El dueño de la vivienda incendiada en la que murieron seis personas, un predicador evangélico, se había negado a prestar la parte alta del edificio para ubicar francotiradores. También dos hombres fueron asesinados a tiros y luego prendidos fuego.
La retomada mesa de diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la oposición se vio manchada ayer por nuevos hechos de violencia en el país, entre ellos la muerte de al menos seis miembros de una familia en un ataque en el que se incendió su vivienda en la capital.
El incendio, donde fallecieron al menos cuatro adultos y dos niños, ocurrió la mañana de ayer en un establecimiento de tres pisos, que funcionaba como vivienda y fábrica de colchonetas de espuma, cuyo material es altamente inflamable, localizado en el barrio Carlos Marx, en Managua. Según la versión de vecinos del sector, recopiladas por los bomberos, delincuentes encapuchados lanzaron al interior de la vivienda bombas molotov, lo que provocó el incendio que se propagó de manera rápida, y amenazaron a la familia con disparar si salían de la casa mientras ardía en llamas. Los familiares de las víctimas explicaron a los medios locales que la causa del ataque fue que el dueño de la vivienda, un predicador evangélico, se negó a prestar la parte alta del edificio para ubicar francotiradores. Cerca del incendio, dos hombres también fueron asesinados a tiros y luego prendidos fuego en plena calle.
El canciller y jefe de la delegación gubernamental, Denis Moncada, leyó un informe policial y tomó distancia de lo ocurrido, al atribuir el incendio a grupos de encapuchados que, según dijo, habían estado acechando la zona y lamentó que se continúe privando de la vida a ciudadanos.
Sin embargo, el productor Michael Healy, miembro de la Alianza Cívica, acusó a la policía y a grupos paramilitares de ser responsables de los hechos y dijo que las pruebas eran suficientes y que estaban en todas las redes sociales. “Le pido al Gobierno que se pare la represión de una vez por todas, eso es lo que está pidiendo el pueblo y eso es lo que ustedes deberían de garantizarle al pueblo”, respondió Healy.
Los hechos fueron centrales ayer en la llamada mesa del diálogo nacional. Las conversaciones se retomaron el viernes entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, representada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios, con mediación de la Iglesia católica, para intentar resolver la crisis que sacude al país desde hace casi dos meses, en la que murieron al menos 200 personas, la gran mayoría estudiantes, campesinos y manifestantes opositores. Ayer, se acordó la formación de tres comisiones de trabajo.
Una de las comisiones, la de verificación y seguridad, se encargaráb de garantizar el cese de la violencia y el retiro de las barricadas que los campesinos colocaron para cortar rutas del país tras el inicio de las protestas el pasado 18 de abril.
En tanto, la comisión de democratización discutirá la renuncia del actual tribunal electoral, acusado de fraude por la oposición, y la preparación de elecciones generales el 31 de marzo de 2019, lo que anticiparía los comicios presidenciales previstos para 2021.
La tercera comisión, la judicial, trabajará en el tema de la renuncia y sustitución de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalados de favorecer con sus actuaciones a Ortega.
El obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, informó que el diálogo continuará mañana. No obstante, el canciller Moncada advirtió: “No aceptaremos imposiciones que rompan el ordenamiento jurídico y las reglas del juego establecidas para cambiar gobiernos a través de elecciones”, dijo Moncada en alusión a los reclamos de la oposición, que exige la renuncia de Ortega.
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