“Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno”, explica Nelson Erazo, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.
Un potente estruendo pone en pausa la comunicación con Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie). “Estamos en medio de una batalla campal. Hay varios helicopteros sobrevolando en distintos edificios y un enfrentamiento en toda esta parte central de la ciudad”, detalla Tapia desde las calles de Quito, donde decenas de miles de indígenas marchan por onceavo día consecutivo con un grito que los unifica: “¡Fuera Lasso, Fuera!”.
Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes intentaba irrumpir este jueves en la sede de la Asamblea Nacional, pero terminó siendo reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Los manifestantes que llegan a Quito desde distintos puntos del país recuperan fuerzas por la noche, albergados en dos universidades, y antes del mediodía se dispersan en distintos grupos. Portan palos, escudos artesanales y wiphalas, la bandera multicolor de los pueblos originarios andinos. Cuando las fuerzas combinadas de soldados y policías atajan su marcha, cambian de rumbo. Desafían el estado de excepción en las narices del gobierno, que sacó a los militares de los cuarteles para tratar de recuperar el control de las calles.
Los indígenas no están solos. Los acompaña la militancia estudiantil, el movimiento campesino y los trabajadores de distintos gremios. “Esta lucha que se levanta en nuestro país tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno. Esta lucha ha estado enmarcada desde el inicio de la presidencia de Lasso, toda vez que su política ha significado el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza”, explica a Página/12 Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).
La mecha del diálogo todavía no enciende
En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el aumento de la nafta encareció el costo de los fletes. Los indígenas alegan que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas. Pero la presión no doblega a un Lasso que considera inviables los reclamos. Acosado y aislado por un reciente contagio de covid-19, el presidente se rehúsa a ceder en las condiciones que exigen los indígenas para sentarse a negociar. Entre ellas se encuentra la derogación del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital, con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.
“Todos los sectores hemos insistido en convocar al diálogo. Sin embargo, al momento el gobierno nacional ha señalado que quiere diálogo pero reprime al pueblo y encarcela a los luchadores sociales. Nos dice que quiere diálogo, pero acaba de establecer decretos presidenciales en donde se pone como elemento central el despido de servidores públicos y continúa con su política de vender las empresas estatales como el Banco del Pacífico”, advierte Erazo. En la misma línea se manifiesta Tapia, quien plantea que el presidente “constantemente llama al diálogo pero no da señales claras de pretender encontrar soluciones a las propuestas de la Conaie”.
El dirigente del movimiento indígena amazónico habla con este diario desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar ubicado en Quito que permanecía tomado por las fuerzas de seguridad y que este jueves fue finalmente abierto a los manifestantes. La posibilidad de volver a ingresar a este lugar para instalar una asamblea popular que defina la continuidad del plan de lucha era una de las condiciones exigidas al gobierno por el presidente de la Conaie y principal promotor de las protestas, Leonidas Iza.
El reclamo también es estudiantil
El lunes pasado, en medio de las movilizaciones, el gobierno ecuatoriano publicó el Decreto 457 que establece lineamientos para “optimizar” el gasto público. Organizaciones sociales y estudiantiles exigen que sea derogado porque, según entienden, incluye la finalización de contratos. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), cree que “la intención de Lasso es debilitar la universidad pública” y que este nuevo decreto lo confirma, ya que “se desvincularán varios docentes en las universidades”.
“Mientras el gobierno se sigue blindando con la policía y se sigue blindando con el FMI, reprime a nuestros compañeros de sur a norte. Por eso queremos denunciar que las universidades publicas están siendo amenazadas por el gobierno para no ser centros de paz y albergue. Hay que decirles como decía el Che Guevara, la universidad debe pintarse de pueblo, debe pintarse de mulato y de indígena”, expresa Chiluisa desde Quito.
El recuerdo de 2019
En octubre de 2019 los movimientos indígenas avanzaron sobre Quito para que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno desistiera de un acuerdo con el FMI que, en la práctica, eliminaba subsidios millonarios a los combustibles. Las protestas fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 muertos y más de mil heridos, obligando a Moreno a dar marcha atrás.
Según Erazo, el escenario actual es “mucho más elevado” que el de 2019. “Tienes un país entero peleando, tienes un país entero levantado”, sostiene el dirigente sindical. De su lado, Tapia expresa que el conflicto puede seguir escalando “en la medida en que el presidente no tenga la sensibilidad para entender lo que está pasando, continúe minimizando los hechos o simplemente dé largas a los pedidos que se están planteando”.
Ecuador: reprimen a manifestantes afuera de la Asamblea Nacional
El país avanza hacia su onceavo día de manifestaciones inicialmente convocados por el movimiento indígena y a las que se sumaron estudiantes y otras organizaciones sociales. El gobierno de Lasso no da señales para derogar el estado de excepción aunque ordenó la desmilitarización de la Casa de la Cultura donde las organizaciones indígenas llevarán a cabo una Asamblea Popular para definir los pasos a seguir.
Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes fue reprimida por la policía en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la capital ecuatoriana. Las manifestaciones en reclamo al aumento del costo de vida llegan al onceavo día sin diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) que encabeza las protestas en las que murieron al menos tres personas y 90 resultaron heridas según registran organizaciones de derechos humanos. El mandatario mantiene el estado de excepción en seis provincias ecuatorianas, pero este jueves atendió uno de los pedidos de la Conaie y desmilitarizó la Casa de la Cultura. En tanto los gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas entre la administración nacional y la confederación indígena liderada por Leónidas Iza. Mientras una mayoría de asambleístas votó a favor de una moción para que los ministros de Interior y de Defensa comparezcan ante el congreso para informar sobre el accionar de la policía y las fuerzas armadas en el contexto del paro
Represión en Quito
La capital ecuatoriana es el epicentro de las protestas del movimiento indígena y a las que se sumaron otras organizaciones sociales ante el aumento a los precios del combustible, así como el costo de vida en general. Por la tarde la movilización encabezada por mujeres y estudiantes llegó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional donde fueron reprimidos por la policía que lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes.
Más temprano la Conaie informó que recuperó y liberó la Casa de la Cultura. “Es un triunfo de la lucha”, aseguró el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a su llegada al centro cultural donde instalarán una asamblea popular para definir los próximos pasos. Ese espacio fue reclamado por los manifestantes tras ser militarizado en medio del estado de excepción impuesto por Lasso en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y Pastaza.
El mandatario, que se encuentra aislado por covid-19, ordenó el repliegue de los militares que estaban en la Casa de la Cultura desde el inicio del paro. “Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura”, aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez en un mensaje grabado.
Unos de 14 mil indígenas llegaron hasta Quito en los últimos días para unirse a las manifestaciones fuertemente reprimidas por la policía nacional, que por su lado también denunció violencia por parte de los manifestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (AODH) registró un muerto en la última jornada en la localidad andina de Tarqui, al sur del país. Según la entidad, al lado del cuerpo de Marcelino Villa, de 38 años, encontraron un cartucho de gas lacrimógeno. Desde el pasado 13 de junio el organismo dio cuenta de 3 muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos.
Mientras que las fuerzas de seguridad informaron que 101 policías y militares resultaron heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados. En el caso de la muerte de Villa la policía aseguró que murió por una cirrosis hepática en “el contexto de las manifestaciones”. Además, las autoridades confirmaron que los 18 policías que habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, fueron encontrados y están bien.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador denunció que uno de sus edificios se encuentra bajo ataque. Además, revelaron que durante la semana manifestantes sustrajeron y quemaron en la vía pública documentación de esa institución.
Los gobernadores piden diálogo
Por otra parte, los gobernadores agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) pidieron al gobierno nacional y a la Conaie una tregua de 24 horas que le permita a las partes ir a una mesa de diálogo. Ante el corte de calles y rutas en la capital y en otras provincias ecuatorianas, los prefectos plantearon establecer corredores humanitarios para abastecer y atender necesidades urgentes en zonas afectadas por los paros.
En esta línea, llamaron a las organizaciones que se manifiestan a respetar la libre circulación en estos corredores. Además, durante la presentación también propusieron que las autoridades nacionales, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural para reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.
Mientras que en la Asamblea Nacional una mayoría aprobó la moción de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que ordena la comparecencia en el pleno y en las comisiones del ministro de Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para informar sobre las acciones de la policía y de las fuerzas armadas durante el paro nacional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones de los 130 legisladores presentes y fue presentada por Jhajaira Urresta, asambleísta de UNES, que en 2019 perdió el ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía mientras participaba de un cacerolazo afuera de su casa.
La parlamentaria por Pichincha indicó que los funcionarios del gobierno de Lasso deben dar cuenta sobre como la fuerza pública coordina sus acciones. “Es claro que se está extralimitando en el desarrollo de las funciones y no sólo están violando derechos consagrados en la Constitución sino también los derechos humanos en general”, precisó Urresta en su presentación. También serán convocados por la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que informen sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la integridad de los niños en el marco de las protestas.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio del Partido Socialista Ecuatoriano presentó una denuncia ante la fiscalía por rebelión y terrorismo durante el paro. “Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe”, señaló en su cuenta de Twitter.
La Conaie participó en varias mesas de diálogo con el gobierno de Lasso para reclamar una baja en los precios de los combustibles que entre mayo de 2020 y octubre de 2021 eran revisados mensualmente. Según Iza, durante las últimas conversaciones en noviembre de 2021 el mandatario se había comprometido a dar una respuesta en un plazo de 15 días y sin embargo siete meses después todavía no tienen soluciones por parte del Ejecutivo.
Según Lasso una rebaja al precio de combustibles es inviable y considera que la protesta es una tentativa para destituirlo. Esta semana el gobierno conservador anuncio algunas medidas como el aumento de bonos de 50 a 55 dólares para el 30 por ciento de la población más pobre. También condonó deudas de hasta 3.000 dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos. Sin embargo, el pedido de Iza por la derogación del estado de excepción en seis de las 24 provincias no está dentro de los planes de presidente
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