El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgará este sábado en un acto multitudinario en la ciudad de El Alto la nueva Constitución Política del Estado, de corte plurinacional y nacionalista, aprobada por 61.43 por ciento de los votos emitidos en el referendo del pasado 25 de enero.
El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, hará entrega formal este mismo día de los resultados de la consulta popular al vicepresidente de la república y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, por lo que todo está listo para la “fiesta democrática” en El Alto, urbe aymara que suele apoyar al mandatario y donde se espera la asistencia de miles de sus seguidores.
Una vez promulgada la Constitución, será el propio presidente Morales quien dé a conocer la modificación de la estructura del Poder Ejecutivo, por decreto presidencial, para adecuarlo a lo que ésta establece, tras advertir luego de la consulta que el texto constitucional es un pacto que ya no admite otros cambios.
En este acto, al que acudirán representantes de los 36 pueblos indígenas del país, las fuerzas armadas y la Policía Nacional prestarán juramento de acatamiento y defensa de la nueva Carta Magna.
Asistirán como invitados especiales la premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, mientras que el gobierno de Venezuela enviará a su canciller Nicolás Maduro.
Será “un acto histórico –indicó García Linera– la primera Constitución que se promulga con el voto ciudadano; hemos tenido más de 17 constituciones, (pero) nunca se le pidió al pueblo que opine, ahora ha opinado de manera mayoritaria. Es una refundación de la república, de sus instituciones, de manera democrática”.
De acuerdo con la Ley de Convocatoria al referendo dirimidor y constituyente, será el presidente del Congreso el que haga las modificaciones necesarias para que el nuevo texto constitucional incluya el resultado de la votación acerca de la extensión máxima de la tenencia de la tierra en el país, que para las dotaciones futuras no deberá ser mayor de 5 mil hectáreas, opción que recibió 80.65 por ciento de los votos válidos emitidos el domingo 25 de enero.
Entrevistado después de la ceremonia citada en la Corte Nacional Electoral, frente a las críticas de la oposición política por un supuesto gasto excesivo que se hizo para la movilización popular de mañana, García Linera afirmó: “Está claro que la oposición no ha digerido su derrota política, ideológica y cultural; el acto de promulgación es oficial y las personas que se movilizarán lo van a hacer con sus recursos propios”.
Recomendó el funcionario “un bañito de lectura a algunos senadores (de la oposición), para que entiendan cómo va a ser la Bolivia del siglo XXI a partir del nuevo texto constitucional”.
–¿Se terminan aquí los 500 años de opresión? –se le preguntó.
–Al menos es la señal más fuerte del desmontaje de los abusos, discriminaciones, de las exclusiones que caracterizaron la vida institucional del país –respondió–. Es el comienzo y ahora es más fuerte porque es un texto constitucional que para cambiarlo tendrán que pasar al menos 20 años”.
Sobre la investigación de los actos de corrupción de funcionarios de gobiernos anteriores que están por prescribir, indicó que la nueva Constitución establece la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en contra del Estado.
Además, apuntó, se establece que la investigación de delitos económicos contra el Estado es retroactiva, lo que garantiza “que ningún delito contra el Estado quede en la impunidad independientemente del monto, del año cometido, del tiempo que transcurra un procedimiento de investigación”.
Reconoció que hay contradicciones en el nuevo texto constitucional, y aseguró que “hasta la Constitución de Estados Unidos tiene enmiendas a la Constitución, que es superación de contradicciones y ¿por qué la nuestra no habría de tener? ¿Quién se escandaliza por ello?”, cuestionó.
Agregó que lo importante del texto constitucional boliviano es su desarrollo, su aplicación, que requiere de tres tipos de herramientas, leyes del Congreso plurinacional, que será instaurado en 2010, leyes que el actual Congreso “de transición” puede aprobar en base a acuerdos y decretos presidenciales para la aplicación inmediata de derechos de las personas.
Mientras, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó de “provocación” del gobierno nacional el anuncio del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de que va a revertir (devolver) al Estado 36 mil hectáreas de 10 predios de cinco unidades productivas en la región cruceña de Alto Parapetí, tras haber encontrado evidencias de que en ellas existían “relaciones servidumbrales” o equiparadas a la semiesclavitud.
El director nacional del INRA, Carlos Rojas, informó que esas “relaciones servidumbrales” constituyen causal de incumplimiento de la Función Económica Social que por ley deben cumplir las fincas rurales, pues se verificó que en esos predios se explotaba a los trabajadores –con pago en especie y jornadas de más de ocho horas–, había trabajo infantil y se impedía a los peones afiliarse a la Asamblea del Pueblo Guaraní.
Costas aseveró que la anunciada reversión “es parte de la búsqueda de dar carne a los lobos para que se queden tranquilos o una cortina de humo ante la situación crítica que vive (el gobierno) por el hecho de corrupción” del que se acusa a uno de los hombres fuertes del Movimiento al Socialismo, Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien fue destituido el fin de semana por presuntos hechos de corrupción.
Rosa Rojas (Corresponsal)
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