Enfrentado a una confrontación cada vez más aguda tanto en el plano social como el internacional, Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente. Según su anunciado diseño, esta consulta popular resultaría más beneficiosa para el oficialismo que unas elecciones anticipadas. En rechazo a la iniciativa, la oposición hace a un lado sus diferencias y se muestra unificada.
El presidente contrataca: Nicolás Maduro ha convocado a una asamblea nacional constituyente, popular y comunal, que reescribiría parte de la Constitución de 1999 y trataría de zanjar el duelo de poderes que ha vivido Venezuela.
La oposición, que lo mantiene en jaque con protestas callejeras desde hace un mes, ha llamado al pueblo “a rebelarse contra la continuación del golpe” encarnado en la constituyente, y sostiene un ritmo diario de marchas, manifestaciones y cierres de vías.
El saldo trágico del mes de confrontación entre manifestantes y fuerzas antimotines, y de la violencia social que aparece en forma de saqueos al desbordarse algunas protestas, es de 34 muertos, más de 600 heridos y un millar de detenidos. Y el descontento callejero, durante años típico de bastiones opositores de clase media, comenzó a extenderse a barriadas populares de Caracas y otras ciudades.
El presidente ha denunciado que las manifestaciones son parte de un libreto de desestabilización que busca un golpe de Estado, con respaldo de gobiernos del continente y de Europa que de manera creciente censuran a Caracas. “Un golpe de Estado está activado y sólo se derrota con la constituyente”, dijo Maduro durante un mitin con sus partidarios el 1 de mayo en Caracas, y sorprendió con la convocatoria.
“Convoco al poder constituyente originario, a la clase obrera, a los campesinos, pescadores, estudiantes, mujeres, indígenas, discapacitados, sexodiversos, a todos, a una constituyente ciudadana, obrera y comunal”, proclamó Maduro. Dos días después entregó al Consejo Nacional Electoral el decreto con la convocatoria, para que se inicie el proceso que lleve a elegir la nueva asamblea “en cuestión de semanas”, según dijo.
La hábil jugada del presidente fue rápidamente respaldada por sus compañeros en otras instancias del Estado, incluido el comandante operacional de las fuerzas armadas, el general Vladimir Padrino, quien expresó “todo el apoyo a esa propuesta democrática, constitucional y popular. Estamos salvando la falta de tolerancia de la derecha”.
La Asamblea Nacional rechazó la convocatoria de Maduro, declarándola inconstitucional, aunque en 16 meses las resoluciones de ese parlamento de mayoría opositora han sido ignoradas por los demás poderes. Internacionalmente la convocatoria fue criticada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Panamá, España y Estados Unidos. Pero, sobre todo, han conservado sus bríos las protestas callejeras. La confrontación sigue servida.
La propuesta.
En un brevísimo decreto, de sólo dos artículos, y en varias declaraciones ante micrófonos, el presidente ha dicho que convoca a una asamblea nacional constituyente integrada por 400 o 500 delegados, la mitad de ellos elegidos con base geográfica, en los 335 municipios del país; y la otra mitad por sectores sociales organizados: comunas, consejos comunales, de abastecimiento, de trabajadores, estudiantiles, campesinos, de pescadores, indígenas, culturales, de grupos que defienden la sexodiversidad y de las “misiones”, como se denominan los programas sociales, sostenidos por el Estado, en una lista todavía no exhaustiva.
De esas organizaciones sociales, mencionadas a título enunciativo hasta ahora, la mayoría han sido creadas por o son sostenidas desde el gobierno. Al mismo tiempo no son entidades de límites precisos sino un campo difuso que deberá ser delimitado a fin de precisar su participación en la constituyente. No se conoce, por ejemplo, de manera segura o auditada por terceros, su cantidad ni su número, ni el de sus integrantes. Tampoco comparten modelos para designar sus autoridades o representantes, con la cooptación como una práctica frecuente. Los consejos comunales, por ejemplo, son auspiciados por el Estado, a tal punto que en años recientes muchos de ellos que trataron de organizarse (en remplazo de viejas juntas vecinales) en zonas donde los opositores son mayoría, no fueron legalmente reconocidos por las autoridades y cayeron en desuso. El gobierno reivindica que en el país hay 1.800 comunas (reunión local de consejos comunales), y hay algunas emblemáticas, pero en ninguna parte se consigue data precisa sobre cuáles son, dónde están o cuántos integrantes tienen.
A través de estos sectores, que con frecuencia operan como brazos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el oficialismo podría conseguir la mayoría de delegados afines para la asamblea constituyente.
Aún no se ha dicho si la otra mitad de los constituyentes, con base municipal, se elegirían respetando la distribución poblacional o si se empleará otro criterio, por ejemplo asignando un diputado a cada municipio, lo cual favorecería a las zonas relativamente despobladas de provincia, donde el oficialismo es mayoría, en detrimento de otras muy pobladas donde la oposición es mayoritaria.
El mandatario también afirmó que la elección territorial será “de carácter ciudadano, no de postulados por partidos políticos”, aunque más adelante dijo que las fuerzas de oposición podrán participar.
Las bases para la elección de la constituyente, es decir, quiénes podrán votar y en cuáles instancias, quiénes podrán ser elegidos, cómo se conformará la asamblea y cuál es su propósito, aún se desconocen. Maduro designó a varios de sus colaboradores más cercanos para que integren una comisión que hará consultas a fin de determinar, y luego decretar, las bases del proceso.
Dice la Constitución.
La Carta Magna consagra tres de sus 350 artículos a la Asamblea Nacional Constituyente (Anc). El 347 dice que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de ese poder, puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Una reforma parcial o unas enmiendas no ameritan una constituyente, sino otros procedimientos, siempre sujetos a la posterior aprobación por el electorado.
El artículo 348 dice que “la iniciativa de convocatoria a la Anc podrán tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los concejos municipales en cabildos, mediante el voto de dos terceras partes de los mismos, o el 15 por ciento de los electores”.
Y según el artículo 349, el presidente no podrá objetar la nueva Constitución y los poderes constituidos no podrán objetar las decisiones de la Anc.
La Carta Magna vigente no precisa cuál debe ser la composición de una asamblea constituyente, ni sus delimitaciones. Estos aspectos quedarían al criterio de la comisión presidencial designada para determinarlos, la cual, según se anunció, consultará las normas de la nueva constituyente con todos los sectores dispuestos a presentar sus puntos de vista.
Juristas y políticos se han entregado al debate: ¿corresponde al presidente la convocatoria de la Anc o solamente tomar la iniciativa para que sea el pueblo quien convoque? No es un detalle menor y remite a la confección de la actual Constitución de 1999.
El antecedente.
El entonces recién elegido presidente Hugo Chávez (1999-2013) primero consultó al electorado mediante referendo si quería una constituyente, si aprobaba las “bases” para ésta –las normas sobre su composición, elección, sus tareas y los límites que se pondrían a la redacción de la futura Constitución–, luego de haberla presentado como una propuesta central de su campaña electoral en 1998. Tras el sí en ese referendo, se llamó a la elección de los 131 constituyentes sobre una base exclusivamente territorial, atendiendo a la distribución espacial de la población. Las postulaciones para asambleístas fueron nominales: los aspirantes debieron recoger firmas para presentarse. Una vez que la asamblea constituyente hubo redactado la nueva Carta Magna, el pueblo fue llamado a aprobarla o no en un referendo. Y así fue aprobada.
Los dos ministros que integran la comisión que prepara las bases de lo que sería la nueva asamblea constituyente, Elías Jaua y Aristóbulo Istúriz, argumentan que ya no es necesario proceder de la misma manera que en 1999, porque la Constitución anterior, de 1961, no contemplaba la posibilidad de una constituyente, mientras que la actual sí. Los responsables oficialistas sugieren así que se pueden obviar varios de los pasos en beneficio de la decisión presidencial.
La oposición, por ejemplo por boca del jefe socialdemócrata Henry Ramos Allup, replica que todas las normas constitucionales son de derecho estricto e interpretación restrictiva, y si no señala expresamente una atribución –decidir cómo se integra una constituyente, cómo se elige, cuáles serán sus funciones– el presidente no puede atribuírsela.
El debate podría resultar interminable.
El apoyo popular.
En la lucha de la oposición por ganar el poder, y del “chavismo” por retenerlo, se desplazan las mayorías electorales. Desde 1998, cuando se eligió a Chávez por primera vez, hasta 2013, cuando fallecido el líder se eligió a Maduro como remplazo, las mayorías, sólidas unas veces y apenas sobrepasando el 50 por ciento en otras ocasiones, favorecieron al oficialismo en 16 de 17 consultas.
Bajo el mandato de Maduro las tendencias se invirtieron. En la elección parlamentaria de diciembre de 2015 la multicolor coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud) consiguió 57 por ciento de los votos y 112 de los 167 diputados (el Tribunal Supremo disminuyó luego los escaños opositores). Todas las encuestas conocidas en los últimos dos años han mostrado un declive acentuado del respaldo a Maduro y su gobierno, en el marco de una severa crisis económica con recesión, escasez, inflación, cierre de empresas, depreciación de la moneda y deterioro de servicios públicos. La reprobación al presidente supera el 80 por ciento en la mayoría de los sondeos, y dos tercios del electorado se inclinan por la Mud.
Maduro convocó a la asamblea constituyente mientras la oposición exige que se defina un calendario electoral. El poder electoral difirió sin fecha la elección de gobernadores regionales, que debió efectuarse a finales de 2016. En 20 de los 23 estados hay gobernadores oficialistas. También deberían celebrarse este año las elecciones municipales. El mandato de Nicolás Maduro concluye en enero de 2019 y requeriría una elección en diciembre de 2018, pero la oposición exige adelantar la elección presidencial y confía en victorias contundentes que la acerquen a la conquista del poder.
Durante 2016 la oposición buscó usar su fuerza electoral para adelantar el fin del sexenio del presidente con disposiciones parlamentarias, atajadas por el Tribunal Supremo, y también buscando firmas para un referendo revocatorio de su mandato, aunque este proceso fue enlentecido por el Consejo Electoral y desechado luego por orden de varios tribunales.
La oposición también exige la libertad de más de cien presos políticos (término rechazado por el gobierno, que les llama políticos presos), reconocimiento de las facultades del parlamento y apertura de un “canal humanitario” para alimentos y medicinas de gobiernos y organizaciones del extranjero.
El oficialismo contrapropuso una mesa de diálogo para encarar el conjunto de la situación, exigió sometimiento a las decisiones del Tribunal Supremo y del Consejo Electoral (con miembros designados antes de 2016) y, sobre todo, que la oposición renunciase a buscar atajos para recortar el mandato de Maduro.
El juego lucía trancado. Ahora el presidente colocó un as sobre la mesa: convoca a una constituyente bajo un diseño que le permitiría organizar una consulta popular y, además, ganarla.
Oposición alineada.
Como resultado del llamado a la constituyente, la oposición hace a un lado sus diferencias. Las hay, de liderazgos, aspiraciones, grupos e intereses. La principal corría entre quienes procuraban a todo trance conseguir las elecciones regionales y quienes juzgaban esa posibilidad como un logro inútil mientras no se procurase sacar a Maduro del poder. Pero la nueva jugada del gobierno liquida las aspiraciones de todos ellos, porque la constituyente podrá, mientras dure en funciones, cerrar el parlamento, disponer nuevos calendarios electorales para nuevos mandatos o reordenar toda la vida política del país.
Los grupos y dirigentes de la Mud que a menudo rivalizaban en público ahora lucen sólidamente unidos aupando la protesta callejera e insistiendo en su orientación pacífica, a pesar de los excesos de exaltados y de la dura represión. El discurso opositor de que Venezuela ha entrado en una dictadura ha ganado adeptos en las bases que a diario se manifiestan en las calles.
La dirigencia partidista y del Estado, incluida la de las fuerzas armadas, ha respaldado al presidente. La envergadura de la jugada, la presentación del anuncio y la designación del grupo de colaboradores para conducir el proceso dan cuenta de que el llamado a una constituyente fue calculado como una puesta en escena que conduzca a superar con éxito la coyuntura y facilite la continuidad en el poder de quienes lo detentan.
Sin embargo, ya hay tímidos disensos. El diputado oficialista Eustoquio Contreras, de Vanguardia Bicentenaria, un pequeño grupo aliado del Psuv, expresó su desacuerdo. Ha trascendido que otros dirigentes tienen reservas sobre la convocatoria de la constituyente. Desde las instituciones podría llegar algún mensaje adverso, como ocurrió hace un mes, cuando la fiscal general, Luisa Ortega, consideró como “ruptura del orden constitucional” dos decisiones del Tribunal Supremo y forzó a los magistrados a hacer rectificaciones. Pero el mayor riesgo, por el momento, es que el llamado a una constituyente no despierte entre los seguidores del oficialismo un entusiasmo equivalente a la decisión de trancarlo que lleva a la calle a los opositores, quienes seguramente llamarán a la abstención.
En lo inmediato es la protesta callejera la que mantiene en vilo a la opinión pública de la región, porque crece la resistencia que los manifestantes, y con ahínco sus vanguardias juveniles, presentan a las fuerzas antimotines. El resultado, no deseado por ninguno de los bandos según sus declaraciones, ha sido una escalada de la violencia política, para preocupación manifiesta de sus vecinos latinoamericanos. El panorama de confrontación presenta rasgos de que esta escalada continuará.
Recuadro
El espacio exterior
Los reflectores de la diplomacia y la opinión política en el continente y algunas plazas de Europa continúan enfocados sobre Venezuela. El Consejo de la Organización de Estados Americanos (Oea) decidió, por 19 votos contra diez, cuatro abstenciones y una ausencia, convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar el tema Venezuela. Posiblemente para la segunda quincena de mayo.
El gobierno venezolano se adelantó y decidió ser el primer país que abandona la organización. La carta iniciando el proceso debió recibirla el secretario general, Luis Almagro, a quien el oficialismo venezolano acusa de ser articulador de la ofensiva internacional en su contra.
Maduro y otros portavoces recordaron el calificativo de “ministerio de colonias” de Estados Unidos, que hace décadas acuñó para la Oea el líder cubano Fidel Castro, y anunciaron que desconocerán cualquier medida de la organización que les afecte.
En paralelo, Caracas pidió a El Salvador, presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac, que a diferencia de la Oea incluye a Cuba y excluye a Canadá y Estados Unidos), que convocase a reunión de cancilleres para tratar el mismo tema.
La reunión, el martes 2 en San Salvador, discurrió sin logros. La mayoría de los países enviaron funcionarios de segundo nivel, no se precisó cuántos cancilleres asistieron, y siete naciones estuvieron ausentes: Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Con esos elementos, según trascendió de la reunión a puertas cerradas, se escucharon voces para favorecer el diálogo entre los contendores políticos en Venezuela, pero no se adoptó resolución o documento alguno porque la Celac opera con el criterio del consenso, y con las ausencias señaladas era imposible consensuar resoluciones.
La reunión de la Celac se hizo mientras se difundía el lanzamiento de la constituyente y se producían las primeras reacciones adversas. Para el gobierno brasileño el anuncio de Maduro representa “un golpe de Estado”. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, advirtió que puede significar “la disolución de la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo”, y su par argentina, Susana Malcorra, consideró que la convocatoria “es como echar más leña al fuego”.
En Washington, el subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos, Michael Fitzpatrick, criticó que Maduro quiera “cambiar las reglas de juego cuando el partido ya va por la mitad”.
Mientras tanto, un grupo bipartidista en el Senado estadounidense promueve una ley de sanciones para altos funcionarios venezolanos que violen derechos humanos.
Las opiniones críticas de otros gobiernos son puntualmente replicadas por la cancillería venezolana. “Venezuela es soberana ante los ataques de injerencia extranjera”, subraya la canciller, Delcy Rodríguez.
Queda por ver cuánta aceptación tendrá la nueva iniciativa de Maduro –pues al fin y al cabo implica llevar ciudadanos a las urnas electorales–, la cual también será ponderada por los vecinos de Venezuela en la medida en que abone un preciado bien internacional: la estabilidad.
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