Las entidades del Estado y la ciudadanía se fueron volviendo más digitales, cada una por su lado y a ritmos distintos. Mientras las entidades destinaban más presupuesto público a tecnología operada por agentes privados, la población también creció en número de habitantes y en entendimiento digital a través de redes, teléfonos inteligentes, y mucho más. Durante años, la conversación fue prácticamente unilateral. El Estado digitalizaba procesos y trámites que la ciudadanía debía adoptar. Pero quienes entendían mejor el mundo digital empezaron a hacer preguntas: ¿qué ocurre detrás de esos sistemas?, ¿quién controla los datos?, ¿por qué contratistas privados tienen acceso masivo a información de los ciudadanos?, ¿qué recibe realmente el Estado a cambio de contratos millonarios si los procesos automatizados siguen siendo opacos para quienes los financian con sus impuestos y padecen sus fallas?
Mientras el Estado se digitalizaba, trasladó buena parte de su capacidad tecnológica a contratistas privados. Y con ella, algo mucho más valioso que el software: datos. Cédulas, pasaportes, censos, procesos públicos y enormes volúmenes de información ciudadana. En la era digital, gobernar los datos es una forma de ejercer poder. Cuando esa capacidad se concentra en manos privadas, la pregunta no es solamente cuánto paga el Estado, sino quién controla en realidad la infraestructura y el conocimiento con los que el Estado administra a sus ciudadanos.
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