendo utilización electoral de los diálogos de La Habana para favorecer su reelección.
Por Enrique Daza G., editorial Deslinde Nº 52, abril de 2013
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