El número de migrantes detenidos en su intento por entrar a Estados Unidos alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021. Más de 1.7 millones de personas en condición de movilidad irregular fueron aprehendidas por autoridades estadunidenses en la franja fronteriza en este lapso.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 –el periodo del año fiscal– esta cifra alcanzó un millón 734 mil 686 migrantes; de ellos casi cuatro de cada 10 eran de origen mexicano.
En 2021 hubo 757 mil 177 migrantes detenidos más que los 977 mil 509 reportados en el año fiscal 2019, que era la cantidad más alta en la historia. El número actual creció 77 por ciento en relación con el de hace dos años.
A lo largo de ese lapso las cifras fueron al alza, pues 46.37 por ciento de las retenciones (804 mil 468) se registraron entre junio y septiembre de este año.
El mes con el mayor número de detenciones en este periodo fiscal fue julio, con 213 mil 593; seguido de agosto, con 209 mil 840; septiembre ocupó el tercer lugar, con 192 mil una aprehensiones, y siguió junio, con 189 mil 34, de acuerdo con los números de la CBP.
Este número histórico se presenta en medio de una crisis en materia migratoria en la región. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden han coincidido en la necesidad de brindar apoyo a las localidades de origen migratorio, a fin de atacar las causas del fenómeno.
Diversos análisis realizados por la CBP apuntan que la pobreza y la pobreza extrema son la principal razón por la que miles de personas se ven obligadas a salir de varios puntos de México y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Otras causas identificadas por esta dependencia estadunidense son la violencia, la ausencia de políticas sociales en sus poblaciones de origen y la reunificación con familiares que se encuentran en Estados Unidos.
Del total de migrantes detenidos en este año fiscal, la mayoría, 655 mil 594, eran mexicanos, equivalente a 37.79 por ciento.
La CBP reportó 319 mil 324 migrantes hondureños en esta situación, 18.4 por ciento; 283 mil 35 procedentes de Guatemala, 16.31 por ciento, y 98 mil 690 de El Salvador, 5.68 por ciento. El resto, 378 mil 43, 21.79 por ciento, eran de otras naciones.
Si bien la mayoría de los migrantes detenidos en este periodo eran adultos en solitario, un millón 105 mil 925, la cantidad de menores de edad que viajaban solos retenidos en la franja fronteriza estadunidense alcanzó 146 mil 925 (8.46 por ciento del total). Este número es mayor en 66 mil 291 casos a los 80 mil 634 niños y adolescentes registrados durante el año fiscal 2019.
Lunes 25 de octubre de 2021
Migración: ¿callejón sin salida?*
Varios miles de migrantes salieron el sábado pasado de Tapachula, Chiapas, hacia esta capital, tras permanecer varios meses en esa ciudad sin haber conseguido regularizar su estancia en el país. El domingo, los viajeros, entre los que hay numerosas mujeres y niños, debieron enfrentar altas temperaturas en el trayecto y apenas lograron avanzar unas decenas de kilómetros hasta llegar a la localidad chiapaneca de Huehuetán. La mayoría de ellos tiene el objetivo de llegar a territorio estadunidense.
En este nuevo episodio, la intervención de las autoridades se ha limitado hasta ahora a proteger a los migrantes e incluso a brindarles auxilio y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió requerimientos a las secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las secretarías de Gobierno de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, para salvaguardar la integridad física de los extranjeros y garantizar ayuda humanitaria para ellos.
La protección de los derechos humanos de los migrantes es sin duda una obligación indeclinable del Estado mexicano y cabe hacer votos porque ese principio se cumpla a cabalidad en la actual circunstancia. Pero es pertinente señalar que esa condición no va a resolver la crisis migratoria en la que se ha visto envuelto nuestro país, pues ésta depende de soluciones que están más allá de las atribuciones del gobierno nacional: por una parte, hay una multiplicidad de condiciones que llevan a miles de personas a abandonar sus lugares de origen y, por el otro, figura el sueño –o el espejismo– de lograr mejores condiciones de vida en Estados Unidos.
Sin embargo, la frontera común entre ese país y el nuestro se mantiene cerrada a la migración y, pese a las promesas electorales de su actual presidente, Joe Biden, no parece estar a la vista una pronta apertura, porque el cambio de rumbo que el demócrata ofreció en materia migratoria –como en muchas otras– se ha visto empantanado en un laberinto judicial y burocrático de solución incierta. En tal circunstancia, es claro que las caravanas migrantes no consiguen más que trasladar la crisis humanitaria que se vive en Tapachula a las ciudades de nuestra frontera norte, además de exponer a sus integrantes a los peligros e incertidumbres de la extensa ruta entre una y otras.
Por otra parte, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha venido insistiendo ante la Casa Blanca –tanto en la administración de Donald Trump como en la de Biden– que la solución duradera y de fondo a esta complicada situación consiste en atacar de raíz las causas que alientan la emigración en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la aplicación en esos países de programas sociales similares a los que se realizan en México, como Sembrando Vida y Construyendo el Futuro, a fin de anclar a las poblaciones susceptibles de emigrar con trabajo y una paulatina mejoría en su nivel de vida y su entorno social. En el momento actual no parece haber más solución que ésta al flujo que constituye el grueso del fenómeno migratorio –en el que se cuentan también personas oriundas de otros países de Centro y Sudamérica y del Caribe, e incluso de otros continentes–. Es preciso, en consecuencia, seguir insistiendo ante el gobierno de Washington para que, si no puede sacar adelante una reforma profunda de su regulación migratoria, otorgue al menos los recursos necesarios para la aplicación de esa propuesta.
*Edotproañ diario La Jornada, México, lu8nes 25 de octubre
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