La ley sobre la información legaliza el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las conversaciones en celulares e Internet y la instalación de micrófonos.
Lo ilegal se volvió legal, lo clandestino será autorizado como práctica de control policial de las comunicaciones telefónicas, las navegaciones en Internet o simplemente las grabaciones de conversaciones en una estación de trenes y todo sin control alguno del Poder Judicial. La Asamblea Nacional francesa votó mayoritariamente, 438 votos contra 86, el proyecto de ley sobre la información que apunta a acrecentar la lucha contra el terrorismo haciendo más o menos de cada ciudadano un ser humano potencialmente sospechoso. Si la ley pasa la barrera del Senado y del Consejo Constitucional, turistas o ciudadanos tendrán que tener mucho cuidado y no decir en un andén de metro, en la calle, en la red o por SMS “qué mina tan bomba” o “que tipo súper explosivo”. Entre otros dispositivos activados, estos términos pueden despertar la programada suspicacia de los algoritmos que, bajo forma de “cajas negras”, las empresas que suministran el acceso a la red estarán obligadas a instalar en sus sistemas. En suma, la ley sobre la información legaliza sin intervención judicial el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las comunicaciones, los intercambios por Internet, la radiografía de los teléfonos celulares, la instalación de micrófonos en zonas privadas, la supervisión de los metadatos, la instalación de balizas en los autos y hasta el recurso a los llamados Imsi Catcher.
Esta gran oreja tecnológica permite que los servicios capten y graben los datos emitidos por teléfonos celulares y computadoras e incluso lo que pueda decir una persona dentro de un amplio radio de cobertura. El círculo de los Estados que vigilan a todo el mundo tiene un nuevo Big Brother en la familia, y éste no es cualquiera. Se trata de Francia, el país de las libertades, de la democracia idealizada, de los derechos humanos y de los derechos cívicos. Respaldada aparatosamente por la clase política, pero repudiada por amplios sectores de la sociedad civil, que la consideran “liberticida”, la ley es una respuesta a los atentados que sacudieron a Francia y al mundo a principios de enero, cuando unos jihadistas franceses que circulaban al margen de los radares policiales perpetraron la matanza contra el semanario satírico Charlie Hebdo y montaron el secuestro de decenas de personas en un supermercado kosher en el Este de París. En este contexto, la ley barre amplio. Los campos de acción que justifican la vigilancia se extienden a “la independencia nacional, la integridad del territorio y la defensa nacional”, así como a “la prevención del terrorismo” o los “intereses mayores de la política extranjera”, a la “prevención a los daños a la forma republicana de las instituciones”, el “crimen o la delincuencia organizada”, “los intereses económicos, industriales y científicos”.
Este amplio catálogo de cobertura preocupó a quienes ven en ese texto una amenaza contra los activistas o los manifestantes. En realidad, como ocurre en casi todo el mundo cuando se trata de los derechos digitales, la movilización ciudadana fue escasa. No hubo grandes marchas como si, lamentablemente, la lucidez acerca de la manera en que los Estados restringen derechos o violan los principios básicos en el ámbito digital sólo perteneciera a un grupo muy estrecho de militantes. Existe una indiferencia y una ignorancia colectivas muy, muy densas. La gente ve aún a Internet o los teléfonos celulares como juguetitos tecnológicos inofensivos, sin aceptar que son tan peligrosos como dejar una ventana abierta antes de irse de vacaciones.
Hubo sí fuertes antagonismos en los medios y una oposición liderada por grupos como Bajo Vigilancia, La Cuadratura del Net, Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras. En un nivel más institucional, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) criticó la implementación de las “cajas negras” en los sistemas de las empresas que ofrecen acceso a la red. Este espía se encargaría de “detectar una amenaza terrorista sobre la base de un tratamiento automatizado”. Asimismo, Jacques Toubon, el defensor de los derechos, manifestó sus “reservas” mientras que la presidenta de la Cncdh (Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos), Christine Lazerges, apuntó el serio riesgo de que “se ponga en peligro el Estado de Derecho por medio de un desliz liberticida”. El sindicato francés de la magistratura y decenas de asociaciones expresaron la misma opinión, el mismo temor. El socialista Pouria Amirshahi, los conservadores Laure de la Raudière y Henri Guaino, el ecologista Sergio Coronado o la comunista Marie-George Buffet fueron, en el mundo político, los más perseverantes militantes contra esta ley. En algunos casos, el debate borró las fronteras políticas. Sergio Cornado, por ejemplo, observa que “los medios otorgados a los servicios de Inteligencia en nombre de la lucha antiterrorista serán, de hecho, utilizados para otras causas en un contexto muy borroso”.
La crítica central es que el concepto desarrollado por Francia funciona como la red de un pescador que se arroja al mar a ver si hay pescados. Es exactamente al revés de lo que hacían antes los servicios secretos: éstos partían de una fuente, de un individuo o de un grupo sospecho para, a partir de allí, ampliar las investigaciones. La ley es todo lo contrario: se espía a cualquier persona para ver si entre la multitud hay un sospechoso. Para eso servirán, por ejemplo, los metadatos, con los cuales se analizarán “los perfiles que hoy pasan inadvertidos” para “detectar futuros terroristas”. El otro escollo mayor radica en que el control de la vigilancia recae en manos de un organismo administrativo independiente, el Cnctr (Comisión Nacional de Control de las técnicas de espionaje). Esto implica que las autorizaciones para espiar no pasan por ningún tamiz judicial sino meramente administrativo.
Los socialistas franceses son decididamente modernos, muy liberales y ya conquistados por la idea de hacer de nuestros contactos con el mundo una cacería de terroristas y otros delincuentes. Por supuesto que a nadie le asombra: ni ésta ni ninguna ley contempla la vigilancia de los fabulosos flujos financieros que circulan en el mundo producto del crimen, el narcotráfico, la evasión fiscal o la especulación ladrona.
Ante el recrudecimiento de las críticas y el peso moral e intelectual de quienes las asumieron, el presidente francés, François Hollande, tomó una decisión inédita hasta hoy: prometió remitir el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que éste lo valide. No obstante, la geografía de la ley es tan amplia y los servicios de inteligencia tienen las manos tan libres que es lícito preguntarse qué pasará con un empresario que viene a hacer negocios a París y se comunica con la sede de su empresa.
¿No será acaso espiado en nombre de los “intereses económicos, industriales y científicos” de Francia? ¿Y las empresas instaladas en París que compiten con empresas francesas en el mercado internacional no son acaso un peligro para esos intereses? El impacto de la barbarie terrorista ha servido en bandeja la construcción de una ley totalmente asimétrica, sin garantías de que sus extensos medios no sean utilizados contra inocentes, sindicalistas, militantes por los derechos cívicos, científicos o empresarios de cualquier parte del planeta que, por una u otra razón, vienen a Francia. El Gran Hermano será en el futuro nuestro más celoso guardián.
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