El debate resurgió, pero sus defensores no auguran que se salde en el corto plazo. Entre teorías y cálculos, diferentes países aplican pilotos para analizar sus efectos y, según los énfasis, la medida puede considerarse de izquierda o de derecha, a favor de la ciudadanía o del capital.
Para trasladarla de los libros a los bolsillos de los ciudadanos se han impulsado traducciones más y menos fieles de la renta básica universal. Ya se sabe que de la teoría a la práctica hay un abismo, pero las posibilidades son tantas que, después de haber estado siglos constreñida al mundo académico, la idea es defendida ahora desde posiciones antagónicas e impulsada por políticos de izquierda y de derecha, por organizaciones sociales y empresarios.
Desde una relectura poco ortodoxa de Marx, el filósofo y economista político Philippe van Parijs, principal impulsor del debate contemporáneo, se pregunta: “¿O es que acaso esta renta incondicional no era interpretable como un camino capitalista hacia el comunismo, entendido éste como una sociedad que pueda escribir en sus banderas ‘de cada cual (voluntariamente) según sus capacidades, a cada cual (incondicionalmente) según sus necesidades’”, y la formuló el año pasado al semanario francés L´Obs, reflotando su artículo “Una vía capitalista al comunismo”, de 1987.
Queda claro que quienes critican los modos de producción del sistema capitalista y sus efectos sociales no estarán filosóficamente en contra de una medida como esta. Pero también es verdad que los grandes empresarios están explorando la posibilidad e instando a los gobiernos a aplicar medidas del estilo, porque la incorporación de nueva tecnología, una tendencia que no frenarán, sustituye cada vez más puestos de trabajo. La robotización asegura mayor productividad y el ahorro en salarios, pero su correlato es mayor desempleo y menor capacidad de consumo. Si los estados se hicieran cargo de garantizar una renta básica universal, los desempleados podrían seguir consumiendo y no habría pérdidas para el capital. A fin de cuentas, ¿se trata de un keynesianismo reloaded o de un marxismo light? (véase recuadro).
En ese contexto, el debate resurgió en Uruguay. Lo rescataron académicos pero también políticos del Frente Amplio (FA).
MÁS ALLÁ DEL TRABAJO
“Es una idea relativamente vieja que es importante recuperar”, propuso la semana pasada Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, durante la charla “Renta básica universal, ¿derecho o utopía?”. La teoría parte de la base de que todos los ciudadanos deberían cobrar una renta que les garantice la subsistencia, independientemente de sus ingresos, sin rendir cuentas de lo que hacen con ese dinero y sin ningún tipo de contraprestación, como enviar a sus hijos a la escuela o buscar y mantener un empleo.
Porque la tasa de desempleo se mantiene relativamente alta desde los setenta y la incorporación de nuevas tecnologías avanza hacia la eliminación de mayor cantidad de puestos de trabajo. Porque hace rato que nadie obtiene su primer empleo y lo mantiene hasta la jubilación, y ahora “lo que caracteriza a las generaciones nuevas es el cambio” y “es probable que las personas requieran en distintos momentos de su ciclo de vida apoyos para administrar esas transiciones”. Y porque “la visión de que nos casamos una vez, tenemos hijos y enviudamos parece bastante ajena a lo que ocurre hoy”. Por todo eso, “los sistemas de protección social están cuestionados, y la inserción laboral ya no puede ser la garantía”, argumentó Arim.
Escéptica, la politóloga Carmen Midaglia planteó a Brecha que “filosóficamente, en un mundo globalizado que no va a tener puestos de trabajo para todo el mundo, la renta básica parece una alternativa políticamente correcta y generaría cierta distribución y garantías a los colectivos más desfavorecidos. Pero uno se debería preguntar por qué, cuando este debate surgió a fines de los ochenta y cada vez que resurgió en los noventa, en los dos mil y ahora, no hubo ningún actor colectivo que la defendiera y se limitó a ser un debate académico. La respuesta es que si esa renta básica fuera posible, su renovación se haría meramente a partir de una definición político-tecnocrática”. A Midaglia no le convence que la seguridad social deje de estar asociada al empleo, con los sindicatos peleando detrás, porque “el bienestar y la distribución de la riqueza no vienen dados, sino que tienen que ver con actores colectivos que demandan, que presionan, que se movilizan y vigilan que no haya recortes”.
En cambio, Alejandro Sánchez, diputado del FA, aseguró a Brecha que “cada vez que se renueva la discusión, la renta básica logra más adeptos”. El diputado ya había traído el tema en 2012, después de que el Parlamento Latinoamericano aprobara una ley marco de renta básica que recomendó aplicar a sus estados parte. En ese momento, y ya en 2008, cuando el propio Mides lo puso arriba de la mesa, el debate no prosperó, porque persiste “una visión demasiado centrada en que el acceso a la seguridad social sea a través del acceso al empleo”, entiende Sánchez, mientras “la renta básica se inspira en otro pilar: si en el siglo XX erradicamos la esclavitud, en el siglo XXI deberíamos erradicar la pobreza y orientar la discusión más allá de la condición de empleabilidad de las personas. Por el mero hecho de ser humanos, deberíamos tener garantizadas las condiciones mínimas para sobrevivir”.
LA CALCULADORA SOCIAL
Más allá de lo filosófico, el primer obstáculo para aplicar una renta básica es su alto costo, y en la última década se realizaron diferentes simulaciones para traducirla a cifras. El equipo del Área de Gestión y Evaluación del Estado, que integraba el propio Arim, se planteó en 2009 seis escenarios: una renta de 3.400 o de 1.693 pesos para toda la población, para los mayores de 18 o para los menores de edad, y entre uno y otro extremo, el costo fiscal se ubicaba en 18 y 2,6 por ciento del Pbi.1
En las proyecciones, si bien se considera que se eliminarían otros gastos, como las asignaciones familiares, la tarjeta alimentaria, las pensiones y la asistencia a la vejez, es más difícil contemplar el ahorro que el instrumento generaría en términos burocráticos. “En Uruguay existe una policía de pobres que está todo el tiempo analizando qué hacen, en qué gastan, cómo viven, cómo se relacionan”, pero sobre todo, “controlando, porque les exigimos que demuestren que son pobres. El Estado gasta un montón de recursos en tener esta policía de pobres, y con la renta básica se eliminaría”, aseguró Sánchez.
La receta que proponen los defensores de la renta básica parte de una reforma del impuesto a la renta para gravar más a los sectores de mayores ingresos. De esa forma, si bien los ricos también cobrarían la renta básica, terminarían pagando más de lo que reciben y financiarían el sistema. Sin embargo, Sánchez cree que “tiene que estar asociada a la renta de los recursos naturales. Claro que ahora no sabemos si tenemos petróleo, y el hierro está ahí y no hemos logrado rentabilizar esa riqueza”, pero “los sistemas impositivos que gravan el ingreso no lograron detener el brutal proceso de concentración, por lo tanto hay que discutir mecanismos que permitan distribuir esa riqueza que ya está acumulada y que en definitiva se trasmite por los genes. La teoría neoclásica dice que la riqueza es ingreso acumulado, y que si gravamos los ingresos afectamos la riqueza a futuro”. El problema es que “nunca se afecta el stock de riqueza que se acumuló en el pasado”.
Para Sánchez, la segunda estrategia tiene que ver con implementarla de forma progresiva. “En este Uruguay en que la pobreza tiene cara de niño y de mujer, podríamos plantearnos en principio una renta básica para los menores de 18 años que luego se pueda ir extendiendo”, y en este punto Midaglia hace acuerdo. “La discusión podría ir en otra clave: por ejemplo, en la de una renta básica para la infancia y la juventud.” De hecho, cuando se creó la asignación familiar del Mides en 2008, “unos decían: ‘ahora que tenemos espacio fiscal, que hay crecimiento, extendamos a todos los niños para que en momentos de crisis esté blindada esa población, que no tiene voz, que no puede votar, que no puede generar acción colectiva”. En tanto, “otros planteaban que si había espacio fiscal había que reforzar a los más desfavorecidos”, recordó Midaglia. La propuesta implica incluso unificar y blanquear que todas las familias reciben beneficios del Estado, porque en el caso de las de mayores recursos se descuentan impuestos a los trabajadores con hijos. “Es distinta la filosofía de una renta básica, porque lo que se hace hasta ahora es invisible, es políticamente invisible”, agregó.
La renta básica universal fue eje de debate la semana pasada en la Universidad, este miércoles en el Palacio Legislativo se volvió a debatir, y en quince días se discutirá en la escuela de gobierno del Parlamento. A su vez, el Instituto Cuesta Duarte se encuentra elaborando un documento para llevar el debate al secretariado del Pit- Cnt. Es un hecho que la discusión resurgió, pero los consultados tiran para adelante la fecha de su posible aplicación.
“Yo no creo que sea posible concretar la renta básica en el corto plazo, pero hay que poner el debate arriba de la mesa”, opinó Sánchez, y Ruben Martínez Huelmo, senador del FA, sostuvo que “este tema va a ser seguramente un elemento de la campaña electoral que viene, porque es un tema filosófico que ya empezó a ser político. He encontrado una línea de acuerdos con los compañeros con los que he hablado, y es un tema que podría estar en la visión programática del FA. Los partidos políticos no solamente tienen que hablar de lo que van a hacer en el próximo quinquenio sino pensar lo que va a pasar dentro de dos, tres o cuatro décadas”. El debate de la renta básica puede saldarse ahora o volver a disolverse, y resurgir en una década, otra vez.
Una renta de 3.400 pesos para toda la población tenía un costo fiscal de más de 5.000 millones de dólares anuales (el 18 por ciento del Pbi), mientras que una de 1.693, más de 2.500 millones (9 por ciento del Pbi). Una renta básica de 3.400 pesos para los mayores de 18 años implicaba 3.700 millones de dólares (alrededor del 13 por ciento del Pbi), y una de 1.693, más de 1.800 millones de dólares, (6,5 por ciento del Pbi). En cambio, 3.400 pesos para los menores de 18 años, una política que se señalaba en el documento que “tendría un gran efecto en la disminución de la pobreza” a causa de “la mayor concentración de la pobreza en los menores de edad”, implicaba 1.500 millones de dólares (el 5 por ciento del Pbi), y una de 1.693 para los menores, la mitad del dinero (el 2,6 por ciento del Pbi).
Las experiencias de renta básica en el mundo
En la práctica
De Finlandia a México, de Kenia a Estados Unidos, de Brasil a Canadá, por obra del azar o del afán, se han hecho diferentes lecturas (todas parciales) del concepto.
De 175 mil finlandeses en seguro de desempleo, en un sorteo se seleccionó a 2 mil, 48 por ciento mujeres y 52 por ciento hombres de 25 a 58 años, que desde este año reciben 560 euros al mes. Busquen empleo o no, lo encuentren o no, recibirán ese monto durante los dos años que durará el piloto, sin condiciones ni contrapartidas. La idea del gobierno, de tinte conservador, es que los desempleados serán más proclives a aceptar trabajos de baja remuneración o a tiempo parcial si cuentan con un dinero asegurado para su subsistencia. Es el argumento opuesto al que defienden los teóricos de la renta básica universal, que proyectan que las personas estarán en mejores condiciones para negociar salarios dignos si no están desesperadas por conseguir un empleo que les dé de comer. En Europa hay varios pilotos en marcha y la idea entusiasma cada vez más, pero, paradójicamente, el 78 por ciento de los votantes suizos rechazó el año pasado la propuesta de crear una renta básica universal de 2.254 euros para los mayores de 18 años y de 565 euros para los menores de edad.
En Canadá, tal vez la experiencia que más se acercó a la definición escrita, se aplicó en los setenta en la localidad agrícola de Dauphin, Manitoba, donde sus 10 mil habitantes recibieron una renta inversamente proporcional a sus ingresos. A fines de la década el contexto político y económico cambió, primero se recortó el presupuesto para el análisis de los datos y finalmente la experiencia entera se disolvió. Sin embargo, una investigación publicada en 2011 miró hacia atrás y revisó sus efectos. Como prometían los académicos, la renta básica no desestimuló la búsqueda o el mantenimiento del empleo, salvo en las mujeres que acababan de tener un hijo y en los estudiantes de secundaria que, en lugar de adelantar la búsqueda laboral, optaron por terminar sus estudios. Además, las consultas por padecimientos de salud mental se redujeron y la demanda de servicios sanitarios, como el de hospitalización, fue sustantivamente menor.
Ahora Canadá vuelve sobre la idea, y en los próximos meses comenzará a funcionar un piloto en Ontario (sí, la renta básica es una máquina prolífera en materia de pilotos) que involucra a 4 mil personas de 18 a 64 años beneficiarias de programas sociales del Estado o con trabajos mal remunerados. Los solteros empezarán a recibir hasta 16.989 dólares canadienses al año (11.400 euros) y las parejas 24.027 (16.100 euros). A modo de justificación de la medida, la primera ministra de Ontario, Kathleen Wynne, declaró que “entre la tecnología y (Donald) Trump, es una época de gran incertidumbre y cambio”.
En Ciudad de México existe una pensión ciudadana universal de 60 dólares mensuales para todos los mayores de 68 años, y más cerca de casa, en Brasil, la ley de renta básica incondicional se aprobó en 2003, pero se definió que su aplicación sería gradual y se arrancaría por los sectores más pobres. Trece años después, esa etapa no ha sido superada y por el momento se parece bastante a las transferencias monetarias que realiza el Mides a las familias uruguayas de bajos ingresos.
En Alaska, en cambio, la renta básica está asociada desde 1982 a los ingresos que obtiene el Fondo Permanente Petrolero. A partir de las regalías que cobra de las empresas que extraen el oro negro, los habitantes reciben una partida anual que es variable, y en la última década se ubicó entre los 800 y los 3 mil dólares. También en Estados Unidos, una tribu cherokee, de Carolina del Norte, aplica algo similar. Luego de obtener una concesión del Estado para explotar un casino, decidió distribuir equitativamente la mitad de las ganancias del juego entre los miembros de la comunidad.
En la versión africana, en tanto, prima el concepto de “básico” sobre el de “renta”, y la llevan adelante organizaciones en lugar de los estados. El ejemplo con más prensa, de la organización GiveDirectly, fue ideado por cuatro posgraduados de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, bajo el apoyo de Alan Krueger, asesor económico del entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama. Se basa en minúsculas donaciones de personas comunes y corrientes y voluminosas sumas de megaempresas como Google. Con más espíritu científico que caritativo, brinda una renta básica de 20 euros mensuales a 26 mil habitantes de localidades rurales de Kenia. De ese total, a un grupo se le aseguró el beneficio por 12 años en pagos mensuales, al segundo segmento se le aplicó la misma modalidad pero durante dos años, y al tercero se le entregó todo el dinero en una única partida. Notas de color, con tono de publicities encubiertos, hablan de las “sonrisas imborrables” que este “ensayo altruista” dibujó en los beneficiarios. En cambio, en segundo plano se citan declaraciones que podrían leerse como el objetivo primordial de los académicos, empresarios y mandatarios estadounidenses. El experimento “permitirá responder a preguntas como: ¿cuál es el impacto de una transferencia de efectivo a largo plazo en lugar de una más corta? y ¿cuál es la diferencia entre dar pagos mensuales o todo a la vez?”, aseguró a principios de año Michael Faye, director de GiveDirectly, al diario español El Mundo. Sobre la proliferación de pilotos en Europa y Canadá, además, consideró: “cuantos más datos podamos reunir es mejor”.
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