El cacareado derecho a la privacidad de un ciudadano tiene sus límites. No exactamente el de sus deberes (cosa que el ciudadano conoce o debería conocer), sino el de las incontables restricciones, salvedades, prohibiciones que, con precisión microquirúrgica, figuran en los documentos que en algún momento toca suscribir: préstamos, créditos, hipotecas, garantías, transporte de personas o mercaderías, seguros médicos, etcétera.
¿Quiénes se detienen a revisar la letra chica de esos documentos? No me refiero a aquellos en que entran en juego fortunas o grandes bienes pecuniarios, que suelen ser interpretados por abogados, notarios, peritos de lo que sea. Estoy pensando en esos contratos amables que, por ejemplo, suscribimos a ciegas con un servidor en Internet.
Digamos, Google. Una de las empresas que algunos asocian con el big brother orwelliano y que, a Dios gracias, velan por el derecho a nuestra privacidad con blindajes, candados, contraseñas seguras, la mar en coche. Tampoco es cosa de caer en fatalismos. Tengo sobre la mesa una vieja entrevista con Nikesh Arora, quien era responsable de Google Europa ( El País, España, 16/4/06).
Titulada Debemos tener cuidado de gente como nosotros, y un subtítulo no menos sugestivo (la competencia que preocupa a Google es de la que aún no hemos oído hablar), el señor Arora decía algo interesante: No puedes operar en un país sin cumplir las leyes. Hemos hecho dos cosas: no ofrecemos blogs o correo, porque requiere guardar información personal y no podemos garantizar su privacidad, e informamos a los usuarios cada vez que bloqueamos una búsqueda.
Pues bien. Eso fue, exactamente, lo que aconteció en días pasados con el periodista Carlos Aznárez, director fundador de Resumen Latinoamericano, importante periódico impreso y virtual, y estrecho colaborador de Rodolfo Walsh en la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla), hasta el día de su desaparición por la dictadura cívico-militar argentina (1976-83).
No voy a extenderme en la trayectoria profesional de Aznárez. Si no lo conoce, pique usted Google con su nombre y tendrá una idea aproximada de un bronce del periodismo latinoamericano, con más de 50 años en las luchas revolucionarias, uno de los millones de usuarios de Google Argentina y, además, amigo de quien suscribe.
Denuncia Aznárez: “Días atrás, recibí en mi casilla de correos un mail de la empresa Google (escrito en inglés), en el que me informaba que ‘en el plazo de diez días’ Google debería facilitar el acceso a todos mis correos en función de una intimidación formulada en el juzgado de primera instancia de lo penal, contravencional y de faltas No. 28, donde está radicada la causa penal 7271/15”.
Sigue: De esta singular manera, me enteré de un increíble atropello a mi privacidad como periodista, ya que se trata de correos que habitualmente utilizo para intercambiar información con otros colegas o con diferentes medios de comunicación, amén de las lógicas direcciones personales que cualquiera pueda tener en su casilla. Dicha intromisión se basa en una denuncia penal formulada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que me acusa lisa y llanamente por ser solidario con el pueblo palestino.
Sigue: “La DAIA y sus abogados se personaron ante la fiscalía 25 para acusarme de ‘organización y propaganda discriminatoria’, blandiendo el argumento de ‘antisemitismo’… La DAIA se refiere a mi participación en una actividad solidaria con el pueblo palestino en agosto de 2014, cuando toneladas de bombas israelíes caían sobre Gaza, y provocaban miles de muertos inocentes –con un alto porcentaje de niños y niñas– entre la población de esa ciudad, así como hoy ocurre en Cisjordania”.
A inicios de aquel año, en una conferencia en Las Vegas, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo: La privacidad ya no es una norma social. Por lo que Google, Facebook, Microsoft y otras compañías de Internet acostumbran a entregar datos privados a los servicios de inteligencia y jueces que los requieran. En el marco de la ley, claro.
De hecho, Google se asoció en 2010 a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en nombre de la seguridad cibernética. Y así como en el caso de Aznárez, Tel Aviv pidió eliminar el canal argentino Annur Tv, de You Tube, por publicar una entrevista del rabino David Yisroel Weiss, de Judíos contra el sionismo. La denuncia apareció en el sitio www.change.org, y la entrevista al rabino en http://chn.ge/1PcCuev.
¿Qué dijo Weiss? Dijo que el sionismo es el fascismo del siglo XXI, y que los sionistas no son judíos. ¿No hay leyes contra la discriminación en Estados Unidos? Pero a Tel Aviv le resulta más fácil denunciar a Eduardo Galeano, Noam Chomsky, James Petras y Rubén Saboulard, director de la revista argentina La Maza, que en agosto de 2014 publicó en sus páginas artículos antisemitas de los nombrados. ¿Qué, si Galeano murió? Da igual. La DAIA radicó la denuncia contra La Maza en la fiscalía 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quiere que todos vayan presos.
¿Quiénes, entonces, manipulan los hilos del gran hermano?
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