La corrupción devora al gobierno de Mariano Rajoy, el primer presidente de España obligado a marcharse por una moción de censura. El país se sumerge en un escenario hasta ahora desconocido. Pedro Sánchez, líder del Psoe, se preparaba al cierre de esta edición para tomar el timón.
Se cayó de un helicóptero. Salió ileso. Se dedicó a salvar a banqueros mientras miles de personas eran expulsadas de sus viviendas por no poder pagar sus hipotecas. Tampoco le pasó nada. Recortó libertades y ahogó derechos laborales. Volvió a ganar las elecciones, aunque con dificultades para formar gobierno. Hasta este mes de mayo, Mariano Rajoy parecía un líder indestructible. Nada, absolutamente nada, parecía hacerle daño. Sin embargo, la armadura del líder político acabó quebrándose por culpa de una sentencia judicial. La corrupción, ese mal que aquejaba desde hacía ya tiempo a su partido, ha terminado por arruinar su carrera política. Rajoy, el guerrero que no se rompía, se quebró.
La desgracia del presidente español se escribe en alemán: Gürtel. Que significa “correa” en castellano, porque Correa es el apellido del empresario que tejió una gigantesca red corrupta que conseguía contratos públicos para sus empresas en municipios de Madrid y Valencia. A cambio, Francisco Correa pagaba comisiones y repartía regalos entre los generosos políticos del Partido Popular (PP) que aceptaban ayudarlo. La cosa funcionó muy bien, hasta que un concejal de esa misma trama corrupta, José Luis Peñas, se compró una grabadora. Fue, básicamente, el comienzo del fin.
ON THE RECORDER
En la España de 2007, en Majadahonda, una ciudad de 70 mil habitantes situada a 20 quilómetros de Madrid, Peñas era uno de los representantes de la derecha en el ayuntamiento. Aunque hoy parezca lo contrario, no tenía vocación de superhéroe. Tampoco de adalid contra la corrupción, porque él también era parte de ese juego. Pero un día, por alguna razón que sólo él sabrá, fue a una tienda y se hizo con la grabadora más famosa de la historia de este país. Una pequeñita, de esas que entran en un bolsillo de la chaqueta y te permiten grabar las conversaciones sobre dinero negro, comisiones irregulares y tráfico de influencias que se dan a tu alrededor. Cosas extrañas para el común de los mortales, pero preocupantemente habituales para los dirigentes del Partido Popular, primero de España y único de Europa condenado por una trama corrupta.
El primero que le hincó el diente al caso y llevó adelante la “operación Gürtel” fue el ex juez Baltasar Garzón, quien en febrero de 2009 abrió un sumario con la información que le había trasladado la Fiscalía Anticorrupción. Incluso se animó a imputar a una treintena de políticos del PP y empresarios afines, algunos de los cuales acabaron en la cárcel. Todo esto le costaría muy caro al magistrado: tres años después, el Tribunal Supremo expulsó a Garzón de la carrera judicial bajo la excusa de que había ordenado realizar grabaciones de las conversaciones que mantenían en la cárcel los cabecillas de la red corrupta y sus abogados. La denuncia contra el magistrado había sido presentada por el partido de Mariano Rajoy, quien había llegado a afirmar categóricamente: “No hay una trama del PP; hay una trama contra el PP”.
Más allá de las presiones y de las amenazas –el concejal Peñas llegó a denunciar coacciones contra él y su mujer, incluso aseguró que le escupieron en la calle cuando iba con su hija pequeña en brazos–, las investigaciones continuaron. Gürtel dio lugar a varias “gürteles”, con distintos sumarios y un amplio número de imputados. Entre todos ellos destacó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien estuvo a cargo de la Caja B del partido y cobró una indescriptible cantidad de dinero que fue a parar a una cuenta personal en Suiza.
LA CONEXIÓN URUGUAYA
Pero la corrupción supera hoy con creces esa trama. El PP es Gürtel, pero también es “Púnica” o “Lezo”, otros dos casos que sacuden igualmente al partido de Rajoy. Hace algunos días estalló el enésimo escándalo: Javier Zaplana, ex presidente de la Comunidad de Valencia y ex ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar, era detenido al salir de su casa tras descubrirse que pretendía blanquear las millonarias “mordidas” que había cobrado durante su etapa al frente de la Generalitat valenciana. La cifra astronómica se situaba en los 10,5 millones de euros.
Curiosamente, este caso puso a Uruguay en el mapa informativo español: según señalaron varios medios, Zaplana había escondido en este país una cantidad ingente de dinero, fruto de comisiones ilegales. En Uruguay habría contado con el apoyo y asesoramiento del abogado Fernando Belhot, responsable del bufete South Capital Partners. Su nombre ya había aparecido vinculado al caso Lezo –en el que se investigan distintas irregularidades por parte de cargos públicos del PP en el gobierno autonómico de Madrid– y también se lo relacionó con los denominados Panama Papers.
Zaplana se encuentra desde el pasado jueves 24 en la prisión valenciana de Picassent. El mismo día en el que una jueza ordenaba su encarcelamiento preventivo por riesgo de fuga, la Audiencia Nacional de Madrid (un tribunal especial con jurisdicción en todo el territorio español) daba a conocer otra noticia que golpeaba de manera aun más contundente al PP: nueve años después de las primeras investigaciones realizadas por Garzón, el tribunal condenaba a 29 empresarios y políticos del PP por su participación en esa trama corrupta.
La condena más alta cayó sobre el empresario Correa, quien ya se encontraba en la cárcel por otro caso de corrupción registrado en la Comunidad Valenciana. Su nueva pena es de 51 años y 11 meses de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales, entre otros. En el segundo puesto de este ranking delictivo aparece Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, quien ha sido condenado a 38 años y tres meses de cárcel. Le siguen Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, con una condena de 37 años y seis meses de cárcel; y Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, con 33 años y cuatro meses de cárcel y más de 44 millones de euros de multa.
YA NADA SERÁ IGUAL
No obstante, la sentencia de Gürtel ha servido para marcar un antes y un después en la política española. No sólo por los graves hechos de corrupción probados, cuyos detalles los españoles han ido descubriendo a lo largo de una década, sino también porque la Audiencia Nacional ha condenado al PP como responsable lucrativo de esta trama, por lo que deberá pagar 245 mil euros. En otras palabras, desde el mismo instante del 24 de mayo en el que los jueces firmaron su sentencia, España pasó a estar gobernada por un partido condenado por su responsabilidad en la mayor trama de corrupción de la historia de este país.
Las reacciones no se hicieron esperar. ¿Qué haría usted si fuese el jefe de la oposición y su rival número uno (el presidente del país) acaba de recibir un tortazo judicial de tales proporciones? Pedro Sánchez, el líder del Psoe, lo tuvo claro: había que presentar una moción de censura a Rajoy. O lo que es lo mismo, había que echar al hasta ahora mandatario y poner en su lugar un gobierno nuevo, liderado por Sánchez y conformado y apoyado por aquellos que quisieran sumarse a tal tarea. Sánchez, que acababa de cumplir un año desde su regreso a la Secretaría General del Psoe, tras la traumática salida experimentada en octubre de 2016 –motivada, precisamente, por su negativa a respaldar la investidura de Rajoy–, necesitaba un golpe de efecto que lo volviese a situar como un referente político. Era, básicamente, la hora de arriesgar. Todo o nada.
Fue entonces cuando hubo que sacar la calculadora, y no precisamente para sumar los años de cárcel de los condenados por el caso Gürtel, ni tampoco para saber cuánto dinero se llevaron Bárcenas y su mujer a Suiza. Esta vez la aritmética apuntaba al hemiciclo del Congreso, donde empezaron a buscarse fórmulas que permitiesen conseguir la mayoría calificada (de 176 votos) necesaria para aprobar la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez.
El primero en autodescartarse fue Ciudadanos, la formación de derecha que busca arrebatarle al PP su electorado y que, según las encuestas, lo estaría consiguiendo; hoy la mayoría de los sondeos sitúa al partido dirigido por el catalán (y nacionalista español) Albert Rivera como uno de los favoritos de los votantes. Aunque abogaba por una salida en la que el presidente convocara rápidamente a elecciones anticipadas –que le permitiesen aprovechar el hastío de la gente conservadora e intentar así conquistar el gobierno de España–, Ciudadanos no tenía ningún interés en aprobar una moción que cambiase a Rajoy por su más peligroso enemigo ideológico, Sánchez.
Rajoy empezó a verse acorralado. Mientras Sánchez buscaba apoyos para sacar adelante su moción de censura –que contó desde el inicio con el apoyo de Unidos Podemos, la coalición de izquierdas liderada por Pablo Iglesias–, el conservador Rivera le exigía al presidente que dimitiese o, de lo contrario, realizaría sus propias gestiones para obligarlo a marcharse –mediante otra iniciativa parlamentaria– y convocar elecciones.
EN MANOS DE VASCOS Y CATALANES
La pelota quedó entonces en el tejado de los nacionalistas catalanes y vascos. Los primeros, representados en el parlamento por Erc (izquierda) y Pdecat (derecha), se mostraron dispuestos a apoyar el derrocamiento constitucional de Rajoy, con quien se enfrentan desde hace más de medio año en una dura batalla contra el centralismo español en torno a la soberanía de Cataluña.
En plena crisis política en Madrid, el independentista presidente catalán, Quim Torra, había aceptado retirar de su futuro gabinete a los consejeros que estaban presos o en el exilio por su vinculación con el referéndum del pasado 1 de octubre, algo que el gobierno del PP –con el apoyo del Psoe– ponía como condición ineludible para reconocer oficialmente a las nuevas autoridades catalanas y rubricar sus nombramientos. Estas concesiones del nuevo president de Cataluña implican la desactivación del artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual el poder central español ha mantenido una intervención fáctica de la autonomía catalana. Esto descomprimió la oposición entre Barcelona y Madrid, y permitió a los simpatizantes del independentismo catalán ver con otros ojos una moción del Psoe, que ya no insistiría en la intervención de su comunidad autónoma. Por su parte, Carles Puigdemont, el ex presidente catalán exiliado en Alemania, se opuso en un principio a apoyar la moción de censura. Prefería que Rajoy conservara su poder para mantener la tensión entre Cataluña y Madrid.
El otro gran protagonista de la semana ha sido el Partido Nacionalista Vasco (Pnv), una formación católica y de centroderecha que gobierna en Euskadi. Sus cinco diputados en Madrid se convirtieron en esenciales para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para sacar a Rajoy. Si los peneuvistas le daban al botón del sí, Rajoy caía. Paradójicamente, esos mismos diputados del Pnv habían permitido una semana antes que el gobierno aprobase el presupuesto del Estado nacional, lo que garantizaba (si no hubiese sido por la sentencia del caso Gürtel) cierta tranquilidad a Rajoy para llegar al fin de su legislatura en 2020.
A cambio de votar a favor del presupuesto del gobierno del PP, los nacionalistas vascos obtuvieron 540 millones de euros en concepto de inversiones para su territorio, así como un acuerdo sobre uno de los temas que más reacción social ha despertado en lo que va del año: las jubilaciones de miseria que cobran miles y miles de personas en España. De acuerdo con lo pactado entre el Pnv y Rajoy, las pensiones tendrían un aumento sensiblemente mayor al que inicialmente estaba previsto. En cualquier caso, esas promesas no han valido para desactivar las movilizaciones históricas protagonizadas en las últimas semanas por el movimiento de pensionistas.
Pocas veces el Pnv había tenido un protagonismo tan esencial en la vida política española. “Sí, es verdad. Pero no porque lo elijamos nosotros”, dijeron a Brecha fuentes de la dirección nacionalista. A lo largo de la semana hubo permanentes comunicaciones telefónicas entre el presidente de ese partido, el ex periodista Andoni Ortuzar, y los principales portavoces del gobierno, del PP y del Psoe. Como si de un casting se tratase, tanto Sánchez como Rajoy buscaban conquistar al jefe peneuvista, ya fuese para convencerlo de que votase la moción de censura como para persuadirlo de que no lo hiciera.
El pleno extraordinario del Congreso para tratar la moción de censura arrancó este jueves 31 a primera hora de la mañana y tenía previsto prolongarse hasta el viernes al mediodía con la votación de la moción. En principio, iba a ser en ese preciso instante cuando se conociese el futuro de Rajoy. Sin embargo, el Pnv decidió terminar de deshojar la margarita el mismo jueves por la tarde: el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, fue el encargado de confirmar que su partido apoyaría la moción de censura, de manera que Sánchez tendría los votos necesarios para desbancar a Rajoy y convertirse en el nuevo presidente de España.
Entre otras razones para fundamentar su voto, el Pnv habló de “la gravedad de la sentencia por el llamado ‘caso Gürtel’ y la inad- misible ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte del Partido Popular”. En efecto, ni el PP ni Rajoy se sintieron lo suficientemente aludidos por la histórica sentencia contra la trama corrupta. La cosa llegó a tal punto que dos días antes de que el Congreso comenzara a tratar la moción de censura, la ministra de Defensa y secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal, cuestionó abiertamente el fallo judicial y rechazó que su partido estuviese involucrado en caso de corrupción alguno.
Mientras Esteban daba a conocer el sentido de su voto ayer, el presidente Rajoy se recluyó durante ocho horas en un restaurante cercano al parlamento. El mandatario que se había presentado ante el Congreso en la mañana al comenzar la sesión, se ausentó y optó por no estar presente durante el resto de ella, lo que hizo aumentar las sospechas sobre cuál sería su respuesta ante el más que probable triunfo de la moción de censura. “No va a dimitir”, aseguraban desde el cuartel general del PP. En otras palabras, aceptaba convertirse en el primer presidente de la historia de España en ser expulsado por la oposición.
DESGASTE FINAL
La situación política ha cambiado radicalmente respecto a hace un año, cuando Unidos Podemos formuló su propia moción de censura contra Rajoy. La iniciativa fue presentada por el líder de esa formación de izquierdas, Pablo Iglesias, tras el dictamen del Tribunal Constitucional que había anulado la amnistía fiscal otorgada por el gobierno a 30 mil grandes defraudadores, evasores de impuestos. Iglesias también motivó su moción de censura con los casos numerosos de corrupción –Gürtel incluido– que ya golpeaban al PP. Sin embargo, el Psoe se rehusó a apoyar la moción, lo que la condenó al fracaso. Los socialistas entendían entonces que no era el momento, tampoco estaban dispuestos a permitir que un dirigente a su izquierda pasara a gobernar el país, en cambio hoy es el Psoe el que tiene el protagonismo político.
Ahora todo es diferente, al menos desde la óptica de Sánchez. En efecto, el desgaste social y político del PP ya es imposible de ocultar. La sentencia de Gürtel confirmó lo que la gente hablaba en la calle y los partidos de la oposición denunciaban en el parlamento: el partido de Rajoy se encuentra en un auténtico lodazal de corrupción que podría crecer en los próximos meses, cuando se conozcan los fallos judiciales que aún faltan en torno a otros casos pendientes de juicio. Las cosas sólo pueden empeorar.
En ese contexto, las redes sociales y los periódicos digitales se apresuraban el jueves a mover una fotografía en la que se veía a Rajoy mano en alto, despidiéndose del Congreso. Era una imagen cargada de simbolismo: el presidente indestructible ya no lo era tanto. En el ambiente se presagiaba el fin de su etapa al frente del gobierno, donde estuvo seis años y medio: su primera elección se produjo en diciembre de 2011. Volvió a quedar primero en los comicios de diciembre de 2015, pero la imposibilidad de conquistar algún tipo de apoyo extrapartidario condujo a España a un inédito panorama que acabó con la repetición de las elecciones en junio de 2016. Rajoy volvió a quedar primero y entonces sí, gracias a la abstención del Psoe, logró ser nuevamente investido.
A lo largo de su período como presidente ocurrió de todo. Entre otras cosas, el gobierno del PP endureció las leyes represivas, criminalizó la protesta social y persiguió a músicos por el contenido de sus letras. También tuvo que lidiar con la crisis económica, y lo hizo apostando por los de arriba en detrimento de los de abajo: su gobierno aprobó el rescate bancario, que costó 54.353 millones de euros, al tiempo que aplicó salvajes recortes en materias como sanidad, pensiones o educación.
El hasta ahora presidente podría haberse apuntado al menos el gol de haber propiciado el final del último grupo armado de Europa, pero ni siquiera eso: en lugar de implicarse en el proceso que condujo a la disolución de Eta, el Ejecutivo optó por mantener la política antiterrorista en los mismos niveles que existían cuando la organización vasca cometía atentados. Su actitud le valió la crítica de los mediadores y observadores internacionales que seguían este asunto, pero Rajoy tampoco se sintió interpelado: desde su sillón en La Moncloa, creía que nada ni nadie podría perjudicarlo. Hasta que llegó Gürtel y acabó con todo.
Leave a Reply