Luego de un tenso 2010 en materia educativa, el Cauca se convierte en el mayor fortín de pagos por favores políticos y mafias educativas. En lo que va de 2011, varios municipios se han visto golpeados por la contratación. Las cifras en el aumento de esta modalidad por terceros generan tardanza en el servicio. De una parte, los profesores llegan hasta con cuatro meses de demora a las aulas. Los directores de núcleo, como en Inzá, propician cambios de docentes en propiedad para generar vacíos de docentes que luego son cubiertos por el modelo de contratación.
Páez, Inzá, Caldono, Caloto y el propio Popayán sufren la inclemencia del bajo nivel académico, producto de las irregularidades que a la fecha la Secretaria de Educación Departamental y la Gobernación eluden bajo argumentos que dilatan y no dan soluciones. Como resultado, en las últimas tres semanas se han presentado expresiones de rechazo y suspensiones de clases por parte de estudiantes y padres de familia, cansados de que año tras año la situación se repita con mayor gravedad.
El 3 de marzo, cuatro instituciones de Inzá (Luis Nelson Cuéllar de Pedregal, Nuestra Señora de la Candelaria de Turminá, el Instituto Microempresarial de San José y la Institución Sagrada Familia de Nazaret) iniciaron cese de actividades hasta cuando se solucione la carencia de maestros. La falta de docentes ha ocasionado el cierre de cerca del 30 por ciento de las escuelas, y los pocos profesores de planta tienen que repartir su tiempo en varios cursos, afectando la calidad académica.
Luego de dos meses de reiteradas visitas a la Secretaría de Educación, de radicar derechos de petición, de elaboración de tutelas, el problema se incrementa. Docentes, estudiantes, padres de familia y líderes comunitarios salieron a la cabecera municipal a marchar para exigir seriedad y responsabilidad en la educación de los jóvenes. Inzá tiene una demanda de 380 docentes, de los cuales 134 son contratados. Esto pone en riesgo a casi el 40 por ciento de los estudiantes.
La situación se dilata en repetidas reuniones que no responden a la problemática del sector, ante hechos reales como el de tener cerradas más de 30 escuelas por carencia de profesores. Tal grado de irresponsabilidad lleva a que en varias veredas y colegios los docentes que iniciaron clases asuman la responsabilidad de otros grados para que los chicos no pierdan la asistencia al colegio, generando bajos niveles de contenido, escaso desarrollo de programas curriculares e inestabilidad en los horarios.
Asimismo, la Secretaria de Educación Departamental remite su responsabilidad al director de núcleo, y éste a la secretaria. Las irregularidades en el traslado de docentes nombrados a otras sedes, la mora en la designación, cuando el reporte de matrícula se realiza en tiempo justo y las dificultades para definir planes educativos interculturales hacen pensar que Inzá se ve afectado por mafias que negocian con los recursos educativos, eludiendo el cumplimento de derechos básicos. Las alarmas se encienden en Inzá, a la espera de nuevos cierres de planteles si no hay soluciones de inmediato.
Además, los docentes que laboran por contrato responden a una política nacional y departamental para solucionar problemas de la educación pública. Si bien la ausencia de maestros para cubrir las necesidades de los estudiantes matriculados es responsabilidad y tarea estatales, las contrataciones favorecen sólo a sectores privados, que hacen la vinculación sin garantías para la seguridad social, laboral y académica, generando nuevos problemas. La solución estatal es más perjudicial que preventiva, pues desplaza maestros de planta, negándoles el derecho al trabajo, evadiendo la responsabilidad del Estado. Los recursos del sistema de participación no ingresan a los municipios.
La cifra anual par niño matriculado es de 1.350.000 pesos, de los cuales el 60 por ciento se queda en los bancos de oferentes, donde la idea de lo público no existe. El paso de un modelo toyotista al dinámico y camuflado esquema fordista refleja la inserción de los medios productivos al diseño de los planes curriculares en los que el tiempo en que se produce un objeto material es igual al tiempo-mercancía, con el cual se debe aprender y enseñar. Como resultado, los estudiantes se forman en un pensamiento único y donde nada es posible hacer de otro modo. Uno de los daños más sentidos de esta dinámica tiene que ver con la deserción escolar. Igualmente, es relevante el bajo nivel académico que arroja, pues no se aplica la pedagogía requerida y con la profundidad necesaria. Pero ninguna de estas necesidades se soluciona con la ausencia de maestros.
El mismo esquema se presenta con lo relacionado en las responsabilidades de la canasta educativa, alimentación (restaurantes escolares), transporte escolar y material pedagógico, ya que desde la Gobernación no se contratan a tiempo los proveedores requeridos, y aquélla sólo se responsabiliza por los servicios educativos, en este caso la vinculación de una persona. El resto de responsabilidades educativas no se contrata con oportunidad, y los recursos se quedan en los prestadores del servicio educativo.
Cauca carece de vigilancia para que los contratantes de la educación aporten los recursos del Sistema General de Participación (SGP) a cada institución donde ellos contratan. También se implementan cooperativas para que sean ellas las que entreguen los restaurantes escolares como operarios privados al servicio de la educación pública.
Esquema del problema
- Recursos girados por niño(a) matriculado(a): $ 1.350.000.
- Pago por profesor contratado: Dos salarios mínimos (en el mejor de los casos).
- Tiempo del contrato: entre 6 y 9 meses.
- Aportes a instituciones educativas: Sin identificar (0,01 por ciento para algunas pocas).
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