Desde 1997 el asentamiento de habitantes provenientes de otras regiones de Cuba en la capital está regulado. Hoy, buena parte de los alrededor de 600 mil inmigrantes internos vive prácticamente en la ilegalidad.
Por experiencia propia, Caridad sabe que el Centro Histórico y el Malecón son las zonas más “peligrosas” de La Habana. Allí la presencia policial es constante y las redadas pueden producirse incluso varias veces al día. “Casi siempre es porque buscan jineteras (prostitutas) o se preparan para una visita importante, pero una no puede confiarse. Yo misma ya tengo dos cartas de advertencia, y una vez hasta me deportaron. Si me detuvieran de nuevo posiblemente no pararía hasta (la cárcel de) Puerto Boniato.”
Como una salvaguardia, Caridad lleva siempre dos billetes de 20 Cuc en su seno. Equivalen a cerca de 40 dólares, o lo que es igual, casi dos meses de salario para la mayoría de los funcionarios estatales. Con ellos ha pagado durante las ocasionales redadas policiales en las que se ha visto envuelta: “un billete primero, y si no funciona, entonces el segundo…”.
Así ha ido capeando temporales y escribiendo su historia “capitalina”. Todo comenzó hace alrededor de cinco años, cuando decidió que no quería seguir pasando trabajo en un pueblo perdido de la provincia de Santiago de Cuba, casi mil quilómetros al este de La Habana. “Si iba a comer tierra, por lo menos quería hacerlo en la Poma”, dice aludiendo al sobrenombre de la capital cubana. “Todo lo que te digan es verdad: aquí dan más cosas en la libreta de racionamiento, hay más posibilidades de ganar dinero y hasta los hospitales están mejor.”
El primer paso fue convencer a su abuela de vender la casita en la que ambas vivían con los dos hijos de Caridad. Luego, con aquellos 60 mil pesos, se lanzaron a la odisea de encontrar techo en la gran ciudad. Con ese presupuesto, su punto de destino no podía ser otro que alguno de los extensos barrios de “llega y pon” que cercan la urbe. En su caso se trató de la “parte buena” del reparto Los Pocitos, en el municipio citadino de Marianao. Allí lograron comprar una pequeña casa de tablas y ladrillos sin repellar, con techo de tejas de cartón y un único cuarto. Todo sin papeles, como el resto de las viviendas de esa extensa barriada que pueblan fundamentalmente inmigrantes de la parte más oriental de la isla.
LOS PALESTINOS.
Precisamente de las provincias del oriente, las más pobres, parte el flujo migratorio que condiciona la realidad demográfica del país. Los nacidos en esa zona tienen un título propio: “palestinos”, y son objeto de una discriminación tan habitual que parece formar parte de la identidad nacional. “El término ‘palestino’ es doblemente ignominioso: porque etiqueta a una parte de sus ciudadanos (y) porque toma como objeto de mofa a una nacionalidad que por su lucha es digna de admiración”, se lamentaba hace algunas semanas el escritor Reinaldo Cedeño en un artículo que suscitó discusiones en Internet. A su juicio, ni el Estado ni los medios de difusión masiva han hecho lo suficiente para cambiar el actual escenario, favoreciendo con su “apatía” la victimización de ese segmento poblacional.
La problemática trasciende, con mucho, el escenario de las políticas culturales o para la igualdad social. Las diferencias en cuanto a desarrollo y oportunidades signaron desde siempre las distintas regiones geográficas de la isla, generando corrientes migratorias que se extendían por su eje central, por lo regular con dirección al oeste. Luego del triunfo de la revolución ese proceso se moduló parcialmente gracias a los planes de desarrollo aplicados por el nuevo gobierno, que pretendían una evolución más armoniosa de todos los territorios. La crisis de los noventa echó por tierra la inmensa mayoría de aquellos proyectos. Sólo entre 1991 y 1996 la emigración promedio hacia La Habana pasó de unas 10 mil personas anuales a casi 30 mil.
Ese fue el contexto en que se aprobó una de las legislaciones más polémicas: el decreto-ley 217, de 1997. En él se establecen limitaciones para el asentamiento en la capital de los cubanos llegados desde otras provincias, quienes pueden ser multados y deportados hacia sus localidades de origen si son sorprendidos residiendo en la ciudad sin todos los permisos de rigor. Además, aunque la disposición no lo especifica, las autoridades tienen la prerrogativa de recluir en establecimientos penitenciarios a los reincidentes, bajo el pretexto de la llamada “peligrosidad social”.
En sus cinco años como “capitalina” Caridad ha sido de todo un poco, “menos ladrona y puta”. Cuenta que ha limpiado casas, trabajado en cafeterías y otros negocios del floreciente sector privado, vendido los más disímiles artículos… Precisamente el último de esos oficios es el que ahora le permite ganar el sustento para ella y sus familiares. Adonde va, Caridad lleva siempre varias cajas de tabaco, que consigue entre tabaqueros particulares, ilegales como ella, y que más tarde vende en las cercanías de los hoteles u otras zonas con gran afluencia de extranjeros. De ahí el riesgo de que puedan detenerla y deportarla, un desenlace que dejaría sin protección a sus dos hijos, de 11 y 16 años, y a su abuela, que ronda los 70.
De acuerdo con los censos realizados en 2002 y 2012, un tercio de los más de 2 millones de habitantes de La Habana son nacidos en otras provincias; buena parte de ellos (algunos estudios aseguran que hasta un 25 o 30 por ciento) se encuentran en una situación migratoria irregular. “Sólo cuantificar la magnitud del fenómeno ya resulta un reto, pues en muchas de esas barriadas las personas tienden a esconderse y se niegan a colaborar con cualquier estudio por miedo a salir perjudicados”, asegura Richard Esteban, profesor de sociología en la Universidad de La Habana. “Es un asunto con el que convivimos de forma habitual, que afecta a miles de cubanos, pero que se mantiene a la sombra y con muy pocas posibilidades de solución.”
CONDICIONES.
Para regularizar su estatus en La Habana, un inmigrante del interior del país debe contar con una vivienda propia o el consentimiento del propietario de una que le permita inscribirse en su dirección particular. El proceso incluye trámites en varias dependencias de alguno de los 15 gobiernos en que se divide administrativamente la urbe, comprobaciones y numerosos documentos, además de la siempre difícil firma del presidente (alcalde) de la demarcación donde se aspira a residir.
Sin esas formalidades no es posible obtener el carné de identidad que acredite la condición de “legal”, y sin éste serán infructuosos los esfuerzos para acceder a algún empleo estatal, a los productos que se distribuyen de forma subsidiada a través de la libreta de abastecimiento, y –al menos en teoría– a los servicios gratuitos de salud y educación.
“Los niños asisten a la escuela hasta que se gradúan de algún técnico medio o de obrero calificado –porque el preuniversitario también se otorga según la dirección del estudiante–; y más tarde, a la hora de ejercer, no pueden hacerlo en La Habana porque no residen oficialmente en ningún lugar de la ciudad, aunque muchos nacieron allí”, comenta la periodista Lisandra de la Paz en un artículo publicado por la revista científica Juventud Técnica. Es una realidad compleja, en la que “todos tienen derecho la atención médica, sobre todo las mujeres embarazadas, pero al nacer el niño o la niña se les obliga a inscribirlos en su provincia de origen, donde su carné dice que residen”.
Pero por adversa que sea la realidad en la que viven, ni Caridad ni los suyos, ni otros miles que cada año arriban a la ciudad, piensan en el retorno. En Baire, su poblado natal, “no hay nada que buscar. A las mujeres sólo nos queda trabajar en la agricultura, en algún negocito que aparezca por ‘la izquierda’, o dedicarnos a atender a un hombre. ¿Acaso eso es vida?”.
“¿Volver a dónde?”, repiten casi todos. Para ellos La Habana sigue siendo la “tierra prometida”.
Brecha
El fantasma del período especial
Por: Patricia Grogg
Las medidas aplicadas por el gobierno cubano para enfrentar la crisis incluyen la disminución del suministro de electricidad en organismos y empresas de Estado, y la reducción de gastos en divisas.
Los cubanos temen volver a soportar las penurias del llamado “período especial económico”, por la nueva crisis que afecta al país y ha obligado al gobierno a tomar un programa de medidas de austeridad. El fantasma del período especial, como se denominó a la aguda depresión de los noventa, recorre otra vez los hogares, aunque gobierno y especialistas coinciden en que la nueva crisis es diferente y existen recursos para afrontarla.
El presidente, Raúl Castro, reconoció este mes la crisis y alertó que vienen tiempos duros, mientras tomó medidas a favor del ahorro energético y la contención del gasto de divisas, además de sustituir al ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, por Ricardo Cabrisas, un veterano y eficaz negociador en las áreas de comercio exterior y las relaciones financieras.
A principios de julio, Castro y el entonces aún ministro Murillo insistieron en que el programa de ajustes diseñado para enfrentar la falta de liquidez financiera y el desabastecimiento petrolero afectaría “lo menos posible” a los 11,2 millones de habitantes del país. Pero ya son numerosas las quejas por imprevistos cortes de energía eléctrica.
La empresa estatal Unión Eléctrica insistió este mes en que las interrupciones en el sector residencial se deben a imprevistas roturas y a la poda de árboles, usual en el inicio de la temporada ciclónica, de junio a noviembre.
Las medidas aplicadas por el gobierno incluyen disminución del suministro de electricidad en organismos y empresas del Estado, y reducción de gastos en divisas. Además se da prioridad, en el uso de la reducida disponibilidad de divisas y de oferta energética, a aquellos sectores que aseguren ingresos externos, como el turismo, y que sustituyan importaciones.
Durante la grave recesión que siguió a la extinción de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, a inicios de la década del 90, Cuba perdió el suministro petrolero proveniente de Moscú y sus principales mercados. Los apagones pasaron a llamarse popularmente “alumbrones”, por su frecuencia. Entre 1989 y 1993, lo más crítico del período especial, el país registró una caída de 34,8 por ciento de su Pbi. Según los analistas, la contracción en el suministro de combustible desde Venezuela, el principal socio comercial de Cuba durante este siglo, es el origen de los problemas que han desacelerado la economía en el primer semestre de 2016, cuando apenas creció 1 por ciento, la mitad de lo previsto.
De acuerdo a un convenio vigente desde 2000, Caracas abastece a La Habana de unos 90 mil barriles diarios de petróleo, a cambio de profesores, médicos y otros servicios. El corte abrupto de este intercambio generaría un gasto de 1.300 millones de dólares anuales, según expertos internacionales. “La analogía es evidente, aunque Caracas representa hoy menos de lo que Moscú significó, hace más de dos decenios, para el comercio, el desarrollo y las finanzas de Cuba”, comentó en un artículo sobre el tema el periodista especializado en temas económicos Ariel Terrero.
Pese a su baja calidad, el crudo extrapesado y el gas de producción cubana satisfacen 40 por ciento del consumo energético del país, entre ellos la generación de electricidad, aunque es preciso aligerarlo con petróleo de importación. Existen planes para elevar hasta un 24 por ciento en 2030 la matriz energética utilizando fuentes renovables.
Pávor Vidal, otro economista, alertó que “se sabía” que la crisis de Venezuela tendría un efecto negativo sobre Cuba, pero aun así se mantuvo alta la dependencia comercial y financiera con ese país, en tanto la renegociación con acreedores y la apertura de nuevos espacios de integración internacional no se han traducido en mayores flujos comerciales y de inversiones. Antes de llegar a un nuevo período especial, “la primera fase por la que transitaremos es una fuerte contracción de la disponibilidad de divisas, que pondrá en riesgo la acertada política de estos años de renegociar y poner al día las finanzas internacionales”, opinó este profesor de la colombiana Universidad Javeriana, de Cali.
Por tanto, el primer desafío será evitar un “corralito financiero” como el de los años 2008 y 2009. Vidal reiteró que en la actualidad las opciones para amortiguar el impacto incluyen dar luz verde a los proyectos de inversión extranjera en proceso de aprobación y eliminar el monopolio estatal sobre el comercio externo, lo que implica abrir un “mercado competitivo de insumos y bienes de capital físico”. También propone expandir el espacio de la pequeña y mediana empresa privada y las cooperativas, con posibilidad de que participen los profesionales. “Es decir, la respuesta a la crisis tiene que ser una combinación de ajuste (que es lo que ya tiene planeado el gobierno) y de liberalización de los mercados”, dijo.
El recambio en el Ministerio de Economía y Planificación colocó desde el 14 de este mes al frente de esa crucial cartera a Cabrisas, de 79 años, una de cuyas últimas gestiones fue la renegociación de la deuda con el Club de París. En su nuevo cargo, Cabrisas va a tener que hacer uso de esa experiencia para tratar de preservar la credibilidad de Cuba ante sus deudores y hacer manejable el endeudamiento externo. Murillo, de 55 años, se mantiene como jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, responsable del proceso de actualización del modelo económico del país.
La difícil coyuntura económica coincide con el primer aniversario del restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el 20 de este mes. Desde entonces, ambos países han mantenido un fluido diálogo, aunque la total normalización de los vínculos bilaterales continúa entorpecida por el mantenimiento del embargo económico estadounidense a la isla. El presidente Barack Obama anunció en marzo en La Habana que se eliminaría la prohibición de que Cuba use dólares en sus transacciones internacionales, pero “lo cierto es que no se ha logrado todavía efectuar pagos ni depósitos en efectivo en esa moneda”, se quejó Castro.
Por Patricia Grogg, periodista de la agencia Ips.
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