El último capítulo del informe de la Comisión de la Verdad presenta 155 recomendaciones clasificadas en materia de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición de violaciones a los Derechos Humanos.
El numeral 24 de este apartado propone que el Estado ecuatoriano asuma la asignación de montos únicos de indemnización a favor de las víctimas que sufrieron agresiones y abusos investigados por la Comisión.
Las sumas van desde los 2.500 hasta los 50.000 dólares, dependiendo de la gravedad del tipo de violación de Derechos Humanos que sufrió la víctima (ver infografía).
Las agresiones que se consideran en los pagos son: privación ilegal o arbitraria de la libertad, torturas, padecimiento de violencia sexual, lesiones físicas y sicológicas graves, ejecuciones extrajudicial, desapariciones forzadas y pérdida o destrucción de bienes o vivienda.
El informe indica que la tabla de indemnizaciones fijada por los comisionados se basa en las especificaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su origen hasta 2004. Otro de los factores que influyeron fueron los arreglos sobre indemnización en el marco de soluciones amistosas de casos del Ecuador ante el mismo organismo internacional.
También se tomaron en consideración los montos de reparación asignados en programas de reparación hacia las víctimas adoptados en Latinoamérica, en particular Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Guatemala, Perú y Colombia.
Otras de las recomendaciones finales del informe es que el Estado ecuatoriano pida disculpas públicas a las víctimas descritas en el documento de la Comisión de la Verdad.
Esta declaración debe ser encabezada por el Presidente de la República, acompañado de sus ministros de Defensa y Gobierno, y de los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, que incluya el reconocimiento de los hechos y acepte la responsabilidad del Estado por las violaciones de Derechos Humanos establecidos en el informe.
Entre las recomendaciones que se les da a las Fuerzas Armadas está la clausura de los sitios que fueron utilizados supuestamente como centros de privación ilegal de la libertad y de torturas, “de manera que nunca más puedan ser utilizados para estos fines y que sean declarados como espacios de memoria colectiva”, reza el documento.
En otro capítulo del Informe de la Verdad, vinculado a la elaboración de una Ley de Víctimas, se emplaza al Estado a conformar organismos que permitan una estructura institucional para la reparación y judicialización de los casos de violaciones a los Derechos Humanos en el periodo entre 1984 y 2008.
La parte central de la propuesta se basa en la creación dos del Comité Interinstitucional de Reparaciones (CIR) y el Comité Interinstitucional de Judicialización (CIJ). Cada uno de ellos agrupará a las entidades del Estado más relevantes para la implementación de las medidas, en aras de que coordinen sus actividades y propósitos.
En otro segmento del apartado de las recomendaciones, se insta al Gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados para que “desmantelen monumentos públicos y eliminen nombres de lugares públicos, incluyendo centros educativos, de personas responsables de violaciones contra los Derechos Humanos.
De la misma forma, se emplaza al Gobierno central a determinar fechas anuales conmemorativas a nivel nacional, provincial o local como homenaje a las víctimas de abusos en el periodo comprendido entre 1984 y 2008.
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