Trabajadores enfermos e incapacitados

Quienes en semanas pasadas transitaron por la Plaza de Bolívar de Bogotá, tal vez se sorprendieron de ver allí un pequeño enjambre de carpas que en uno de los costados instaló un grupo de mineros llegados desde Norte de Santander, para protestar por la desprotección total en la que se encuentran por cuenta de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a las que están afiliados.

Fueron en total 67 mineros, todos de empresas extractoras de carbón en varios municipios del citado departamento, quienes, cansados de que sus reclamos se dilataran e indignados por el mal trato de las ARL, decidieron viajar a Bogotá a tratar de hacer visible su drama —o su viacrucis sería mejor decir— provistos de carpas y plásticos para armar cambuches al frente de las instalaciones de la ARL Positiva, que era su plan inicial.

En efecto, se instalaron allí pacíficamente, con la esperanza de que las directivas de ARL Positiva los recibieran, pero lo que los recibió fue un escuadrón del ESMAD que arremetió contra ellos para desalojarlos, ataque que dejó tres mineros hospitalizados por las heridas que sufrieron, hecho por el cual está en trámite una demanda contra el ESMAD.

Entonces tomaron la decisión de instalar sus cambuches en la Plaza de Bolívar, donde alcanzaron a estar 46 días, en los que las inclemencias de la calle y los filos del clima les hicieron pasar las verdes y las maduras porque son hombres acostumbrados al silencio del campo y al clima caliente.

Además les tocó corretear y chuparse los gases que, otra vez el SMAD, arrojó durante la batalla campal que se vivió el 29 de agosto en el centro de Bogotá, en el marco del paro agrario.

Víctimas de un sistema que no funciona

La lucha de estos mineros no es ajena a las muchas que en otras partes del país adelantan trabajadores enfermos y discapacitados por la misma causa: un sistema de seguridad en riesgos profesionales que no funciona y afecta integralmente al trabajador, desde su enfermedad, la calificación de ésta, la recuperación y rehabilitación, hasta la pérdida de la capacidad laboral.

Es un sistema diseñado a favor de las empresas y en contra del derecho de los trabajadores; un sistema que en muchos casos no paga incapacidades y rehabilitación integral, con poca regulación del Ministerio de Trabajo y unas juntas calificadoras que casi siempre declaran las enfermedades laborales como simples enfermedades comunes.

Por eso, en febrero de este año, un grupo de trabajadores enfermos e incapacitados de las minas carboníferas de Norte de Santander, todos calificados con enfermedades profesionales o accidente de trabajo, decidieron organizarse. Lo hicieron con el objeto de presentar un pliego único al Ministerio de Trabajo, porque su situación era, y sigue siendo, desesperada.

Así nació Asotradisnort, como se llama su organización, que en pocas semanas logró aglutinar a 119 mineros, enfermos todos y la mayoría lisiados, o por lo menos impedidos para trabajar como consecuencia de accidentes o del trabajo prolongado en la minería del carbón. Pero ninguno calificado para obtener su pensión de incapacidad. A Bogotá llegaron los 67 que estuvieron en condiciones de emprender el viaje.

“Las ARL Positiva y Seguros Bolívar nos está negando el tratamiento médico y las incapacidades. Están violando con nosotros la Ley 1562 de 2012”, denunció Jorge García, presidente de Asotradisnort.

En la raíz del drama que ahora viven estos hombres, está el hecho de que en su mayoría laboraron como tercerizados, vinculados por empresas contratistas, que bien se acabaron o les terminaron sus contratos, dejándolos en el aire. No pocos de ellos ya no reciben salario ni atención médica.

“Uno no entiende: nos mandan a la clínica San José de Cúcuta, pero allá no atienden porque no hay médicos adscritos a la red. Entonces para qué nos hacen ir”, se pregunta el señor García, ex trabajador de la empresa Cerrotasajero, quien aún no ha cumplido 40 años de edad (15 de ellos en la minería), y padece 6 patologías: fractura del antebrazo, hernias discales, síndrome del túnel carpiano, radiculopatía aguda, fractura en cadera y problemas siquiátricos.

Ante semejante cuadro clínico, García ha hecho lo que ha estado en sus manos para hacerse escuchar y procurar que tanto a él como al resto de sus compañeros se les haga justicia. Tramitó un derecho de petición para buscar que su calificación le diera para acceder a la pensión, pero le dijeron que no tiene derecho a ella porque ya fue indemnizado dos veces. “Me dieron 8 millones de pesos y con eso debo vivir el resto de mi vida”, se queja.

Puso entonces varias tutelas para que le sea reconocido su derecho. Las ganó todas, pero la ARL Positiva no las cumple. Precisamente en junio de este año esta Administradora de riesgos fue multada por 181 salarios mínimos debido a las irregularidades que ha cometido en el caso de estos mineros.

Y en igual condición que Jorge García están casi todos sus compañeros, quienes en un acto de desespero decidieron viajar a Bogotá a denunciar su problemática y el olvido en que los tienen. “En el mes y medio que estuvimos en la Plaza de Bolívar vivimos de la colaboración de sindicatos y personas de buen corazón que nos brindaron solidaridad, especialmente los recicladores. Porque a Bogotá llegamos casi sin un peso”, comentó García.

El pasado lunes por fin llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, consistente en que el 17 de septiembre instalarán en Cúcuta una mesa de discusión de su problema, en la cual estarán sentados con las dos ARL cuestionadas, funcionarios del Ministerio y entidades de control. “De no encontrar allí una solución, no nos quedará más remedio que tomarnos las entidades públicas para que nos oigan”, aseguró el directivo de Asotradisnort.

Un buen número de los mineros ya regresaron a su tierra, y los que quedaron están a la espera de que la Alcaldía Mayor de Bogotá les dé un auxilio para el transporte.