Un reciente informe publicado por Amnistía Internacional examinó la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia y concluyó que los resultados de la ley han sido insuficientes para restituir a las casi seis millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país.
El informe denominado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, publicado el 27 de noviembre por Amnistía Internacional, analizó los resultados alcanzados por la ley 1448 de restitución de tierras desde su aplicación en el 2012.
Las conclusiones a que llegó Amnistía son desalentadoras, pues, según su investigación, solo se ha devuelto un pequeño porcentaje de los millones de hectáreas de tierras robadas a sus verdaderos dueños. “Hasta el 1 de agosto de 2014, se habían devuelto a los campesinos menos de 30 mil hectáreas. Los jueces y magistrados de restitución han ordenado la devolución de un solo territorio indígena de 50 mil hectáreas a sus legítimos ocupantes”, expone la organización.
Aunque en el informe se rescata la iniciativa del gobierno colombiano al aplicar por primera vez una ley de restitución de tierras en momentos en que no han cesado los hostigamientos, Amnistía enumeró las falencias que caracterizan la aplicación de esta normatividad. Entre ellas se encuentran el hecho de que solo se han llevado a cabo los procesos de restitución con familias que ya han retornado a sus tierras y requieren formalización de su propiedad más que la restitución en sí, o el de no garantizar una seguridad a las personas que regresan a su territorio aún en conflicto, ni tratar los casos de desplazamiento forzado que ocurrieron antes de 1991, fecha límite establecido por la ley para aplicar la restitución.
“Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, aseguró el investigador de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack, en un comunicado de prensa publicado por la organización.
El informe, como era de esperarse, le cayó como baldado de agua fría a la Unidad de Víctimas, quien en respuesta resaltó en un comunicado los logros que, según la entidad, ha obtenido la ley en comparación con otras políticas como Justicia y Paz o Extinción de Dominio; “En tan solo dos años se han devuelto más de 84.516 hectáreas a más de 11.401 personas. Además, en manos de jueces hay 300 mil hectáreas para sentencia”, afirmó la Unidad.
Sin embargo, las cifras dadas por la Unidad de Víctimas no bastan, ya que en el proceso de restitución de tierras también es necesario garantizar una penalización para los responsables de los desplazamientos forzados, pues esta impunidad, según Amnistía, es la que ha alentado nuevos desplazamientos forzados.
A esto debe sumarse el hecho de que existe una intensa persecución a los activistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, pues según una cifra de la Organización “Somos Defensores”, revelada en el informe de Amnistía “más de 70 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y más de 200 sufrieron amenazas únicamente en 2013, mientras que al menos 30 fueron víctimas de homicidio y más de 100 recibieron amenazas en los primeros seis meses de 2014”, entre ellos se encuentran activistas que defienden el derecho a la tierra.
“En Colombia es muy fácil despojar a las poblaciones campesinas de la tierra”
En un informe de 2011 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) señaló que “Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo”. Esto, según la organización es el resultado de un proceso histórico y de la falta de las políticas públicas. Además de ser una de las causas del conflicto armado en el país, lo que evidencia la necesidad de una reforma agraria que garantice la tenencia equitativa de la tierra y la no repetición de la violencia sufrida.
Según el Pnud, en la actualidad, poco más del 1 por ciento de los propietarios poseen más de la mitad de las tierras agrícolas del país, mientras que los pequeños propietarios ocupan un poco más del 10 por ciento. Dentro de ese 1 por ciento se encuentran los propietarios de grandes empresas nacionales o internacionales, por lo que Amnistía enfatiza en tratar también los casos de restitución que aborden la ocupación por parte de estas entidades que pueden haber sido responsables de desplazamiento forzado.
La organización concluye pidiendo a las autoridades colombianas que pongan en marcha medidas efectivas para garantizar que los reclamantes de tierras y otras personas implicadas en el proceso de restitución de tierras gocen de una protección efectiva y una ayuda económicamente sostenible, y afirma la necesidad de firmar el proceso de paz para poder poner fin a las hostilidades y de esa forma garantizarle a las víctimas una reparación integral.
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