Las agencias calificadoras Standars & Poors y Fitch rebajaron a ‘default’ parcial la deuda soberana del país sudamericano después de incumplir con el pago de los intereses de dos bonos

La profunda crisis institucional y económica que atraviesa a Venezuela sufrió este martes un duro golpe que aboca sus finanzas públicas a un nuevo abismo. La temida suspensión de pagos ha alcanzado al país tres días después de que el presidente Nicolás Maduro jurara que jamás llegaría. La agencias de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) y Fitch rebajaron la deuda soberana en divisas extranjeras del país sudamericano. La decisión llega después de un impago de 200 millones de dólares correspondientes a los intereses de los bonos que vencen en 2019 y 2024.

La decisión de las agencias llevan a Venezuela a un incumplimiento parcial de los pagos que, sin embargo, no afecta el endeudamiento en moneda nacional a corto y largo plazo. S&P —que bajó la calificación de CC/C a SD/D (default selectivo) a la deuda emitida en divisas extranjeras— mantuvo la nota para la deuda nacional, aunque con una expectativa negativa en cuanto a las perspectivas. La firma calcula que hay un 50% de posibilidades de que, en los próximos tres meses, el régimen venezolano deje de pagar sus obligaciones. A este anuncio se sumó otra pésima noticia para la estabilidad de un país cuya economía gira alrededor del petróleo. Las agencias Fitch y Moody’s también declararon en suspensión de pagos a Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, PDVSA.

La quiebra, por mucho que sea selectiva, es la bestia negra que ha acechado a Maduro durante su gestión. La pregunta no era si se iba o no a incumplir con los pagos sino el momento en el que los incumpliría. Venezuela atraviesa una tenaz crisis económica derivada de la caída de los precios del petróleo y de la terca insistencia del régimen chavista en mantener un modelo de desarrollo que no genera confianza entre los inversionistas. Apenas cuenta con unos 10.000 millones de dólares (8.478 millones de euros) en reservas internacionales. En las mejores épocas del Gobierno del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, ese colchón giraba en torno a los 30.000 millones.

A principios de noviembre, el jefe del Estado venezolano había anunciado su intención de reestructurar y refinanciar la deuda externa tras pagar, durante su gestión, unos 73.000 millones de dólares que había pedido prestados. El régimen se ha dado cuenta de que, con la menguante producción de petróleo y la necesidad de aumentar el gasto público con vistas a 2018, cuando deberían celebrarse las elecciones presidenciales, iba a ser imposible seguir cumpliendo con sus acreedores como hasta ahora.
Sanciones y negociación

La negociación del pago de los bonos, sin embargo, se anuncia larga y compleja. A la primera reunión convocada el lunes en Caracas con el vicepresidente Tareck El Aissami apenas asistieron acreedores, a los que dirigentes chavistas entregaron una bolsa de café y chocolates, y ninguna concreción sobre su plan. El número dos del régimen leyó un comunicado en el que alegaba que la demora en los pagos obedecía a las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Donald Trump. Y esas restricciones pesan tanto que algunos inversionistas, según informó Reuters, prefirieron evitar escuchar directamente a El Aissami y al ministro de Finanzas, Simón Zerpa. Ambos están en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro y reunirse con ellos le incluiría automáticamente en “la lista negra” de Washington.

La deuda externa de Venezuela asciende a unos 150.000 millones de dólares. De ese monto, alrededor de 70.000 corresponden a títulos de deuda emitidos por el Gobierno y PDVSA. El resto corresponde a créditos con China y Rusia. El Gobierno de Vladímir Putin es el único que se ha mostrado dispuesto a arrojar un salvavidas a Maduro en esta crisis. Citando fuentes oficiales, la agencia AFP anunció que ambos países firmarán hoy un acuerdo para reestructurar unos 3.000 millones. Hasta el momento Moscú no ha confirmado ese acuerdo, pero la Embajada de Venezuela en ese país ha convocado a una rueda de prensa para hoy para informar sobre el acuerdo. Es un alivio parcial, pero insuficiente para encarar los gastos de 2018.

¿Cómo se fabrica la noticia del ‘default’ en Venezuela?

Por Nathali Gómez

Los elementos para hacer que un eventual impago se transforme en un verdadero impago están servidos: sanciones financieras y económicas, medidas coercitivas sobre los acreedores y amplia cobertura mediática.

El ‘default’ mediático llega antes que el real. El escenario se prepara lentamente con sanciones económicas, con presión psicológica sobre los tenedores de bonos venezolanos y con una campaña de medios que magnifica transacciones financieras rutinarias.

El pasado domingo el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que el “‘default’ nunca llegará a Venezuela” porque el país suramericano “siempre tendrá una estrategia clara” enfilada hacia la renegociación y reestructuración de la deuda externa, recoge ‘El Mundo’.

Sin embargo, tan solo un día después, Venezuela amaneció con la noticia de que la empresa estadounidense Standard & Poor’s rebajó la calificación de ese país de CC (muy vulnerable) a “default selectivo” debido a el impago de 200 millones de dólares por el cupón de sus bonos 2019 y 2024 dentro del período de gracia de 30 días, recoge El Universal.

El lunes, un grupo de tenedores de deuda venezolana de EE.UU., Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania se reunió en Caracas con el Gobierno venezolano como parte del primer acercamiento para la renegociación y reestructuración planteada por Maduro.

Las autoridades venezolanas calificaron este encuentro como “altamente positivo” y “muy auspicioso”, en un comunicado donde recordaron que en los últimos 36 meses el país suramericano había cancelado 73.359 millones de dólares por concepto de capital reembolsado y de intereses pagados.

Un ‘grato ambiente’ para reunirse

El viernes pasado, una nueva lista de funcionarios sancionados llegaba desde el Departamento del Tesoro estadounidense a Caracas. Sobre este grupo, que está formado por casi 20 miembros del Gobierno, incluido el presidente Maduro, pesaba un veto: “las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano”, agregaba el comunicado de Washington.

Se pedía que no se implicaran en “transacciones, acuerdos, de una manera directa o indirecta” con los funcionarios agregados en la lista del Departamento del Tesoro bajo pena de multas de hasta de 10 millones de dólares y cárcel por un máximo 30 años.

En ese ambiente, donde además se agregaron las sanciones acordadas por el Consejo de la Unión Europea, el pasado lunes se reunieron los tenedores de deuda para acordar el refinaciamiento o restructuración de la deuda en el Palacio Blanco, edificio ubicado en frente de Miraflores, sede del Gobierno, en la capital del país suramericano.

¿Hay impago o no?

El economista Luis Enrique Gavazut, miembro del Observatorio Económico de la Presidencia, explicó a RT que la calificación de Standard & Poor’s es una “declaratoria acelerada”, por el hecho de que Venezuela no canceló 200 millones de dólares.

“Es nada más un pago de intereses, es algo bastante rutinario, de poca magnitud”, afirma Gavazut, si se la compara con la cancelación de intereses de la deuda externa anunciada este martes por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

En su opinión, debe compararse ambos montos: 200 millones de dólares, con los intereses de la “envergadura” de una deuda externa que asciende según la cifras del alto gobierno a alrededor de 150.000 millones de dólares en este momento.

Este anuncio se une a los otros dos pagos de bonos de PDVSA hechos por Venezuela semanas atrás, que suman casi 2.000 millones de dólares y que “fueron los últimos que se podían hacer en esas condiciones”, agrega, antes de anunciar el refinanciamiento y reestructuración de la deuda.
El ‘default’ mediático

Para Francisco González, analista internacional entrevistado por RT, el “‘default’ es mediático”.

“Son los medios los que publican esa información para generar temor en los inversores privados”, expresa, pues eso impide que pueden comprar los bonos y que inviertan en Venezuela.

“Quieren cortar la inversión extranjera en el país”, apunta.

González expone además que esa campaña busca desacreditar al país suramericano y posicionar la matriz de que ya no puede cumplir con sus compromisos financieros.

Asfixiar a Venezuela

En opinión de este profesor universitario, se busca aislar políticamente a Venezuela “hasta que no tenga posibilidades de crédito e ir ahogándola poco a poco”.
Explica además que aunque el tema del eventual impago ha sido posicionado por medios de comunicación en América y Europa, no corresponde a una política de un organismo multilateral.

González coincide con Gavazut en que lo que se busca es “generar temor en los inversores privados” para que no compren bonos, no participen en la renegociación de la deuda y no haya inversión.

Publicado: 15 nov 2017 02:06 GMT

Rusia Today