En América Latina están ubicadas cuatro de las “maravillas del mundo”, todas ligadas a la herencia o la existencia de los actuales pueblos indígenas. Se trata de bellezas únicas que expresan creencias y temas simbólicos; sin embargo, con increíble inconsciencia, las clases sociales dominantes en los países donde se encuentran estos privilegiados sitios, con la complicidad de los gobiernos, tratan de alejar de ahí a los indígenas que aún hablan la lengua, conservan la vestimenta, los objetos artísticos, la música, los cánticos de sus antepasados. De Chichén-Itzá, la ciudad marcada por los astros, los artesanos mayas son expulsados para que no “molesten a los turistas”. El gobierno mexicano, claro está, no interviene. Machu Pichu, que plasma los instantes caóticos y cósmicos de la creación quechua, es un lugar inalcanzable para los indígenas de la zona, que solo ven de lejos pasar el tren que lleva a los visitantes al sitio sagrado. Al gobierno de Umala no le interesan los pueblos indígenas. Las cataratas de Iguazú, de doscientos setenta saltos, fueron parte del territorio guaraní, de donde se los desplazó a tiros para “limpiar el lugar”. Aún hoy se los sigue alejando para emplazar hoteles, pero la presidenta Kirschner no muestra el menor interés en remediar la situación. La selva amazónica es invadida por transnacionales de todo tipo, pero los gobiernos de la región están dispuestos a cambiar la Amazonia por dinero. No hay nada que haga pensar que el presidente Correa quiere proteger a los pueblos amazónicos. Piénsese solo en las afectaciones que sufre el territorio waorani por acción de las petroleras, recuérdese la muerte de Bosco Wisuma.
En la práctica, el Ecuador no ha aceptado las recomendaciones de la ONU sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa cuando se trata de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios ancestrales, derecho que se explica en el Convenio 169 de la OIT y que lo recogen las constituciones de varios países. El gobierno ecuatoriano reconoce que la Constitución sí establece como derecho la consulta previa, pero alude en forma artera que no se habla de consentimiento. Según un estudio sobre el tema, el actual régimen “logró la aprobación de instrumentos jurídicos para que se destruyeran los logros alcanzados por los movimientos sociales en relación a la consulta previa”. ¿Qué sentido tiene está si se rechaza de antemano la voluntad de las comunidades afectadas?
Ahora resulta que la Amazonia es “una de las maravillas del planeta”, aunque los indígenas amazónicos siempre han tratado a sus tierras y a su universo espiritual como algo milagroso. Frente a esta realidad no luce atractiva la idea de que abandonen su mundo y se suman en el desarrollo capitalista con el respaldo de una consulta despojada del carácter vinculante que originalmente tuvo.
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