La maldición de la abundancia. Un riesgo para la democracia

 

 

Cuando Alejandro von Humboldt [2] llegó a lo que hoy es el Ecuador, en su histórico peregrinaje por tierras americanas, hace más de doscientos años, se quedó maravillado por la geografía, la flora y la fauna de la región. Y cuentan que veía a sus habitantes como un pordiosero sentado sobre un saco de oro, refiriéndose a sus inconmensurables riquezas naturales. Desde entonces, apegados a esta visión, tal como ya lo hicieron los españoles cuando conquistaron estas regiones, una y otras vez los gobiernos del Ecuador han pretendido extraer los tesoros existentes en dicho saco…

 

Recogiendo esta anécdota del célebre científico alemán, de la época de la Ilustración, es válido preguntarse ¿cómo es posible que en un país tan rico en recursos naturales, la mayoría de sus habitantes no puedan satisfacer sus necesidades básicas?

 

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que esa pobreza tiene que ver con esa riqueza. Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para desarrollarse. Sobre todo aquellos que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios, parecen estar condenados al subdesarrollo. Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida en la literatura especializada como “la paradoja de la abundancia”. [3]

 

La gran disponibilidad de recursos naturales de que disponen, particularmente si se trata de recursos mineros o petroleros, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la abundancia de estos recursos naturales. En realidad esta abundancia se ha transformado, muchas veces, en una maldición. [4]

 

La forma en que se extraen y se aprovechan dichos recursos ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades “rentistas”. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad, alienta la corrupción y deteriora el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas que se despliegan, que contribuyen a frenar la construcción de ciudadanía.

 

La realidad de una economía primario – exportadora, es decir exportadora de Naturaleza, se refleja, además, en un escaso interés por invertir en el mercado interno. Esto redunda en una limitada integración del sector exportador con la producción nacional. No ha habido los incentivos que permitan el desarrollo y la diversificación de la producción interna, vinculándola a los procesos exportadores, en los que debería darse la transformación de los recursos naturales en bienes de mayor valor agregado. Algo explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza y de una mano de obra barata.

 

A lo anterior se suma la masiva concentración de dichas rentas en pocos grupos oligopólicos. Estos sectores y amplios segmentos empresariales, contagiados por el rentismo, no encuentran alicientes (tampoco los crean) para sus inversiones en la economía doméstica. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados. Y, con frecuencia, estos grupos sacan sus ganancias fuera del país.

 

Así las cosas, los ingresos recibidos por las exportaciones de productos primarios, tampoco se ven compelidos a invertirse en las propias actividades exportadoras, pues la ventaja comparativa radica en la renta de la Naturaleza antes que en el esfuerzo innovador del ser humano. La respuesta para enfrentar una creciente demanda o incluso para dar respuesta a la caída de los precios de dichos recursos en el mercado mundial, ha sido expandir la frontera productiva provocando cada vez más y mayores complicaciones.

 

Es imposible aceptar que todos los países productores de bienes primarios similares, que son muchos, puedan crecer esperando que la demanda internacional sea suficiente y sostenida para garantizar ese crecimiento. En este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, sin una propuesta integradora de esas actividades primario-exportadoras al resto de la economía y de la sociedad, su aparato productivo queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial. En especial, queda vulnerable a la competencia de otros países en similares condiciones, que buscan sostener sus ingresos sin preocuparse mayormente por un manejo más adecuado de los precios.

 

Casi como complemento de lo anterior, no se dio, ni se da encadenamiento o eslabonamiento alguno que pudiera haberse potenciado desde este tipo de actividades extractivistas. No hay el desarrollo de conglomerados productivos, ni para el mercado interno, ni para ampliar la oferta exportable. Tampoco una mejor distribución del ingreso, ni los necesarios ingresos fiscales. Y, no sólo eso, esta modalidad de acumulación orientada en extremo hacia afuera fortalece un esquema cultural dependiente.

 

Esto es aún más marcado en épocas de crisis, cuando todos esos países dependientes de recursos primarios, caen en la trampa de forzar sus tasas de extracción petrolera o minera. Esta realidad termina por beneficiar a los países centrales: un mayor suministro de materias primas o alimentos en épocas de precios deprimidos, ocasiona una reducción mayor de dichos precios. Ese es el conocido “crecimiento empobrecedor”, al que hacía referencia el profesor Jagdish N. Baghwati ya en 1958. [5]

 

En este escenario hay que reconocer, que el real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centrales, aun cuando no siempre se registren importantes inversiones extranjeras en las actividades extractivistas. Incluso muchas empresas estatales de las economías primario – exportadoras (con la anuencia de sus respectivos gobiernos, por cierto) asoman como programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos. En síntesis, la lógica de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario – exportadoras.

 

En estas condiciones, además por las características tecnológicas de las actividades petrolera o minera, no hay una masiva generación directa de empleo. Esto explica, también, la contradicción de los países ricos en materias primas, en los que, en la práctica, la masa de la población está empobrecida. Adicionalmente, las comunidades locales, donde se realizan estas actividades extractivistas, han sufrido y sufren los efectos de una serie de dificultades socioambientales derivadas de este tipo de explotaciones (En Ecuador, por ejemplo, justamente en las provincias petroleras amazónicas se registran graves problemas ambientales y, por consiguiente, los mayores niveles de pobreza).

 

La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con alta renta diferencial). Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno, incluso funciona con salarios decrecientes. No hay la presión social que obliga a reinvertir en mejoras a la productividad. El rentismo determina la actividad productiva y por cierto el resto de relaciones sociales. Estas actividades extractivas -petrolera o minera- promueven relaciones sociales clientelares, que benefician los intereses de las propias empresas transnacionales, pero impiden el despliegue de planes de desarrollo adecuados.

 

Como es evidente, todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina estableciendo o facilita la permanencia de gobiernos y de empresas autoritarias, voraces y clientelares. En efecto, estos países no se han caracterizado como ejemplos de democracia, sino todo lo contrario.

 

América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo; Venezuela, por ejemplo, ha sido desde los años treinta del siglo anterior un ejemplo paradigmático. [6] Igual reflexión se podría hacer en relación con los países exportadores de petróleo; considérese, a modo de ejemplo, a los países ubicados en los Golfos Pérsico o Arábigo. Así, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes, entre otros países de dicha región, pueden ser considerados como países muy ricos en términos de acumulación de ingentes depósitos financieros y con elevados niveles de ingreso per cápita ; sin embargo, estos países no pueden incorporarse en la lista de países desarrollados: los niveles de inequidad de género registrados son intolerables y sus gobiernos no sólo que no son democráticos, sino que se caracterizan por profundas prácticas autoritarias. Se podrían encontrar ejemplos contrarios, como Noruega; pero en este caso la extracción de petróleo empezó y se expandió cuando ya existían sólidas instituciones económicas y políticas democráticas e institucionalizadas, es decir cuando el país escandinavo ya era un país desarrollado .

 

Por todas estas razones rápidamente descritas, estas economías primario exportadoras no han logrado establecer un esquema de desarrollo que les permita superar la “trampa de la pobreza”. Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural, marginando otras formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza. [7]

Lo anteriormente descrito calza perfectamente en Ecuador. Este ha sido y es un país tradicionalmente dependiente de la renta de la Naturaleza. Desde los orígenes de la República en 1830, y con creciente intensidad desde la octava década del siglo XIX, su economía se ha caracterizado por actividades de producción primario exportadoras. Ecuador ha sido sucesivamente y de manera sostenida un país-producto: país-cacaotero, país-bananero, país-floricultor, país-camaronero, país-petrolero… ¿país-minero? El Frankfurter Allgemeiner Zeitung (diario alemán de circulación nacional) en 1974, afirmaba, en su editorial, que Ecuador es como “un país corcho” (ein Korkenland), pues una y otra vez encuentra un producto de exportación que le permite reflotar su economía, superando la crisis precedente, normalmente provocada por la caída de la producción y/o precios del producto dominante hasta ese entonces.

 

La actividad extractivista en el Ecuador tiene una historia centenaria. Sin referirse al uso de los “esquistos bituminosos” o a la explotación de recursos minerales en las épocas precolonial y colonial, es conveniente recordar la explotación de crudo en la península de Santa Elena y también la extracción de oro en Portovelo desde inicios del siglo XX.

 

Más tarde, el Ecuador petrolero, en los años setenta del siglo pasado, permitió anticipar que se estaba en la puerta del desarrollo. La economía ecuatoriana entró de lleno en el mercado internacional. Sus exportaciones y, por ende, sus importaciones crecieron aceleradamente; Ecuador se volvió un buen negocio. El país consiguió los créditos que no había recibido el Ecuador bananero y mucho menos el cacaotero. [8]

 

El auge petrolero y el masivo endeudamiento externo dieron lugar a una serie de transformaciones. Sin embargo no se puede creer que esos dos factores fueron los únicos determinantes. Aquí influyó una batería de factores sustentados en la disolución de relaciones no capitalistas en el agro, sobre todo en la Sierra, y la anterior crisis de la actividad agroexportadora (banano, sobre todo), el crecimiento de la industria, un nuevo proceso de urbanización y otros más que reprodujeron “la maldición de la abundancia”. El país sustituyó en muy poco tiempo sus exportaciones de banano por las de petróleo, en cantidades que no habían sido registradas antes. Con esto no cambiaron los patrones de producción dependientes del exterior. No se alteró el proceso de acumulación atado a las exportaciones de productos primarios. Tampoco se transformó la estructura de la propiedad, caracterizada por una elevada concentración tanto en los sectores agrario e industrial, como en el comercial y bancario.

 

La bonanza que motivó el petróleo -la mayor cantidad de divisas que había recibido hasta entonces el país-, que apareció en forma masiva y relativamente inesperada, se acumuló sobre las mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una escala mayor, gran parte de las antiguas diferencias. El salto cuantitativo llevó al Ecuador a otro nivel de crecimiento económico pero, al no corresponderle una transformación cualitativa similar, en poco tiempo se cristalizó en “el mito del desarrollo”. [9]

 

De la mano de los ingresos petroleros y del endeudamiento externo vinieron varios problemas propios de este tipo de bonanzas. Estos fenómenos desequilibrados y desequilibradores, provocados por un auge primario – exportador inesperado, constituyen lo que es conocido en la literatura económica como la “enfermedad holandesa”. La distorsión se materializa en la estructura relativa de precios. Las inversiones fluyen hacia los sectores beneficiados la bonanza, entre los se cuentan los bienes no transables. En paralelo se produce un deterioro acelerado de la producción de aquellos bienes transables que no se benefician del boom exportador, en tanto pueden ser importados, incluso debido a la revalorización de la moneda nacional. Posteriormente, superado el auge, debido a la existencia de rigideces para revisar los precios y los salarios, los procesos de ajuste resultan muy complejos y dolorosos; otra manifestación de dicha enfermedad.

 

Esta situación de abundancia relativa de recursos financieros que permitió en los años setenta en el siglo XX un manejo político de cierta tolerancia en medio de un ambiente político dictatorial [10] , fue posible sobre todo mientras existió un considerable flujo de dólares provenientes del exterior que facilitaba la postergación y aún la superación de algunos conflictos. En otras palabras, había suficientes ingresos externos como para tener que recurrir a cambios en el interior del Ecuador. Uno de los gobernantes militares de la época, años más tarde, se vanagloriaba que en su gestión no se cobraba impuesto a la renta…

 

No se puede olvidar que, particularmente mientras duró el auge petrolero, el Estado se constituyó por primera vez en el actor principal en el proceso de desarrollo. Lo cual no puede dar lugar a equivocadas interpretaciones: en ningún momento se instauró una economía centralmente planificada con un manejo antagónico al empresariado privado. El Estado ecuatoriano, como lo reconoció el Banco Mundial, garantizó con “un sistema complejo de subsidios implícitos y poco transparentes” la “eficiencia privada”.

 

Los tradicionales grupos de poder, a pesar de que no tenían un control directo sobre la riqueza petrolera, obtenían también su tajada a base de la expansión del gasto y la inversión fiscales, así como por los créditos preferenciales para la industria, por las barreras arancelarias que la protegían de la competencia externa y, no pocos, por su activa participación directa o indirecta en la corrupción y en el despilfarro de la riqueza petrolera. [11] Y, más tarde, cuando se debilitó la bonanza petrolera y empezó la larga crisis de la deuda externa, el Estado instauró varios esquemas de apoyo (no siempre público) a los grupos oligopólicos, mientras la mediana y pequeña empresa, conjuntamente con el grueso de la sociedad, sufrían mayormente los embates del ajuste. [12]

 

A inicios de la década de los ochenta del siglo XX, como parte de la estrategia de reordenamiento del poder mundial, los precios del petróleo y de otras materias primas empezaron a debilitarse en los mercados internacionales. A esto se sumaron las tendencias neoproteccionistas que afectaban al resto de exportaciones. Entonces también impactó con fuerza el efecto de la nueva política económica de los Estados Unidos -“reaganomics”-, que provocó un encarecimiento y una notable disminución de los préstamos para los países latinoamericanos.

 

Esta estrategia, en definitiva, apuntó al fortalecimiento del sistema capitalista a nivel mundial, imponiendo cambios en las políticas de los países pobres para que se reajustaran a los nuevos requerimientos de las naciones del Norte, en especial de los Estados Unidos. Así las cosas, esta concepción, al rebasar las fronteras de lo económico, se introdujo con la fuerza de una ideología totalizante, apta para garantizar la proyección del poder global de dicho país en América Latina. En este contexto internacional, muchos países empobrecidos, Ecuador uno de ellos, se vieron forzados a profundizar su dependencia como economías primario exportadoras, marginando los tímidos esfuerzos por industrializar y modernizar sus economías.

 

Así, terminada la bonanza petrolera, con el arranque de la crisis de la deuda externa, el Ecuador entró de lleno en los ajustes de inspiración neoliberal. A pesar de quienes sostienen lo contrario, la economía ecuatoriana, como la de casi todos los países de la región, ejecutó y sufrió el recetario del ajuste inspirado en el Consenso de Washington.

 

En todos estos largos años de políticas de estabilización y de programas de ajuste estructural -“la larga noche neoliberal”, para ponerlo en palabras del presidente Rafael Correa- el petróleo fue la fuente de divisas que ha permitido financiar parcialmente la economía ecuatoriana, estrangulada por el elevado servicio de la deuda externa.

 

Desde el año 2000, cuando se impuso la dolarización, la economía se financió gracias a una serie de factores exógenos: particularmente los precios altos del petróleo y las remesas de los emigrantes. Otro factor externo positivo fue la recuperación de la economía de los EEUU, en donde se coloca casi la mitad de las exportaciones ecuatorianas. Las bajas tasas de interés en el mercado financiero internacional fomentaron el endeudamiento externo privado. La depreciación del dólar ayudó a recuperar marginalmente los bajos niveles de competitividad. No se podría marginar de este rápido análisis el ingreso de narcodólares.

 

En este punto, aún antes de considerar las presiones derivadas de la actual crisis económica internacional, es preciso considerar que las reservas de crudo en Ecuador, de conformidad con la información disponible, comienzan a declinar. Lo que se ha extraído podría ser ya superior a lo disponible, desde el 2006. Así, las reservas del país superan en poco los 4.000 millones de barriles. Los descubrimientos son cada vez menos frecuentes, más costosos y menos grandes los nuevos campos encontrados; además, de que los crudos hallados son cada vez más pesados. Esto no significa que no se puede descubrir más petróleo en el Ecuador, pero hay que tener en cuenta que el Oriente ecuatoriano ha sido explorado por décadas, y que la mayor cantidad del petróleo que se extrae hoy fue encontrado hace más de 30 años.

 

Esta consideración es muy importante para entender por qué se ha reforzado la presión para introducir la actividad minera industrial. La minería, sobre todo industrial, a diferencia del petróleo, hasta ahora no ha sido un pilar importante para la economía nacional. De todas maneras, en los últimos años, en la medida que se incrementó la demanda mundial de recursos minerales, y por consiguiente aumentaron los precios de dichos recursos, los sucesivos gobiernos, con el respaldo del sector minero (cámaras de minería, empresarios mineros) han orientado sus esfuerzos para ampliar la actividad minera en el país. En la mira está la transformación del país en un productor minero. Esta pretensión se intensificó mediante una serie de reformas legales.

 

Inspirados en el Consenso de Washington, los gobiernos neoliberales promovieron varias modificaciones en las leyes, procurando crear condiciones “atractivas” para la inversión extranjera destinada a la minería industrial. La cooperación de organismos como el Banco Mundial y gobiernos extranjeros, a través del Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) permitió iniciar un proceso de generación de información específica, que después sería utilizada por las empresas privadas. Esta información despertó el interés por la minería dentro y fuera del país. Fue, sin lugar a dudas, el punto de partida de diversas iniciativas y de varias acciones especulativas, así como de continuados ataques en contra de diversas comunidades a las que se les quiere imponer la minería.

 

Sobre todo luego de la expedición de la reciente ley de minería, en enero del 2009, el Ecuador está a punto de entrar en una fase expectante en cuanto al posible aprovechamiento de su potencial minero. Aunque la nueva ley supera muchas de las aberraciones del marco jurídico anterior, no es menos cierto que no se ajusta al (incumplido) Mandato Minero, expedido en abril del 2008 por 95 de los 96 asambleístas presentes en Montecristi. Tampoco esta ley cumple con las disposiciones de la nueva Constitución, aprobada en referéndum en septiembre del 2008. [13] Y su expedición no fue el resultado de un proceso de amplia participación ciudadana…

 

El apuro para aprobar la nueva ley de minería preocupa aún más, pues la actual crisis económica internacional provoca una disminución de las inversiones en minería. Los bajos precios de los minerales y las deprimidas acciones de las empresas mineras en las bolsas internacionales no configuran un escenario propicio para alentar grandes expectativas sobre masivas inversiones y nuevas exportaciones de recursos primarios, al menos en el corto plazo. Es más, forzar las tasas de extracción de minerales o de petróleo, en medio de la crisis, sólo servirá para confirmar la tesis del “crecimiento empobrecedor”, mencionada más arriba.

 

Sin minimizar lo dicho, es conveniente estar atentos a los otros riegos aún más perversos, que implica la crisis. Riesgos que podrían explicar de alguna forma la aprobación atropellada de dicha ley. No sólo que podría existir el afán por aumentar la oferta exportable de Ecuador, incorporando en ella el cobre y el oro especialmente. Es probable que, en la desesperación por conseguir financiamiento para proyectos que podrían paralizarse por efecto de las actuales restricciones fiscales, el gobierno intente establecer lazos “estratégicos” con algunos países que han comenzado a transformar sus enormes reservas financieras en activos, en tierras o en yacimientos minerales; ese es el caso de China, cuyas empresas están de compras por el mundo subdesarrollado particularmente. [14]

 

Las posibilidades de que los potenciales ingresos mineros puedan provocar una superación de las patologías descritas son (casi) imposibles. No se trata simplemente de confiar en un gobierno autodefinido como “revolucionario”. Hay condiciones intrínsecas en este tipo de economías que deben ser desnudadas, antes de diseñar una estrategia que permita aprovechar de manera inteligente e incluso sustentable los recursos naturales, como parte de una clara programación para arribar a un esquema post-extractivista.

 

Esta posición del gobierno del presidente Correa sorprende. En su primera campaña electoral, en el Plan de Gobierno del Movimiento País – Un primer gran paso para la transformación radical del Ecuador-, [15] se cuestionaba el modelo dependiente de la renta de los recursos naturales. Allí se proponía

 

“… hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar los efectos positivos que se puedan obtener de la extracción petrolera, sin perder de vista que el petróleo se acaba y que el desarrollo no se hace simplemente en base a la extracción de los recursos naturales. Es preciso generar riqueza, no podemos vivir de la renta de los recursos naturales sino del esfuerzo de los seres humanos, esa es la gran tarea”.

 

Más allá de esa promesa electoral, la extracción de materias primas alimenta todavía la ilusión del desarrollo a partir de la extracción de recursos naturales. La tradición del modelo extractivista “oprime como una pesadilla el cerebro” (Marx) de amplios segmentos de la sociedad. Así, todavía predomina, a nivel del actual gobierno, la creencia que los recursos del subsuelo, petroleros y ahora sobre todo minerales, son indispensables para el desarrollo. Una necesidad que se presenta mucho más arraigada justamente en medio de la actual crisis… Esto explicaría también por qué, cuando se estaba elaborando la reciente ley de minería, no se dio paso a una reflexión amplia y democrática sobre los límites que tiene la economía primario exportadora.

 

Exactamente esa permanente expectativa de resolver los problemas de financiamiento de la economía ecuatoriana en base a la extracción y exportación de algún producto primario ha frenado y sigue frenando las posibilidades de un desarrollo endógeno.

 

En Ecuador, el peso abrumador que representa este tipo de economía extractivista, atada a la renta diferencial de la Naturaleza, ha generado una serie de efectos perniciosos en las estructuras económicas y sociales. Esto ha configurado relaciones sociales verticales y una estructura política que impiden el procesamiento de los conflictos sociales. Ha limitado la construcción de ciudadanía. Igualmente ha consolidado las heterogeneidades sociales y económicas. En suma, ha frenado el desarrollo del país.

A alguien -por mala fe o por ignorancia- se le podría ocurrir la peregrina idea de que, ya que la exportación primaria genera y perenniza el subdesarrollo, la solución consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una falacia.

 

Simultáneamente, debe quedar claro que, la continuación de la extracción de dichos recursos, como parte de la construcción de una economía post-extractivista, no debe obstruir, menos aún destruir las vías de salida de dicha economía extractivista. No se puede afectar las actividades manufactureras, la agricultura, el turismo… en definitiva no se debe deteriorar la Naturaleza. Esto indica que este tipo de estrategias, a ser desplegadas mientras se sigue extrayendo los recursos naturales de alguna manera portadores de la maldición de la abundancia, mantiene latentes los riesgos de depender de dichas actividades, sosteniendo la característica colonial de exportador de materias primas.

 

En este punto cobran fuerza las propuestas en el ámbito petrolero del mencionado plan de gobierno del presidente Correa, formulado en el año 2006:

 

“La tarea (…) no es simplemente ampliar la producción de petróleo, sino optimizar su extracción sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales (…) Nuestro gobierno no será un socio de las empresas transnacionales en contra del pueblo ecuatoriano, como ha sucedido una y otra vez en la actividad petrolera. Hay que procurar obtener el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transportado y comercializado, antes que maximizar el volumen de extracción, pero hay que hacerlo respetando a la Naturaleza y a las comunidades (…)” 

 

(…)

 

“Desde la perspectiva de lo anteriormente expuesto, dentro del justo reclamo por asegurar la soberanía energética y financiera del Ecuador, es necesario combinar el estricto cumplimiento de los contratos con la revisión de aquellos contratos que a todas luces no están sirviendo al interés nacional (…). Entonces, no nos contentaremos con una simple repartición de las ganancias extraordinarias, sino que, coincidiendo incluso con el espíritu de cambio de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras a nivel latinoamericano, creemos imprescindible replantearse la distribución de toda la renta petrolera teniendo como un punto de referencia los márgenes de participación de la empresa Texaco en los años setenta y ochenta, que le dejaban al Estado un ingreso superior al 87%.” 

 

(…) 

 

“En este empeño por repensar la política petrolera, aparece con creciente fuerza la necesidad de analizar con seriedad en la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se reedite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonía. Además, es preciso manejar el petróleo existente como una reserva energética para el futuro, a ser extraída posteriormente, siempre que existan suficientes garantías para no poner en riesgo la principal riqueza de la Amazonía: su biodiversidad. 

 

El aprovechamiento adecuado de los recursos minerales, actividades que conforman la minería realmente existente en el país, es otro de los grandes retos. Ecuador requiere una institucionalidad y una normatividad adecuadas para organizar y controlar el funcionamiento de la extracción de materiales de construcción, así como de la pequeña minería, la minería artesanal y la minería de subsistencia. De igual manera se precisa definir, con una amplia y verdadera participación ciudadana, una adecuada estrategia que permita enfrentar el reto de la minería metálica a gran escala, sobre todo a cielo abierto, que pondría en riesgo la biodiversidad e inclusive la convivencia social. Cuestionar esta actividad minera, no pude confundirse con no hacer nada frente a las otras actividades mineras de menor volumen, que son tremendamente perjudiciales para el ambiente y en donde las condiciones sociales son deplorables.

 

El tema de fondo radica en no seguir extendiendo y profundizando un modelo económico extractivita, es decir primario – exportador. Esa no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. El mismo Adam Smith, considerado como el padre del neoliberalismo (a quien sus seguidores le citan con frecuencia, aunque le hayan leído poco y entendido menos), hace más de 200 años, tenía algunos reparos con la minería. En su libro clásico [16] , se pronunció de la siguiente manera:

 

“Entre todos los proyectos costosos e inciertos, que llevan la ruina de la mayor parte de quienes en ellos se aventuran, quizás no se encuentre ninguno en que la amenaza sea tan grande como la busca de nuevas minas de oro y plata. (…) Por esta razón un legislador no debe otorgar ninguna preferencia a esta clase de proyectos desplazando hacia ellos otro capital distinto del que espontáneamente se hubiera dedicado a ello.”

 

Téngase presente, por último, la conclusión a la que llega un estudio financiado por intereses mineros [17] :

 

“la minería solo conviene a aquellos países que no cuentan con otras alternativas”.

 

Y en Ecuador, como es ampliamente conocido, se cuenta con muchas alternativas a las actividades extractivistas, que podrían ser las bases de un desarrollo endógeno y sostenible. Pero que pueden ser afectadas definitivamente si se continúa ampliando el régimen primario – exportador, sobre todo en aquellas regiones ricas en biodiversidad en donde se permita la minería metálica a gran escala y a cielo abierto.

 

En la actualidad, el reto mayor es consolidar en el debate nacional las limitaciones del modelo extractivista. En amplios segmentos de la ciudadanía, no sólo en el gobierno, se ha asumido como indiscutible el camino del extractivismo. Por lo tanto se precisa forzar la discusión y, a partir de ella, diseñar las políticas económicas estructurales e incluso las leyes y las reformas legales requeridas para, desde la efectiva aplicación de la nueva Constitución, encontrar otra senda de desarrollo. Eso implica conformar las alianzas y consensos necesarios para aprovechar las enormes potencialidades que posibiliten asegurar la transición desde una economía primario – exportadora dependiente hacia una economía más autodependiente, es decir hacia una sociedad autosustentable. Ecuador requiere “combinar lo mejor de lo propio con lo más valioso de fuera” (Schuldt). Es decir, se precisa una concepción estratégica de país para -optimizando sus potencialidades domésticas- poder actuar con inteligencia en el contexto internacional.

 

Por la vía del “desarrollismo senil” no se encontrará la salida a este complejo dilema. El reto radica en encontrar una estrategia que permita desarrollarse aprovechando los recursos naturales no renovables, sin depender de ellos para no permanecer en la trampa de la pobreza y del subdesarrollo.

De la experiencia nacional y también internacional sabemos que la existencia de elevadas rentas hidrocarburíferas o mineras le permite al gobierno impulsar ambiciosos proyectos de desarrollo, así como de atender muchas de las largamente postergadas demandas sociales. En situaciones de bonanza, varios gobiernos de economías ricas en recursos naturales han llegado inclusive a anticipar la pronta superación del subdesarrollo. Como afirma Fernando Coronil para el caso venezolano, situación extrapolable aunque en menor proporción al Ecuador, en este tipo de economías aflora un “Estado mágico”, con capacidad de desplegar la “cultura del milagro”. [18] Gracias al petróleo o a la minería, a los cuantiosos ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, desde este tipo de Estados, muchas veces con gobernantes que se asumen como los portadores de la voluntad colectiva, se trata de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad occidental.

 

En estrecha relación con las reflexiones anteriores, la explotación de los recursos naturales no renovables permite el surgimiento de Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la violencia política han añadido el monopolio de la riqueza natural (Coronil). Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado, que muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras, abandona -desde la perspectiva del desarrollo- amplias regiones (tal como se ha visto en la Amazonía ecuatoriana). Y en estas condiciones de “desterritorialización” (Gudynas) del Estado en tanto factor de desarrollo [19] , se consolidan respuestas propias de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema, complicando cada vez más la situación, en la medida que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas.

 

En estas economías petroleras de enclave -Ecuador no es una excepción-, se ha ido configurando una estructura y dinámica política que se caracteriza por la voracidad y el autoritarismo. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y una discrecional distribución de los recursos fiscales, tal como aconteció en Ecuador en los años setenta. Este tipo de ejercicio político -especialmente en el marco de un boom exportador- se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder y/o para acelerar una serie de reformas estructurales que asoman como indispensables para poder transformar sociedades atávicas. Este incremento del gasto y las inversiones públicas es el producto, también, del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles grupos de poder. Como reconoce Jürgen Schuldt,

 

“se trata, por tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del auge. Y el gasto público -que es discrecional- aumenta más que la recaudación atribuible al auge económico (política fiscal pro-cíclica)”.

 

Este “efecto voracidad” provoca la desesperada búsqueda y la apropiación abusiva de parte importante de los excedentes generados en el sector primario – exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas, en escena aparecen los diversos grupos de poder no – cooperativos, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Así, en esta disputa por dicha renta intervienen, sobre todo, las empresas transnacionales involucradas directa o indirectamente en dichas actividades y sus aliados criollos, la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, inclusive las Fuerzas Armadas, así como algunos segmentos sociales con capacidad de incidir políticamente; igualmente obtiene importantes beneficios la conocida como “aristocracia obrera” vinculada a este tipo de actividades extractivistas. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.

 

Esta realidad colleva costos económicos por diversos motivos: la subvaluación de las ventas o la sobrevaluación de los costos para reducir pago de impuestos; eventuales reducciones de la producción para forzar mayores beneficios; creciente actividad de intermediarios de todo tipo que dificultan las actividades productivas; incluso la reducción de las inversiones sectoriales, al menos de las empresas más serias…Por otro lado, depender tanto de la generosidad de la Naturaleza margina los esfuerzos de innovación productiva e incluso de mercadeo, consolida prácticas patrimonialistas y rentistas.

 

Otro efecto pernicioso, atado a esta maldición de la abundancia, viene de la mano de los créditos externos. Así, por ejemplo, a Ecuador como nuevo rico petrolero le fue más fácil conseguir créditos que cuando era apenas un pobretón bananero. El pleno auge económico de los años setenta en el siglo XX, la deuda pública, particularmente externa creció más que proporcionalmente en relación al boom propiamente dicho (es cierto que también por condiciones externas derivadas de las demandas de acumulación del capital). En este punto, entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca internacional (privada y multilateral), corresponsable de los procesos de endeudamiento externo.

 

Ya lo señalamos brevemente, como consecuencia de la alta recaudación derivada de la explotación de los recursos naturales, los gobiernos tienden a dejar de cobrar otros impuestos, mantienen la presión tributaria al mínimo. [20] Esto, como reconoce Schuldt, “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es peor, “con ello se logra que la población no le demande al gobierno transparencia, justicia, representatividad y eficiencia en el gasto” . [21] La lógica del rentismo y del clientelismo difiere de la lógica ciudadana, en la medida que inclusive que frena e impide la construcción de ciudadanía. Y estas prácticas clientelares, si se dan alentando el individualismo [22] , pueden llegar a desactivar las propuestas y las acciones colectivas, lo que termina por afectar las organizaciones sociales y lo que es más grave, el sentido de comunidad.

 

Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las presiones latentes por una mayor democratización. Se da una suerte de “pacificación fiscal” (Schuldt), dirigida a reducir la protesta social. Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (DDHH, justicia, cogobierno, etc.) y de desplazarlos del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.

 

Este tipo de economías extractivistas deteriora grave e irreversiblemente el medio ambiente natural y social en el que se desempeña, a pesar de algunos esfuerzos de las empresas para minimizar la contaminación. De poco sirven sociólogos y antropólogos contratados por dichas empresas, para establecer relaciones “amistosas” con las comunidades aledañas. El discurso sobre la importancia de la explotación de dichos recursos, tan repetido en actos oficiales, se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia sólo por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación de capital (sobre todo transnacional), especialmente cuando estas actividades ponen en riesgo la vida misma.

 

Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, las actividades petroleras han significado un cambio radical en su desenvolvimiento. Por más de 40 años, las comunidades indígenas y colonos de la Amazonía norte han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales a nombre del desarrollo y bienestar de toda la población. Dos pueblos enteros desaparecieron por la acción de la Tecaxo: los tetetes y los sansahuaris. La destrucción ambiental ha sido la norma. Es conocido el “juicio del siglo”, llevado por comunidades y colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Texaco. Los argumentos que se exponen son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa e indirecta por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a los recursos naturales sino que también se evidencian consecuencias nocivas en la población. Los pasivos ambientales se estiman en más de 27 mil millones de dólares.

 

En estas economías se mantiene una inhibidora “mono-mentalidad exportadora”, que termina por ahogar la creatividad y los incentivos de los empresarios nacionales que habrían estado dispuestos -potencialmente- a invertir en ramas económicas con altos valores agregado y de retorno. También en el seno del gobierno, e incluso entre los ciudadanos, se difunde esta “mentalidad pro-exportadora” casi patológica. Lo que lleva a despreciar las enormes capacidades y potencialidades disponibles en el interior del país.

 

Así, los gobiernos de estas economías primario exportadoras no sólo que cuentan con importantes recursos -sobre todo en las fases de auge de los precios- para asumir la necesaria obra pública, sino que están en capacidad de desplegar medidas y acciones dirigidas a cooptar a la población, con el fin de asegurar una base de gobernabilidad que posibilite introducir las reformas y cambios que se consideran pertinentes. Estas buenas intenciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales autoritarios y mesiánicos, que, en el mejor de los casos, pueden ocultarse detrás de “democracias delegativas”. [23]

 

La dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas ocasiones, lleva a la constitución de gobiernos autoritarios y también caudillistas, debido a los siguientes factores:

 

– Débiles instituciones del Estado para hacer respetar las normas, capaces de fiscalizar las acciones gubernamentales;

 

– Ausencia de reglas y de transparencia que alienta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

 

– Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que -a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo- disminuye la inversión y las tasas de crecimiento económico.

 

– Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos.

 

Por otro lado, este tipo de escenarios autoritarios constituye el caldo de cultivo de la conflictividad sociopolítica, pues no se aborda estructuralmente las causas de la pobreza y marginalidad. Igualmente, los significativos impactos ambientales y sociales propios de estas actividades extractivistas a gran escala aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias… [24]

 

Ecuador, más allá de algunas puntualizaciones realizadas a lo largo de este texto, cumple con varias de las patologías propias de una economía extractivista. Es decir una economía que apuesta prioritariamente por la extracción y exportación de recursos naturales. Y, además, es todavía una sociedad donde mayoritariamente se confía en el potencial económico de la renta de la naturaleza…

 

Sin profundizar más en esta cuestión, sustentada en experiencias históricas e incluso recientes, se puede aseverar que Ecuador está al borde de la navaja. Recogiendo las propuestas iniciales de la Revolución Ciudadana, el gobierno del presidente Correa podría corregir el rumbo y apurar el paso para no continuar atrapado en las redes de “la maldición de la abundancia”. Incluso hay actos gubernamentales que indican que esto podría ser posible. A modo de ejemplo, rescatemos el apoyo brindado por el presidente Correa a la iniciativa para dejar el crudo en tierra en el Yasuní, a pesar de las diversas señales ambiguas de su mismo gobierno. Esta decisión, que coincide con la propuesta de moratoria petrolera de su primera campaña electoral, demuestra conciencia sobre el reto -humano, ambiental e incluso económico-, que implica la utilización responsable de los recursos naturales, sobre todo no renovables. Esta iniciativa podría ser realmente revolucionaria, no sólo en Ecuador, si no en el planeta.

 

Lamentablemente hay otras acciones gubernamentales que apuntan en dirección opuesta. Incluso las declaraciones del presidente Correa demuestran que se mantiene la ilusión del extractivismo, plasmado hace dos siglos por Alejandro von Humboldt. Correa, en su Informe a la Nación, el 15 de enero del 2009, para defender la ley de minería usó la misma metáfora que el connotado naturalista y geógrafo alemán:

 

“No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos en el saco de oro”.  

 

Esto demostraría que el gobierno, en realidad, no tendría una clara estrategia post-extractivista. El gobierno del presidente Correa parece aferrado a la vieja idea de que la dotación de recursos naturales determina la especialización productiva del país. Espera que las ventajas comparativas (estáticas) influyan en dicha especialización, es decir, según esta concepción, deberíamos aprovechar prioritariamente el petróleo y la minería, así como otros recursos naturales vinculados al agro. Es cierto que allí se pueden alcanzar elevadas tasas de ganancia, pero, como se ha reiterado en este texto, esa sobre especialización sólo nos mantendrá atados a la maldición de la abundancia.

 

Por otro lado, la represión en contra de la gente de Dayuma, Yamanunka y Playas de Cuyabeno no fueron simples actos de falta de democracia, propios de la heredada “desterritorialización” del Estado, sino señales de un autoritarismo inaceptable para con las comunidades que han sido las eternas víctimas de este modelo. Con la aprobación de la ley de minería, por ejemplo, el gobierno señaliza que todavía espera demasiado de la explotación de dichos recursos; y, que, incluso, para apoyarla está dispuesto a irrespetar la Constitución que tanto apoyó… La ley, aprobada casi sin debate y atropelladamente, por lo demás, es una muestra de intolerancia. Desde ya, las respuestas contrarias a esta ley, a su vez, permiten anticipar la creciente resistencia social en contra de la minería en diversas regiones del país. [25]

 

Las amenazas que se ciernen -sobre todo desde el propio gobierno- sobre los puntos medulares de la flamante Constitución no cesan. A más de la mencionada ley de minería, se aprobó una ley de soberanía alimentaria que apenas traza la cancha a grandes rasgos, pero que no se compromete con los principios constitucionales, sobre todo para que el Estado garantice dicha soberanía. Se cocina, en paralelo, una ley del agua que al parecer no cristalizará todo lo que significa la declaratoria constituyente de asumir al agua como un derecho humano fundamental, que prohibió su privatización, al tiempo que estableció una Autoridad Única del Agua, que tenga la capacidad para asegurar la participación ciudadana en este ámbito de interés público. En otra esquina, con ninguna transparencia, desplegando intensiones reduccionistas, se prepararía un código del ambiente para, de una u otra manera, dejarle sin piso constitucional a los Derechos de la Naturaleza establecidos en la propia Constitución. Parecería que la Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano, en una campaña que contó con el apoyo entusiasta del gobierno y del propio presidente Correa, comienza a ser vista como una camisa de fuerza por parte del mismo gobierno…

 

Debe quedar claro, que no simplemente está en juego la Constitución de Montecristi. El irrespeto a la misma, en el marco de una economía y una sociedad atrapadas por la maldición de la abundancia, terminarán por afectar la democracia.-

 

 

[1] Economista. Profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.

 

[2] Nació y murió en Berlín , el 14 de septiembre de 1769 y el 6 de mayo de 1859 , respectivamente. Sus obras, escritas a raíz de su expedición por Nuestra América (1799-1804), tuvieron repercusiones políticas y económicas profundas. Aquellas obras atrajeron el interés del capitalismo colonial. El afán científico que movió a ese gran berlinés para llegar a América, sin que esto represente una acusación en su contra, no puede desvincularse de la expansión económica y política de las potencias europeas. Humboldt lo sabía. “Los progresos de los conocimientos cósmicos exigieron el precio de todas las violencias y horrores que los conquistadores, que se tenían a sí mismos por civilizados, extendieron por todo el continente”, escribió en su obra magna: “Cosmos” (“Kosmos”).

 

[3] Para la primera parte de este artículo el autor recurrió a varias reflexiones ya publicadas en Schuldt, Jürgen y Acosta, Alberto (2006); “Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿Una maldición sin solución?”, revista Nueva Sociedad Nº 204 , Buenos Aires, julio/agosto.

 

[4] En la actualidad la cuestión de los “recursos naturales no renovables” debe ser enfocada a la luz de las recientes evoluciones y tendencias. Dado el enorme nivel de extracción de recursos, muchos “renovables”, como por ejemplo el forestal o la fertilidad del suelo, pasan a ser no renovables, ya que el recurso se pierde porque la tasa de extracción es mucho más alta que la tasa ecológica de renovación del recurso. Entonces, a los ritmos actuales los problemas de los recursos naturales no renovables podrían aplicarse por igual para todos los recursos, renovables o no. Esto podría aplicarse, también, para los manglares y poco a poco para los páramos andinos. Un tema que merece una discusión especial.

 

[5] Baghwati, Jagdish N (1958); “ Immiserizing Growth”, Review of Economic Studies, June, 201-205.

 

[6] Coronil, Fernando (2002); El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela , Consejo de desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela – Nueva Sociedad, Venezuela.

 

[7] Ver el valioso aporte de Sc huldt, Jürgen (2005); ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización , Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima.

 

[8] Pero no nos olvidemos que la riqueza petrolera no fue el único detonante de la carrera de endeudamiento externo, sino la existencia de importantes volúmenes de recursos financieros en el mercado mundial que no encontraban una colocación rentable en las economías de los países industrializados por la recesión.

 

[9] Sobre esta evolución de la economía se puede consultar el libro del autor (2002); Breve Historia Económica del Ecuador, Corporación Editora Nacional , Quito.

 

[10] Recuérdese que el país registró una larga etapa dictatorial desde junio de 1970, primero con José María Velasco Ibarra, que luego se prolongó hasta agosto de 1979 con dos gobiernos militares sucesivos.

 

[11] No se pueden olvidar las distorsiones provocadas por la estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones, cuya aplicación -errada e incluso incompleta- terminó por consolidar las prácticas rentísticas y podo democráticas de amplios segmentos empresariales, sobre todo en el sector industrial. A través de estos mecanismos, explícitos o implícitos, el Estado, durante el boom del petróleo de los años 70 en el siglo XX, transfirió masivamente excedentes a las burguesías urbano oligopólicas. Importantes transferencias fueron del campo a la ciudad, del agro a la industria, de los exportadores a los importadores industriales, de los ahorristas a los acreedores industriales, de los que pagan impuestos indirectos respecto a los que deberían cancelar impuestos a la renta y las ganancias, etc. (Ver Acosta 2002) Siempre los capitalistas han contado con la capacidad de utilizar los aparatos del Estado en beneficio propio” (Ver Wallerstein, Immanuel (1988); El capitalismo histórico , Bogotá).

 

[12] El mismo Wallerstein reconoce otra de las constantes del “capitalismo histórico”, cuando afirma que “estas prácticas de redistribución antiigualitarios han sido el lado vergonzoso del poder del Estado (vergonzoso en el el sentido en que los gobiernos se sentían un tanto embarazados por estas actividades y trataban de mantenerlas ocultas)”.

 

[13] La inconstitucionalidad de la ley minera se presenta en varios puntos: delegación, utilidades, consulta previa, servidumbre, ley ordinaria, entre otros. Sobre el tema se pueden ver los comentarios del doctor Mario Melo, sintetizados en Análisis Semanal Nº 6, Minería: ¿Victoria pírrica?, 12 de febrero del 2009.

 

[14] Las empresas chinas, que no se caracterizan por ser las más responsables en términos ambientales y sociales, sino todo lo contrario, se encuentran entre las relativamente pocas empresas que aún invierten en la actual crisis mundial. Entre los nuevos proyectos destaca la compra del depósito de cobre Toromocho en Junín, al este de Lima, en Perú. La Corporación de Aluminio de China (Chinalco) compró Toromocho de la compañía minera junior canadiense Peru Copper. La compañía afirma haber reservas de alrededor de 2 millones de toneladas métricas. Se espera producir alrededor de 210.000 toneladas de cobre al año a partir de 2012, con una inversión estimada en 2,4 mil millones de dólares. Inversión que no sufriría por la crisis, puesto que esta empresa tendría un amplio acceso a la financiación en China, según sus directivos. Este tipo de compras chinas se multiplican en el último tiempo en diversas partes del planeta; sobre todo los empresarios chinos están comprando las concesiones de empresas junior canadienses. Y es sabido que las empresas chinas no cumplen en los países empobrecidos con las restricciones ambientales y sociales que países como Estados Unidos, Canadá y otros obligan a sus empresas mineras.

 

[15] Hay que anotar que, a más del autor de estas líneas, varios funcionarios del gobierno de Acuerdo País, incluyendo el propio presidente Rafael Correa, conjuntamente con cientos de personas, ciudadanas y ciudadanas independientes o representantes de organizaciones y movimientos sociales, participaron en la elaboración de dicho plan. Fander Falconí, quien fuera secretario general de la SENPLADES y actualmente Canciller de la República, fue el coordinador del plan.

 

[16] “Investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones” (1776).

 

[17] Abriendo Brecha Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (2002) Mining, Minerals and Sustainable Development. 2002 .

 

[18] Este autor aborda la realidad venezolana desde el gobierno del general Juan Vicente Gómez hasta antes del coronel Hugo Chávez Frías. Coronil, Fernando (2002); El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela , Consejo de desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela – Nueva Sociedad, Venezuela.

 

[19] Ver Gudynas, Eduardo (2007); Integración, sustentabilidad y desarrollo, Ensayos sobre integración regional en América Latina , CLAES, Montevideo

 

[20] Esta tendencia ha cambiado en el Ecuador durante la reciente alza de los precios del petróleo. La presión fiscal El incremento de la presión fiscal ha sido uno de los puntos positivos en el año 2008, en especial evitando la evasión y elusión tributaria. De diciembre de 2007 a diciembre de 2008, ésta ha crecido 0,73 puntos porcentuales alcanzando el 12,9% del PIB en el año 2008, la más alta registrada desde el año 2001. Ver Análisis de Coyuntura Económica – Una lectura de los principales componentes de la economía 2008 , ILDIS y FLACSO, febrero 2009.

 

[21] L a demanda por representación democrática del Estado, nos recuerda Schuldt, surgió generalmente como consecuencia de los aumentos de impuestos; por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y Francia a principios del siglo XIX.

 

[22] Los diversos proyectos “socio-país” del gobierno de la “Revolución Ciudadana” podrían provocar, conciente o inconcientemente, estos efectos.

 

[23] Hay que resaltar como positivo el proceso democrático impulsado en Ecuador en los últimos dos años para introducir reformas estructurales indispensables en el país. Sin embargo, estos ejercicios electorales reiterados perderán fuerza, serán meros actos plebiscitarios, si no se asegura la real participación de la ciudadanía en la definición y gestión de los destinos del país, empezando por la aprobación participativa de las leyes que son indispensables para enraizar la nueva Constitución. Sin efectiva participación ciudadana se da paso a un vaciamiento de la democracia, por más que se consulte repetidamente al pueblo en las urnas.

 

[24] Ross analizando este tipo de situaciones, concluye que “he encontrado que un incremento de un punto porcentual en la dependencia de recursos -medida por el cociente de exportaciones primarias respecto al PIB- lleva aproximadamente a un incremento del 8% en la probabilidad que se geste un gobierno autoritario”. Ver Ross, Michael (2003); How does Mineral Wealth affect the Poor? UCLA, Departamento de Ciencias Políticas (www.polici.ucla.edu/faculty/min-poor.pdf).

 

[25] En estas circunstancias, el manejo de la política petrolera y también minera, con escaso margen de participación ciudadana, haría necesaria la gestación, desde lo local, de espacios de contrapoder de acción democrática. A partir de ellos se podrían forjar los embriones de un imaginario de desarrollo nacional que supere el extractivismo.