Casi dos meses después de las elecciones, el candidato del Psoe, Pedro Sánchez, intenta alcanzar acuerdos “transversales” para formar un gobierno “progresista y reformista” en el Estado español. Para conseguirlo, promete derogar las reformas salvajes de los conservadores y cambiar algunos capítulos de la Constitución. Nervios en el Partido Popular.
“No sé si felicitarte o darte el pésame”, dice un viejo refrán. En este invierno europeo, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, podría ser perfectamente su destinatario: desde hace diez días intenta conseguir los apoyos necesarios para ser designado como presidente de España. Así se lo encargó el rey Felipe VI, quien tomó esta decisión tras mantener una nueva ronda de reuniones con los portavoces de todos los partidos con representación parlamentaria. Sánchez recogió el guante y puso manos a la obra. Sin embargo, España es tan ingobernable hoy como podría serlo mañana, ya sea con un presidente socialista o con unas nuevas elecciones. El panorama, reconocen desde filas socialistas, sigue siendo muy poco esclarecedor.
Siguiendo los pasos estipulados por la Constitución de 1978 –texto aprobado tras el final de la dictadura franquista–, el monarca entendió que el líder socialista tiene posibilidades de conformar gobierno, por lo que decidió encomendarle esa tarea. En realidad el Psoe quedó segundo en las elecciones del pasado 20 de diciembre, por detrás del PP. Sin embargo, el actual presidente en funciones y candidato a la reelección por la formación conservadora, Mariano Rajoy, no ha sido capaz de encontrar respaldo suficiente para mostrarse como una opción creíble ante Felipe VI. Después de tachar su nombre, el rey se inclinó por Sánchez.
“Yo voy en serio”, lanzó el candidato socialista tras conocerse el encargo de la corona. Para demostrarlo, el Psoe se encargó de filtrar a la prensa los nombres del equipo negociador que había designado el candidato de cara a las reuniones con sus posibles socios de gobierno. En ese ámbito entra Podemos, la formación de izquierdas liderada por el profesor universitario Pablo Iglesias, que en las elecciones de diciembre pasado quedó en tercer lugar. De hecho, fue el propio Iglesias quien algunos días antes había invitado a Sánchez a formar un gobierno de coalición, en el que también estaría dispuesto a entrar Izquierda Unida.
Sin embargo, el candidato socialista ya había adelantado que hablaría “con la izquierda y con la derecha”, en un guiño a otro partido emergente: Ciudadanos, capitaneado por Albert Rivera. En las elecciones europeas de 2009 Rivera y los suyos acudieron a las urnas bajo la marca de la coalición Libertas, que representaba a lo más ultra de lo ultra. Hoy mantiene un discurso liberal en lo económico y ultranacionalista en lo territorial, lo que le ha permitido atraer a votantes desencantados con el PP y sus innumerables escándalos de corrupción. Si bien las encuestas auguraban un ascenso brutal de esta nueva marca de la derecha, en realidad quedaron cuartos, bastante lejos de las previsiones iniciales. Ese fracaso fue también el del PP, que se quedó sin un socio potente para mantener a Rajoy en el poder.
“UN TIEMPO NUEVO”
Fue en este contexto que el equipo negociador del Psoe comenzó a explorar los posibles acuerdos para formar un gobierno “de cambio, progresista y reformista”. “Todos los españoles deben tener cabida en el cambio. El cambio será de todos los ciudadanos o no será”, afirmó el candidato socialista en el comienzo de las negociaciones. Según trascendió en las últimas horas, las conversaciones se prolongarán durante lo que queda de febrero, mientras que el pleno de investidura –en el que los diputados electos en diciembre deberán pronunciarse sobre la candidatura de Sánchez a la presidencia– podría tener lugar el 2 de marzo.
Antes de que llegue ese día el Psoe intentará tejer las mayorías necesarias para gobernar. Para ello la dirección socialista elaboró un documento de 53 páginas en el que fija las bases de lo que denomina como “un tiempo nuevo” para España. “El resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre plantea un escenario político nuevo, muy diferente al que hemos conocido durante los 37 años de democracia constitucional –sostienen en ese documento–. Se han multiplicado, a izquierda y derecha, los actores políticos. Se ha incrementado el pluralismo de las Cámaras y se ha puesto fin a un largo período de mayorías claras de un solo partido. Y la capacidad de formar un gobierno estable ya no está predeterminada, sino que tendrá que responder a acuerdos entre fuerzas políticas diferentes.”
Frente a esa realidad, el partido liderado por Sánchez cree que “existen condiciones suficientes de confluencia” para impedir un nuevo mandato del PP. Para ello la oferta del Psoe gira en torno a varios puntos esenciales en la España actual, severamente golpeada por años de crisis. De hecho, el documento presentado por los negociadores socialistas plantea “consolidar una recuperación económica justa y ambientalmente sostenible”, lo que abarcaría un programa de estabilidad presupuestaria y una “reforma fiscal progresiva”. En el ámbito laboral, plantea la derogación de la reforma desreguladora impulsada por el PP, que abarató el despido, quitó derechos a los trabajadores y facilitó los desmanes de los empresarios.1
No en vano la gestión de Rajoy deja como saldo unos niveles de pobreza alarmantes, especialmente entre la población infantil. De acuerdo a los datos ofrecidos por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en España tres de cada diez niños se encuentran en riesgo de exclusión social. De hecho, el PP concluyó su mandato con un 22,2 por ciento de la población afectada por la pobreza, lo que equivale a casi 10,4 millones de personas. “Tener un trabajo o una pensión no garantiza no sufrir ese riesgo. Hay personas adultas con trabajos o pensiones en el 11,8 por ciento de los hogares en la pobreza, y un 2,1 por ciento que sufren tanto pobreza como privación material severa, y que disponen de alguno de esos ingresos”, destacaba la Red Europea en un informe presentado a finales de 2015. La propuesta de gobierno del Psoe incluye un “plan de emergencia social” que buscará “reducir las desigualdades sociales, combatiendo la pobreza y fortaleciendo los sistemas de protección social del Estado de bienestar”. Además, Sánchez se ha comprometido a “reforzar los derechos y libertades” de la población, que también ha visto mermadas sus garantías democráticas por polémicas normativas impulsadas en solitario por el gobierno de Rajoy, como la restrictiva “ley mordaza” y la reforma del Código Penal.
NO A UN PROCESO CONSTITUYENTE
Otro capítulo clave del documento socialista es el relativo a una revisión de varios apartados de la Constitución. Según se explica en el mencionado documento, se intentará “asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal” del Estado. En cualquier caso, dejan bien claro que no se tratará de abrir un “proceso constituyente” –como ha reivindicado Podemos en innumerables ocasiones–, sino de “mantener los principios e instituciones esenciales”, así como “fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad”.
Para ello el Psoe plantea la creación de una subcomisión en el Congreso que tendría como único objetivo estudiar la posible reforma de la Constitución. Su puesta en marcha se produciría en el plazo de 30 días y tendría un tiempo estipulado de trabajo de seis meses, en los que sus componentes analizarían los posibles cambios constitucionales. Sin embargo, sus debates no valdrían para mucho: el PP conserva la mayoría absoluta en el Senado, por lo que todas y cada una de las reformas que quieran realizarse deberán contar con el visto bueno de los conservadores. En caso contrario, todos y cada uno de los intentos caerán en saco roto.
Conscientes de esta situación, los posibles socios de gobierno del Psoe han recibido con cautela su oferta de alianza. El portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, sostuvo que todas las promesas podrían quedar en el aire si no hay una coalición efectiva entre su partido y el de Sánchez. Por tales motivos, Errejón reiteró que la única garantía de conseguir un verdadero “gobierno de cambio” es que Podemos forme parte de él. El “cómo” ya lo aclaró hace varios días Pablo Iglesias: la vicepresidencia y varios ministerios de peso –entre los que podrían estar Interior, Defensa o Economía– serían ocupados por miembros de esta nueva formación.
DUDAS SOCIALISTAS
Al menos públicamente, el Psoe se resiste a hablar de quiénes ocuparían los distintos cargos en un gobierno progresista. De hecho, su candidato ni siquiera ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, aunque sabe que sería imposible sumar a Podemos, cuyos principales portavoces han reiterado varias veces que Sánchez debe decidir a quiénes prefiere como hipotéticos socios de gobierno. “Un acuerdo del Psoe con Ciudadanos es un acuerdo del Psoe con el PP”, dijo Iglesias en una entrevista ofrecida el pasado lunes a la Cadena Ser, donde también aclaró que su partido votaría en contra de ese pacto.
A estas horas (mañana española de ayer jueves), Sánchez tiene dos alternativas: a Ciudadanos –para lo que necesitaría la abstención del PP en la sesión de investidura–, o Podemos e Izquierda Unida. En este último caso, también necesitaría los votos a favor de las formaciones nacionalistas vascas o catalanas, algo que no acaba de concretarse. Al parecer los seis diputados del Partido Nacionalista Vasco (Pnv) podrían sumarse a ese acuerdo con el Psoe y Podemos, aunque fuentes de dicha formación han indicado que no se pronunciarán hasta comprobar si Sánchez e Iglesias son capaces de ponerse de acuerdo.
Si se llegase a ese escenario, los nacionalistas pondrían sus exigencias sobre la mesa. En principio, no habría nada que el Psoe y Podemos no pudiesen digerir: según comentan desde la sede del Pnv, sus planteamientos irán encaminados a “profundizar” el autogobierno vasco y agilizar el proceso de paz en Euskadi, principalmente en materia penitenciaria –lo que implicaría el traslado de los presos de Eta y de otras organizaciones de la izquierda independentista a cárceles vascas, poniendo fin a la política de dispersión territorial que se aplica contra ese colectivo.
miedo, miedito, miedo. Mientras, en el PP aumenta el nerviosismo. Agobiados por un posible fin de ciclo, “los populares” se dedican a lanzar alarmas sobre un posible gobierno de cambio en España. La penúltima historia estuvo a cargo del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, conocido por sus habituales salidas de tono. En esta ocasión aprovechó una entrevista en la Cadena Cope –propiedad de la Conferencia Episcopal Española y muy próxima al PP– para alertar que una coalición del Psoe y Podemos con apoyo del Pnv resultaría “letal para España”. Fernández Díaz aseguró que existe una “agenda oculta” en las negociaciones que esos tres partidos mantienen actualmente. “Eta está esperando como agua de mayo un gobierno del Psoe con Podemos”, dijo, volviendo a echar mano del cuco etarra. Tras conocer estas declaraciones, el Partido Socialista anunció que pedirá la comparecencia urgente de Fernández Díaz en el Congreso para que explique sus palabras. “El PP cada vez que se ve desesperado vuelve a utilizar el terrorismo con fines políticos”, denunció Carme Chacón, actual diputada y ex ministra de Defensa en el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. También hubo quejas desde Podemos y el Pnv. Ya sea en una formación u otra, todos llegaron a la misma conclusión: Rajoy está muy nervioso. En los próximos días se sabrá si tenía motivos para estarlo.
N de R. Además de la llamada “ley mordaza”, que reprime con cárcel y con multas siderales protestas sociales banales, el gobierno de Rajoy ha recurrido insistentemente a un artículo del Código Penal aprobado durante el franquismo –y que había caído en desuso– para intentar llevar a la cárcel a sindicalistas por participar en piquetes o ejercer el derecho de huelga. Más de 300 han sido procesados por esos “delitos”. Esta semana comenzó el juicio a ocho dirigentes sindicales de la empresa Airbus para los cuales la fiscalía, basándose en testimonios incluso contradictorios de vigilantes de la fábrica, pide ocho años de prisión para cada uno.
Disparen sobre los titiriterosDos titiriteros españoles son acusados de “apología del terrorismo” por un espectáculo satírico en los carnavales de Madrid. El juez que los encerró fue policía durante el franquismo. Alfonso Lázaro y Raúl García, dos titiriteros de convicciones anarquistas, jamás habían imaginado que podrían llegar a salir en la portada del Financial Times. No lo creían ni esperaban, pero ocurrió. El pasado martes 9 el afamado periódico británico llevaba a su tapa la curiosísima situación desatada en España, donde ambos artistas habían sido encarcelados por el contenido de su espectáculo de títeres. ¿El motivo? Las marionetas, según dictaminó un juez de la Audiencia Nacional –sucesora del Tribunal de Orden Público del franquismo–, hicieron apología del terrorismo. “Escándalo político” e “intenso debate sobre la libertad artística”, fueron algunos de los conceptos vertidos por el Financial Times para referirse a este caso, que se convirtió en noticia el viernes 5 durante los carnavales de Madrid. La compañía Títeres desde Abajo había sido contratada por el Ayuntamiento de la capital española –en manos de Ahora Madrid, una coalición de izquierdas– para animar la tarde en el barrio de Tetuán. La obra llevaba como título La bruja y don Cristóbal, y los propios titiriteros habían advertido antes del inicio de la función que no era un espectáculo infantil, a pesar de que se lo promocionaba oficialmente como tal. Según la sinopsis presentada por sus creadores, se trataba de una historia sobre la represión, la criminalización y las ansias de libertad. “En este espectáculo revivimos a don Cristóbal Polichinela, ese oscuro personaje de la tradición popular ibérica. En esta ocasión, Polichinela se presenta bajo diferentes formas para imponer su voluntad a base de cachiporra. Sin embargo, también habita en estas tierras una bruja que tiene la firme decisión de amar su libertad por encima de todo y no dejarse pisotear por ningún don Cristóbal, por mucho poder que éste se arrogue”, escribieron sus autores cuando aún eran unos completos desconocidos. Es decir, hace algo más de una semana. El caos se desató cuando una de las marionetas enseñó un cartel que ponía “Gora Alka-Eta” (“Viva Alka-Eta”), en alusión a Al Qaeda y Eta. Según el guión de la obra, dicha pancarta había sido colocada por la policía para incriminar a la bruja y, de esa manera, meterla en la cárcel. Paradójicamente, los que acabaron en prisión fueron los dos titiriteros, acusados de “enaltecimiento del terrorismo”. El juez que los encarceló, Ismael Moreno, es un ex policía del franquismo que ahora actúa como magistrado de la Audiencia Nacional. Este escándalo golpeó con especial dureza al Ayuntamiento de Madrid, responsable de la contratación de los artistas. La alcaldesa, Manuela Carmena –quien anteriormente se había desempeñado como jueza–, se negó a retirar la denuncia contra los titiriteros, aunque reconoció que su puesta en prisión era algo completamente desmesurado. Su decisión no sentó nada bien entre algunos de sus concejales, que reclamaron la inmediata suspensión de la demanda judicial por parte del consistorio madrileño. A última hora de la tarde del miércoles 10, Lázaro y García fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares. Según la resolución judicial, están obligados a presentarse todos los días en el juzgado y no pueden abandonar el país. Aún continúan imputados, por lo que podrían volver a prisión (para uno de ellos se pide dos años de cárcel). No en vano este caso despertó innumerables protestas desde el mundo de la política y la cultura. La libertad de expresión, advierten los críticos, está siendo pisoteada. |
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