Con la líder sandinista disidente Mónica Baltodano
En los últimos meses, el gobierno nicaragüense ha endurecido su política de represión de los movimientos sociales y de ataque a las libertades democráticas en busca de evitar un levantamiento como el de 2018. En esta entrevista, la ex comandante guerrillera sostiene que la actual crisis pandémica ha hecho la situación insostenible para las clases populares y que, a pesar de la retórica antimperialista del presidente, el régimen sigue políticas económicas y migratorias diseñadas en Estados Unidos.
Mónica Baltodano, comandante guerrillera durante la revolución sandinista y ministra de Asuntos Regionales en los primeros gobiernos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), rompió con Daniel Ortega en 1998 a raíz de los pactos que el actual presidente nicaragüense fraguó con el derechista Arnoldo Alemán. Desde su actual lugar de militancia, la Articulación de Movimientos Sociales, Baltodano denuncia la tenaz represión del régimen orteguista y teme que las elecciones de noviembre de 2021 no hagan más que legitimarlo.
—¿Cómo describirías la situación que vive en estos momentos Nicaragua?
—Desesperante. La pandemia vino a profundizar la crisis económica derivada de la crisis política y social que se abrió con la sublevación de abril de 2018. Después de dos años de decrecimiento y en camino al tercero, con cierres de centros de trabajo y migración forzada de más de 100 mil nicaragüenses, la pandemia ha profundizado la pobreza general del país. Un callejón sin salida para las grandes mayorías.
A la par, el Estado y todas sus instituciones mantienen un férreo control sobre el pueblo, a través de represión directa –capturas, criminalización de la protesta bajo cargos falsos, asedio y vigilancia permanente sobre los luchadores y la oposición– e indirecta, recurriendo a todas las armas en su poder, como el uso del fisco contra cientos de opositores. El ejemplo más patético es el reciente embargo por deuda fiscal del Canal 12, uno de los tres canales de televisión abierta independientes que quedaban en el país.
En las últimas semanas el control ha sido asfixiante. [Los agentes del régimen] entran a las casas encubiertos como delincuentes y se llevan celulares, computadoras. Dejan rótulos con amenazas, como hicieron con la dirigente feminista María Teresa Blandón. Hay patrullas que siguen durante todo el día a los elementos más visibles de las organizaciones opositoras y decenas de policías rodean las actividades bajo techo, como han hecho recientemente con la Asociación de Madres de Abril, que agrupa a familiares de asesinados por la represión, o con la Asociación María Elena Cuadra, que trabaja con mujeres de las maquilas y cuyo local fue rodeado durante cinco horas. También se usa a grupos paramilitares para rodear las reuniones, arrojar piedras a los participantes y pinchar las llantas de sus vehículos. Ya ha habido heridos graves, como ocurrió a comienzos de octubre con la periodista Verónica Chávez, quien quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras recibir una pedrada en la cara.
—Por lo que puede verse, el régimen busca la forma de perpetuarse combinando la represión con una legislación más estricta contra el movimiento popular. ¿Qué medidas concretas ha tomado en ese sentido?
—Tiene tres proyectos de ley: el de regulación de agentes extranjeros, que califica como tal a toda organización o ciudadano que reciba fondos del extranjero. Obliga a las personas naturales que lo hagan a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación y le da al gobierno facultades omnímodas para intervenir las actividades personales o de las asociaciones, con la discrecionalidad que le permite el control absoluto del Poder Judicial. Establece además que un «agente externo» no puede participar en política, con lo que se busca intervenir en las candidaturas electorales. Otro proyecto es el de cadena perpetua para los crímenes de odio, definidos de un modo genérico, que permite aplicarla a los disidentes políticos. Un tercer proyecto, ya a punto de ser aprobado, es el de ciberdelitos, que la gente ha bautizado como «ley mordaza». Se busca intervenir en las redes sociales e investigar y enjuiciar a los opositores que se expresan por estos medios.
—El régimen se encamina hacia elecciones generales, pero cuenta con la simpatía de sectores económicos y políticos. ¿Podrías detallar un poco estos apoyos?
—Las elecciones se deberían realizar en noviembre de 2021, pero la dictadura no da ninguna señal de cambiar nada. Dado que tiene el control de todos los poderes del Estado, no hay intersticios institucionales a los que recurrir.
Hay sectores del gran capital, principalmente ligados a los bancos y a las inversiones energéticas, que tienen temor a perder todos los privilegios que consiguieron con Ortega. Por eso todavía cabildean para que no se endurezcan las presiones internacionales y se produzcan situaciones que no puedan controlar. Pero lo hacen con mucha discreción para no sufrir más descrédito entre la ciudadanía.
Además, Ortega conserva vínculos con algunos personeros de la Iglesia Católica y con numerosas iglesias evangélicas. Por supuesto, cuenta con el control férreo sobre el núcleo duro del FSLN, que ronda un 20 por ciento del electorado. Pero su apoyo principal descansa hoy en las armas, la Policía, el ejército y las fuerzas paraestatales.
—¿Cómo es la situación de la protesta social? La dificultad para seguir en las calles es evidente.
—Los grupos organizados han desplegado diversas formas de resistencia, que con la pandemia se han debilitado, como los piquetes de agitación sorpresivos en centros comerciales, esquinas y otros lugares públicos. Esos piquetes son inmediatamente rodeados por policías, por eso deben realizarse cerca de un lugar donde la gente pueda refugiarse. Se hacen pintadas, se pegan papeletas de forma clandestina, en la oscuridad de la noche. Se usan profusamente las redes sociales, con «tuitazos» o conciertos virtuales. Se elevan globos con mensajes escritos y los colores de la resistencia: azul y blanco. Pero incluso esas actividades son sometidas a represión. Hace unas semanas hubo una redada contra 40 activistas después de que amanecieron papeletas pegadas con la imagen de Ortega y el lema: «Se va». De todos modos, lo más relevante de la resistencia son los esfuerzos que se hacen para ampliar la capacidad organizativa de la gente.
—La comunidad internacional presiona contra la represión, pero eso no parece surtir efectos prácticos. ¿Cuáles serían los soportes internacionales del régimen?
—Desde que se instaló [en 2019] la segunda fase del diálogo entre el gobierno y la oposición, que duró apenas unas semanas, es obvio que Estados Unidos apuesta a lo que llamamos «aterrizaje suave». Para ellos eso significa llegar a las elecciones de 2021 a cualquier precio. La propuesta de la gente, sin embargo, era «¡que se vayan!»: que las autoridades renuncien y se forme un gobierno de transición que prepare nuevas elecciones. Para algunos de nosotros es un suicidio ir a elecciones con Ortega controlando todo.
Así como Ortega despliega eventualmente una retórica antimperialista, el gobierno de Estados Unidos se ha ido en pura retórica antiorteguista. Es cierto que hay sanciones personales a 24 allegados al régimen, incluida la vicepresidenta y tres hijos de la pareja, pero los efectos reales son dudosos. En la práctica, Ortega sigue las mismas políticas del Consenso de Washington y la doctrina de seguridad y migración que favorece a Estados Unidos, pero es obvio que ahora no le garantiza al imperio, ni en Nicaragua ni en la región, la misma estabilidad que antes de 2018.
A nivel internacional, Ortega recibe aún el apoyo de algunos Estados, como Cuba, Venezuela, Rusia e Irán y de algunos partidos comunistas, pero ha perdido terreno. Si nos atenemos a la votación de la última resolución sobre Nicaragua del Parlamento Europeo, que exhorta a no aprobar las leyes represivas de las que hablaba anteriormente, Ortega también tiene el respaldo de algunas fuerzas de la ultraderecha fascista.1
—Desde la distancia da la impresión de que Venezuela se ha erigido en ejemplo: los que mandan resisten al pueblo apoyados en la fuerza militar y policial y en una base reducida pero muy fiel.
—Así es. Es sorprendente cómo el régimen de Ortega copia medidas que han aplicado en Venezuela y viceversa. Comparten un modelo común de sobrevivencia en el poder a cualquier precio. Pero aquí no hay petróleo.
—¿Cómo ves el futuro inmediato?
—El aplastamiento de la sublevación popular invirtió el orden de prioridad nacional. Para el gran capital, salvar la economía es lo principal. La democracia y los derechos humanos pueden esperar. Los más de 100 presos políticos y los exiliados también pueden esperar, mientras el país vive de facto bajo estado de sitio, con todas las garantías y derechos conculcados, lo que hace enormemente compleja la recuperación de las calles como escenario político.
La dictadura, pues, coincide con el gran capital en una «salida realista»: la realización de elecciones en noviembre de 2021, como sea. Aunque se hagan bajo las mismas reglas de juego imperantes ahora. Ortega juega con el tiempo y busca reformas cosméticas para quedarse, sino con el Ejecutivo, al menos con una fuerza suficiente en el parlamento y con sus incondicionales en el ejército, la Policía y demás poderes del Estado. Este sería el escenario más nefasto.
Un segundo escenario sería lograr la libertad para todos los presos políticos y, con el pueblo en las calles y con las organizaciones populares como actores, conseguir que se den elecciones, pero tras reformas electorales profundas. Conseguir, por ejemplo, nuevas autoridades en el Consejo Supremo Electoral y en todo el aparato institucional, la depuración del padrón electoral, la posibilidad de construir coaliciones independientes no sometidas a los partidos legales y la vigilancia internacional del proceso.
Un tercer escenario posible es que los sectores más reaccionarios de Estados Unidos logren unir a la derecha oligárquica clásica, banqueros, importadores, terratenientes, políticos pactistas (que hasta 2018 eran aliados de Ortega), con elementos de las fuerzas armadas y apuesten a una acción de fuerza o a un relevo político concertado vía elecciones.
Otra posibilidad es la de una nueva sublevación: que las extremas restricciones que vivimos abonen la conciencia para una sublevación que saque a Ortega del poder y se creen espacios para una transición democrática. El régimen sabe que esto puede ocurrir, por eso mantiene sus planes represivos a pleno vapor. Este escenario supone colocar la agenda social por encima de la politiquería, construir coaliciones que giren en torno a las necesidades más sentidas del pueblo y centrarse en la organización de la resistencia para mantener desde la calle las reivindicaciones de las y los luchadores insurrectos y de los héroes asesinados desde abril.
La dictadura no da espacio ni respiro, vivimos bajo un régimen del terror, pero el pueblo ha logrado ya una victoria estratégica que será clave frente a cualquier escenario. Hemos logrado sobrevivir, resistir. Estamos de pie ante la política del miedo y el terror. Cada día que nos organizamos y resistimos somos más fuertes y estamos más cerca del fin de la dictadura.
Por Raúl Zibechi
13 noviembre, 2020
- La resolución del Parlamento Europeo del 8 de octubre tuvo 694 votos a favor, 64 abstenciones y 21 votos en contra. De estos últimos, ocho provinieron de la ultraderecha, uno de un nacionalista conservador, diez del GUE (izquierda europea) y dos del Partido Comunista griego.
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