Siembra por la vida: Edwin Legarda vuelve a la Madre Tierra

Cinismo e impunidad

En un acto simbólico de sanación y dignidad, este jueves 18 diciembre fue sembrado en la vereda Itaibe, caserío del municipio de Tierradentro, el cuerpo del comunero indígena Edwin Legarda, compañero de la lideresa y Consejera Mayor del Cric, Aida Quilcué, asesinado el pasado martes 16 por soldados del Batallón José Hilario López, de la III División del Ejército Nacional, mientras se desplazaba en una camioneta de la organización, entre Inzá y Totoró (Cauca).

Cerca de mil personas se sumaron al sendero de la dignidad que recorrió el cuerpo del indígena coconuco hacia la iglesia de San Francisco, punto de partida que lo llevó finalmente hasta la vereda Santa Leticia, municipio de Puracé, lugar de su nacimiento, luego de una Audiencia Pública para responsabilizar al Estado colombiano por el asesinato del comunero, acto en el cual participó el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, y autoridades indígenas.

Allí fue entregado a sus ancestros en un ritual que reivindica la lucha por la defensa de la Madre Tierra, para conducirlo luego al sitio donde fue sembrado, a media hora de La Plata (Huila), donde habitaban junto a los nasa damnificados por las recientes avalanchas. Aida Quilcué estuvo presente en el que hubiera podido ser su ritual de despedida, pues era ella a quien estaba dirigido el atentado. En todo caso, tragedia. La violencia oficial se llevó a un ser querido suyo.

Tras la muerte del indígena, se encendió una vez más la llama de la indignación ya generalizada con los crímenes perpetrados por este gobierno. De nuevo la comunidad internacional escucha acontecimientos ligados a crímenes de lesa humanidad, mientras observa con perplejidad la violación sistemática de los derechos humanos.

El deceso de su compañero afectivo se produjo luego que la lideresa indígena arribara de Ginebra (Suiza). Allí denunció -en el marco del Examen Periódico Universal al que fue sometida Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU- la grave situación que viven los indígenas a lo largo y ancho de territorio nacional.

Aunque el Fiscal General puntualizó, en reuniones con autoridades indígenas, que la entidad a su cargo adelantará las investigaciones pertinentes, y no la Justicia Penal Militar, los indígenas Nasa demandaron ser parte en el proceso que escudriñará la conducta y el proceder de los uniformados implicados en el operativo que terminó con la vida del comunero.

De un retén que nunca existió

Muy temprano, a eso de las 4:00 a.m. del día martes 16, Edwin Legarda Vásquez se movilizaba en la camioneta 4×4 de la cual era conductor, en compañía de una integrante de los programas de salud de las comunidades indígenas. El vehículo, propiedad del Cric, estaba destinado desde el momento de su adquisición, seis meses atrás, para transportar y proteger a la Consejera Mayor Aida Quilcué.

Cuando los efectivos del Batallón José Hilario López dispararon contra la humanidad de Edwin y su acompañante, cruzaban a la altura del sitio conocido como San Pedro Gabriel López, en dirección a Togoima, a la altura del kilómetro 39. La intensidad de los tiros y su propósito no deja lugar a dudas: 16 tiros de fusil perforaron la carrocería, ninguno las llantas (que se supone hubiera sido el objetivo para detener un automotor), cobrando la vida del comunero e hiriendo de manera grave a su acompañante.

El vehículo, una camioneta roja, era conocido en el área de los sucesos por habitantes y autoridades locales. Además, el Cric había informado de su existencia y características desde el momento mismo de conseguirse. Pero, por si hay dudas, sirvió para el transporte durante la reciente Minga de resistencia indígena y popular, lo que lo hizo aún más visible ante la comunidad nacional. Imposible ignorarlo, pudiera decir cualquier desprevenido.

Según el general Justo Eliseo Peña, comandante de la III División del Ejército, Legarda desobedeció la orden dada en un retén militar. La explicación ha sido refrendada por el propio presidente Uribe Vélez, pero desmentida de inmediato, pues la Guardia indígena logró actuar a tiempo, acordonando el lugar y evitando que se manipularan las pruebas dejadas por el operativo. Se sabe que en casos como este se busca cambiar aspectos esenciales de comprobación de hechos y fijación de responsabilidades, en especial tratándose de un crimen de tal índole, en el que se involucra la imagen del Gobierno. Es lo que con suficiencia se conoce en el país como falsos positivos.

Se sabe que, luego de verificar el sitio y levantar pruebas, tanto el CTI como las autoridades indígenas corroboraron que no existió el supuesto retén. En el lugar de los hechos no se encontraron insignias, reflectores ni señales que indicaran la realización del hipotético operativo de control. Ficha tras ficha, hay un descuadre en las explicaciones brindadas por las autoridades militares. La existencia de 105 vainillas de arma larga (fusil), halladas en el lugar de los trágicos sucesos, evidencia algo más que un retén y que un esfuerzo por hacer detener un carro.

Resulta que los disparos provinieron, según testigos, de todos los flancos, en el preciso momento en el que el vehículo entró en la emboscada. En ese mismo instante se vieron fogonazos de los disparos y se escucharon ráfagas de muerte. Disparos efectuados con alevosía, no sólo por la cantidad de detonaciones efectuadas sino además por el hallazgo de las autoridades indígenas: una ametralladora M-60 y tres fusiles adicionales a los que portaban los 35 uniformados involucrados en la escena del crimen.

¿Hasta cuándo proseguirán los crímenes? Se preguntan muchos ante este suceso. Asesinatos y asesinatos contra y colombianas que propugnan por los derechos humanos, por el bienestar de sus comunidades. Hechos que no debieran repetirse, al son de justificaciones sin sustento por parte del gobierno nacional: supuestas ¡‘manzanas podridas’!, de acuerdo con el decir del Presidente y los generales. Según voceros del Gobierno, ante éste y otros sucesos similares, se tomarán correctivos. Se destituirá a los responsables para limpiar la imagen gubernamental.

“Casos aislados, sin responsabilidad estatal”, una y otra vez se afirma esto. Aida Quilcué aseveró, tras la muerte de su compañero, que éste es un crimen de Estado. Razones no le faltan. Muchas ‘manzanas podridas’ contaminan a las demás, con mayor probabilidad cuando el canasto mismo que las alberga está el contaminado.

¿Cuántas ‘manzanas podridas’ más aguantará el país?

Por Julián Carreño

*Artículo en base al Informe de la Misión de Observación y Verificación