Por: tuto Flórez
@tuto201333
“De lo que no se puede hablar hay que callar”, este celebre aforismo del filósofo y matemático austriaco Ludwig Wittgenstein; tal vez tenga plena cabida dentro del contexto comunicativo y periodístico de un país como Colombia, donde pese a que se conceptúa desde la carta magna, la consagración de un estado social de derecho y como tal se concibe a un país cuya forma de organización política es democrática, pareciera inaudito entonces hablar de temas como la censura en el periodismo hoy en pleno siglo XXI.
Sin embargo y en contra de esta apariencia engañosa, vale la pena resaltar de forma enfática, que así como los medios pueden ser usados para desinformar, tergiversar y manipular, también pueden convertirse en instrumentos reales de denuncia, y de una participación activa y dinámica sobre problemas coyunturales y de interés público para un país. En el caso específico que aquí nos ocupa, el silencio pareciera la opción más viable y por lo demás la menos cuestionable, toda vez, que al tratar de temas delicados y sensitivos como lo es el narcotráfico, los cuales se asocian con las clases políticas dominantes, trae como resultado, un desasosiego e intranquilidad, tanto para quien informa, como para el establishment socio político colombiano.
Como quiera que sea el tema de la narco política, más que un anatema u objeto de debate académico, hoy por hoy se ha convertido en un tema accesorio al discurso popular, en el que recurrentemente, se vinculan nombres de figuras públicas del sector estatal, junto a empresas, grupos privados y desde luego los lugartenientes y criminales que desde diferentes zonas de Colombia, dirigen los imperios de la cocaína, el testaferrato, la corrupción y la violencia por nombrar aquí solo algunos de los males más representativos de este fenómeno que lastimosamente no quiere desligarse del núcleo de la sociedad colombiana. En este sentido, la máxima de Wittgenstein, obedece no tanto a un llamado a la prudencia, sino más bien al rigor, que se debe guardar sobre aquello que se ha de decir, más aun, cuando el tema es altamente sensible para un público en general. En Colombia el narcotráfico, se vincula con la institucionalización de las bandas criminales, a mediados de la década de los años 70 y posteriormente se habrá de afianzar con el asentamiento de los dos carteles de las drogas, más impecables y sangrientos de todos los tiempos; a saber: el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Desde que inicia entonces, la lucha institucional por parte del estado Colombiano, contra las drogas ilícitas, inicia una actividad en el terreno político, en el que los narcotraficantes ya fuese indirectamente a través de candidatos o representantes colocados por el dinero de las drogas o directamente como en el caso del renombrado y mediatizado Pablo Escobar, tratarían de hacer un espacio “legitimo” a través de plazas y puesto de orden público y político como tal.
A este último respecto y como fenómeno resultante de los intentos por parte del narcotráfico para infiltrarse en la clase política, es que habría de surgir una nueva anomalía aún más lesiva para la sociedad colombiana, tal y como lo ha sido la denominada narco-política. Resulta entonces necesario,hablar de la infiltración contundente del narcotráfico en todos los niveles y esferas de la sociedad, tales como el entretenimiento, los propios medios de comunicación, el sector financiero, el deportivo, entre otros más; al argüir, que convirtió su actividad económica ilícita, en una actividad tan rentable y lucrativa, que se permeo la base económica legitima de los países, no solo de Colombia.
Se debe observar igualmente, que el dinero, lo que hace es manipular e influir de forma contundente, sobre las personas, y las decisiones que se toman, no solo políticas, sino también a nivel económico, militar y social. Así también, el narcotráfico, comenzó a permear, las altas esferas socio económicas, las cuales fungían como financistas de los grupos políticos dominantes, donde lo que se buscaba era unificar criterios, para disimular la activad ilícita y permitir a los grandes capos dela droga llevar a cabo sus actividades, sin que el estado interviniese de forma acertada y precisa.
Así pues, tal y como lo señala la socióloga mexicana Nora Pérez Rayón, el caso del narcotráfico que de hecho se “profesionalizo” y robusteció durante la década de los años 80, no es muy distinto de lo ocurrido en el contexto colombiano, al exponer que:
LOS LLAMADOS “CÁRTELES DE LA DROGA” mexicanos se han venido fortaleciendo desde la década de 1980; el narcotráfico constituye actualmente uno de los peligros más severos para la seguridad nacional, tanto del gobierno como del Estado y la sociedad mexicana. En nuestro país el problema de las drogas se ha expresado, sin menospreciar el creciente consumo interno, sobre todo por la capacidad de corrupción que genera la producción y el tráfico de estupefacientes y el peligro de desestabilización política que conlleva. (Pérez, 2006)
El anterior caso expuesto para México, encuentra plenas similitudes con lo acaecido para Colombia, desde mediados de los años 80, más aun cuando hoy en día, existe una documentada relación y vínculo entre los carteles de la droga mexicanos y quienes lideran actualmente el narcotráfico en Colombia. Siguiendo esta línea argumentativa, observa el investigador José Luis Cadena Montenegro, en el trabajo titulado: Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares; el describir de forma enfática que:
El fenómeno del narcotráfico, aunque no es de los más nuevos actores, se ha convertido en uno de los más difíciles de combatir por parte del Estado. Su poder corruptor ha infiltrado y penetrado los estamentos oficiales y privados con dinero proveniente del macabro negocio, el cual deja ganancias astronómicas y contribuye a dañar la salud de millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo, a la vez que afecta la cultura e incrementa la aparición de fenómenos colaterales relacionados con la pérdida de principios y valores ciudadanos.
En este contexto, México y Colombia tienen una larga tradición de socios en este criminal negocio y en los últimos años. La privilegiada situación geográfica de los dos países ha permitido el crecimiento del mismo, generando tensiones regionales y globales por el impacto violento de las actividades de los carteles que operan el tráfico clandestino y que utilizan el territorio como plataforma para actividades agrícolas, industriales y de servicios que complementan lo que podríamos denominar la industria más productiva en los nuevos tiempos. Una investigación convertida en exitoso libro, muestra esta vieja relación y presenta a los principales actores, entre los que destacan dos colombianos descendientes de familias pertenecientes a la clase política corrupta que, por décadas, ha estado incrustada en el poder. (Cadena, 2010)
Finalmente queda por agregar, que en países como Colombia la lucha frontal contra el narcotráfico, ha sido impulsada no solo desde el marco ejecutivo y legislativo, sino como medida de mitigación a un fenómeno que resulta tan lesivo para el conjunto de la sociedad colombiana, que se ha convertido en una tarea colectiva, la erradicación de un mal tan reprochable y que a su vez alimenta la narco política, como lo es, el de la corrupción.
Así por ejemplo, la corrupción en Colombia desde el punto de vista jurídico; se articuló con la creación del estatuto anticorrupción.
En efecto cuando hablamos de corrupción, estamos hablando entonces de un fenómeno multifactorial, ello en la medida en que se atiende a las múltiples aristas, en la cuales es posible encontrarnos frente a este fenómeno. Podemos entonces hablar; de manera sintética de corrupción política, corrupción administrativa publica, corrupción corporativa, por nombrar solo algunos de los tipos más comunes respecto a aquello que da cuenta de la corrupción en las diferentes esferas de la sociedad. Siguiendo esta línea argumental, resulta imperativo lograr una comprensión y entendimiento, en relación al fenómeno de la corrupción en Colombia, pero visto y abordado desde el marco jurídico y particularmente a partir del denominado estatuto anticorrupción, el cual se condensa bajo la ley 1474 del 2011 y cuyos ejes temáticos se centran en la elaboración, articulación y aplicación de un conjunto de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Pese a que por ejemplo el estatuto anticorrupción se aboca principalmente hacia la regulación de la gestión pública, no por ello deja de servir como precedente legal, de aquello que desde el ámbito legal y jurídico se puede efectuar, para luchar de forma eficaz, contra la narco política en Colombia.
Igualmente cabe mencionar aquí, que es un fenómeno que por su amplitud, alcance y características se convierte más que en un anatema, en un problema que compete por igual a todos los miembros de la sociedad colombiana, debido precisamente al nivel de infiltración que maneja el narcotráfico; velar por los intereses de la nación y del bien público, empieza, por un compromiso de parte de la sociedad misma y de sus diversos actores, para garantizar la democracia y tratar un problema, que pese a haberse insertado como mal indecible en la base del pueblo colombiano, debe ser combatido y erradicado, por medio de diferentes mecanismos y con lo ayuda de herramientas legitimas.
REFERENCIAS
Álvarez García, E. Andrés. (2007). La lucha contra la corrupción en Colombia como herramienta para un control social exacerbado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Recuperado de:http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24506.pdf
Cadena Montenegro, José Luis. (2010). Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 52(210), 45-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182010000300003
Pérez Rayón Elizundia, N; (2006). Iglesia católica, Estado y narcotráfico. Un desafío hacia el siglo XXI. Sociológica, 21() 139-173. Recuperado de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024679007
LEYES:
LEY 1474 del 2011. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
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