Por primera vez desde 1979, cuando la democracia liberal regresó a Ecuador, un presidente en el ejercicio del poder podrá postularse a la reelección. El que ha puesto fin a este tabú histórico es Rafael Correa, un economista de 45 años salido de los cuadros docentes de la mayor universidad privada del país, con estudios en Bélgica y EE UU. Tras un rápido paso por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2005 y ganar las elecciones en 2006, todo indica que el mandatario repetirá otros cuatro años tras los comicios del 26 de abril.
Correa es considerado por muchos –incluso por sectores de la oposición– como un candidato imbatible. Algo tienen que ver su carisma personal, la buena estrategia de comunicación y el deseo popular de cambios, en perfecta sintonía con algunas de las medidas implementadas en estos dos años de presidencia. Otra de sus grandes ventajas es la falta de contrincantes de altura. “De cara a las elecciones, vemos que no hay candidatos habilitados para derrotar a Correa. El presidente ha conseguido inculcar en la población la idea de un nuevo proyecto para el país y hacer que el pueblo votara por el cambio”, analiza Ruth Hidalgo, directora del observatorio electoral Participación Ciudadana.
Para ella, los grupos políticos que ahora se encuentran en la oposición todavía no han comprendido que deben cuestionarse sus propias estructuras y trabajar a partir de un nuevo proyecto político. “Aún están pensando en recuperar las viejas prácticas. Mientras éste sea el pensamiento de los partidos tradicionales, no habrá para ellos posibilidad de victoria”.
Una de las principales medidas del gobierno de Correa fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la redacción de la nueva carta magna. El texto, aprobado por un referéndum popular en septiembre de 2008, contiene importantes cambios. En primer lugar, declara que el “sistema económico es social y solidario” –en vez de una “economía social de mercado”– y prohíbe formas precarias de trabajo, como la tercerización y el contrato por horas.
También vincula la política agraria con principios de soberanía alimentaria y refuerza una serie de derechos, algunos de ellos inéditos: “La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce la vida, tiene derecho de ser respetada integralmente en su existencia, preservación y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, dice el texto constitucional.
Además, Ecuador se define como un Estado plurinacional, lo que en teoría significa que todas las etnias del país –sobre todo las indígenas– son libres para ejercer sus especificidades culturales, lingüísticas y económicas en vez de someterse al patrón europeo impuesto a lo largo de los siglos.
La polémica ley de minería
Aquí terminan –pero también empiezan– los problemas. En enero, el Congreso de transición aprobó una nueva ley de minería. Patrocinada por el Gobierno de Rafael Correa, el texto abre camino para la explotación de las reservas de oro y cobre descubiertas dentro de territorios indígenas y áreas de protección ambiental (sobre todo en la cordillera del Cóndor).
Las excavaciones podrían ser realizadas por mineras transnacionales. Prueba de ello fue el reciente encuentro del presidente con empresarios canadienses, a los cuales garantizó “muchas oportunidades de negocios”. Y también la visita del subsecretario de Minas a una feria mundial del sector, en Toronto (Canadá), donde anunció a los inversores que la minería a gran escala podría empezar a desarrollarse de inmediato en los yacimientos del país. El Gobierno pretende firmar los contratos de 25 proyectos extractivos este año.
La oposición ecologista e indígena critica que la decisión oficial de promover la explotación a cielo abierto de las reservas minerales del país entra en contradicción con los principios de soberanía nacional, buen vivir, plurinacionalidad y los “derechos de la naturaleza” previstos en la Constitución. También va en contra de algunas medidas ecologistas del Gobierno, como el proyecto de buscar créditos internacionales –350 millones de dólares anuales– para mantener bajo tierra el petróleo de los yacimientos amazónicos de Ishpingo-Tambococha-Tiputini y, así, preservar la selva.
“Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza”. Invocando esa determinación constitucional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha retirado el apoyo que dio a Correa en las elecciones de 2006 y en el referéndum del año pasado.
Una de las principales críticas de Miguel Guatemal, vicepresidente de la organización, es la arrogancia del presidente frente la oposición de los movimientos sociales. “Correa ha dicho que somos minorías, noveleros, infantiles y muchas otras cosas. Y las ofensas no se destinan solamente al movimiento indígena, sino a todos los grupos que se contraponen a sus propuestas. También ha amenazado con reprimirnos con las fuerzas armadas. Éste no es el sentimiento de un Gobierno del pueblo”.
“La riqueza minera en este país es inmensa, supera los 200.000 millones de dólares de lo verificado. En nombre de que no se tope un árbol, un pájaro, etcétera, ¿dejamos eso sin tocar?”, se preguntaba el presidente el 1 de diciembre de 2007. “Destruir la selva puede ser inmoral, pero aún más inmoral es renunciar a los recursos que pueden sacar el país del subdesarrollo, que pueden eliminar la miseria de nuestra patria”.
El Gobierno cuenta con los recursos que nacerán de la explotación intensiva del oro, plata, cobre y otros minerales no metálicos para equilibrar las finanzas públicas frente a la crisis internacional, el bajo precio del crudo ecuatoriano (entre 40 y 50 dólares el barril), la caída en la producción de petróleo y sus gastos sociales con bonos, de desarrollo humano y subsidios, que exigen un presupuesto anual de miles de millones de dólares. Numerosos analistas señalan que la actividad minera, de alguna manera, puede significar la salvación económica del proyecto de Correa.
La Conaie, empero, razona desde otro punto de vista. Con la nueva ley de minería, “ciertamente habrá recursos económicos durante el mandato del presidente. Sin embargo, estos recursos no van a sanear el daño que sufrirá el medio ambiente. ¿Cómo quedará el país en 100 años? Ahora existen minerales que pueden ser explotados, pero no van a durar para siempre. Y entonces habremos destruido la naturaleza y habrá más pobreza, más hambre y no habrá empleo”.
Adelante en las encuestas
A pesar de las críticas al Gobierno, según los últimos sondeos electorales, Rafael Correa sería reelegido con el 50% de los votos, seguido de lejos por el magnate bananero Álvaro Noboa y el ex presidente Lucio Gutiérrez, cada uno con poco más del 10% de la intención de voto. De confirmarse, Correa ganaría en la primera vuelta, según la ley electoral.
Pero el correísmo no es solamente márketing. Su administración ha reconstruido la infraestructura pública en salud y educación. En términos generales, Correa es considerado como el primero de muchos presidentes ecuatorianos en mantenerse fiel a sus promesas de campaña: más allá de la aprobación de una nueva Constitución, los contratos de explotación petrolífera fueron todos renegociados en beneficio del Estado, la deuda externa está pasando por una auditoría que promete no pagar la “deuda ilegítima”, la política externa es manejada de manera soberana, los más ricos fueron obligados a pagar los impuestos que debían a la hacienda pública, el consumo de productos “hechos en Ecuador” viene siendo incentivado como camino para desarrollar la industria nacional…
La crisis económica es otro factor que debe preocupar al presidente, que recibe críticas de la oposición por haberse gastado, según su versión, las reservas internacionales de Ecuador en sus procesiones por el país, apariciones audiovisuales y publicidad oficial.
A la baja cotización internacional del petróleo, hay que añadir la caída del envío de remesas internacionales al país (ver pág.33), importante fuente de renta para la población que posee familiares trabajando en los EE UU, España e Italia. Según el Banco Central del Ecuador, en el último trimestre de 2008 cayeron un 22% con respecto al mismo periodo del año anterior.
La falta de dinero para combatir la crisis que se avecina ha provocado que Correa tomara iniciativas que, para muchos, también contradicen los principios de su Gobierno y algunos puntos de la Constitución. La administración anunció recientemente la venta del Banco del Pacífico y la posibilidad de deshacerse de otras empresas estatales que no ofrezcan ganancias significativas. El mal momento financiero tampoco ha impedido que Correa se acercase a organismos internacionales de crédito. Cualquier negociación con el FMI está descartada, pero la administración ecuatoriana ahora verifica con las entidades BID, CAF y Flar la posibilidad de obtener un préstamo de 1.500 millones de dólares.
UNA RUPTURA EN EL SISTEMA VIGENTE DESDE LOS AÑOS 60
Ecuador pasa por un periodo de transición que se ha materializado institucionalmente durante el Gobierno de Rafael Correa. Los antecedentes más inmediatos de esta ola de cambios, sin embargo, se encuentran en las movilizaciones y los gobiernos deslegitimados de los últimos diez años. “No se trataba apenas de una crisis institucional, de régimen político o resultado de la corrupción. Es una crisis del capitalismo dependiente, del modelo de acumulación y de la estrategia neoliberal”, explica Andrés Rosero, profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Para este economista, con la llegada de Correa se produjo una ruptura en la estructura de dominación vigente en Ecuador desde los ‘60: las elites ya no conseguían presentar sus intereses particulares como el interés general. La gran prueba de ello fue la caída de tantos presidentes en tan poco tiempo.
“Todo configura una crisis de hegemonía”, añade. En el medio de esta crisis, surge Alianza País. Al frente del movimiento, Correa ha vencido en los comicios prometiendo desencadenar una “revolución ciudadana”. El proyecto sería capitaneado por la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Carta que rompiera con los ordenamientos neoliberales de la Constitución de 1998.
“Los seguidos golpes cívicomilitares, las movilizaciones populares y levantamientos indígenas de alguna forma habían puesto en evidencia la necesidad de reestructuración del aparato jurídico-administrativo del Estado”, explica Alex Zapatta, profesor de la Universidad Central del Ecuador y miembro del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, en Quito. Zapatta afirma que las condiciones de gobernabilidad estaban agotadas y que la estructura de los partidos políticos tradicionales ya no permitían conducir las REFERÉNDUM. Cartel a favor de la nueva Constitución de Ecuador. inquietudes sociales.
Por, Tadeu Breda Quito (Ecuador)
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