Detienen al máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza
En represalia por la movilización convocada por la más importante organización indígena de Ecuador y otras agrupaciones sociales, el gobierno reprime.
La primera jornada de la movilización nacional indefinida convocada en Ecuador por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se saldó este lunes con algunos cortes de ruta, sin graves incidentes y con la advertencia del gobierno de que no permitirá la paralización de servicios públicos y esenciales, pero la detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en la madrugada del martes, cambió el escenario.
La Conaie, que inició el lunes 13 un paro nacional de carácter indefinido con una lista de 10 exigencias al gobierno, y que incluyó 20 bloqueos de carreteras en 11 provincias, llamó a radicalizar la protesta tras detención de Iza.
El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se abrieron 41 investigaciones previas por actos vandálicos, que incluyen incendios de patrulleros en Cayambe y en la vía Cuenca-Molleturo y la suspensión de bombeo de una estación de extracción de petróleo en la población de Pompeya, en Orellana.
El presidente Guillermo Lasso anunció que los autores intelectuales y materiales de lo que definió como actos vandálicos fueron detenidos en las protestas que se iniciaron este lunes y ordenó la detención de Iza por parte de grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas. El dirigente fue detenido a la una de la madrugada del martes 14 de junio, en el sector de Pastocalle, en donde había participado del corte de la E-35, la carretera Panamericana, en el sector conocido como El Chasqui.
“El día de ayer se produjeron actos vandálicos, que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo Lasso en su intervención grabada. “Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales, ejecutores de estos actos violentos”, añadió.
Los reclamos
Entre los principales reclamos de la Conaie está la suba del costo de vida, especialmente de los precios de los combustibles, el aumento del costo de la vida, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas como arroz, banana y leche y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. Con la represión el gobierno del banquero neoliberal Guillermo Lasso busca evitar que se repita la ola de masivas manifestaciones de octubre de 2019.
A su vez, la Conaie exige moratorias de deudas, que frene «la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera» y una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales». Junto a ello, demandan que se respeten derechos colectivos como los deeducación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégicos.
Los manifestantes mantenían caminos bloqueados con neumáticos en llamas y barricadas levantadas con tierra, piedras y árboles en al menos siete de las 24 provincias ecuatorianas, incluida la andina Pichincha cuya capital es Quito, de acuerdo con el servicio estatal de seguridad. «Es nuestra manifestación contundente hasta que el gobierno escuche. Hemos visto que las políticas de Guillermo Lasso una vez más nos han afectado», declaró Manuel Cocha, dirigente campesino de Poaló.
En El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi y antes de su detención, Iza rcchazó la apertura al diálogo ofrecida por el gobierno y criticó las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien el sábado había anticipado «una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, saqueos, secuestros de policías y militares».
El líder indígena reiteró el carácter pacífico de la movilización: «Aquí nadie ha salido a hacer vandalismo, aquí se ha salido a luchar sobre la violencia y el vandalismo económico que ustedes han impuesto», aseguró Iza, quien recordó que este paro indefinido fue convocado tras cumplirse el primer año de Lasso al mando de Ecuador y sin que dieran frutos los distintos momentos en los que el gobierno y la Conaie se han sentado en una mesa a conversar.
Persecución y amnistía
La Asamblea Nacional concedió el 10 de marzo del 2022 una amnistía a 268 personas, en la que se incluía a dirigentes y miembros de la Conaie, que participaron en los hechos de octubre del 2019. De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre del 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.
Iza estaba dentro del grupo de los investigados por la protesta de octubre del 2019, cuando por 14 días la Conaie tomó Quito para exigir que se baje el precio de los combustibles. En esa época, Iza era el Presidente de la Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.
Por Eloy Osvaldo Proaño* | 15/06/2022
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
“Ecuador está al borde del estallido social”
Nuevamente la situación en Ecuador parece estar al borde del estallido social. Después de más de un año del Gobierno de Lasso, el malestar y descontento se apodera de la población.
Este martes fue detenido el dirigente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leonidas Iza, en el marco de una escalada represiva y criminalización de la protesta por parte del gobierno de Guillermo Lasso.
Conversamos con Felipe, activista y miembro de la “Revista Crisis” para que nos cuente cuál es la situación y nos dé su visión al respecto.
Izquierda Diario: Este lunes 13 de junio tuvieron inicio las movilizaciones convocadas por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), sindicatos y organizaciones sociales en Ecuador. ¿Cuáles son los motivos de la protesta?
Felipe: Los antecedentes a las jornadas actuales de movilización nacional son múltiples. Por una parte, la pandemia afectó de forma diferenciada al pueblo ecuatoriano, ya que tuvo que lidiar con el desempleo masivo y la pérdida de ingresos a la par de un estado de indefensión, por una respuesta deficiente, precaria e incluso desastrosa del entonces presidente, Lenín Moreno. En plena pandemia, la Ley de Apoyo Humanitario flexibilizó las relaciones contractuales y laborales en detrimento de la clase trabajadora, profundizando la precarización y la explotación capitalista. Al mismo tiempo, más del 70% de la fuerza laboral de Ecuador está sumida en la informalidad, el subempleo y el desempleo. Nos encontramos con un sistema de salud pública colapsado en su totalidad, con falta de medicinas, equipos e incluso insumos quirúrgicos y los primeros intentos de la privatización parcial del sistema de salud por parte de la burguesía en el poder. A esto se le suma una ola de violencia generalizada prácticamente desde el inicio del mandato de Guillermo Lasso, con más de 300 muertos en las cárceles, y sicariato, extorsión, secuestros y ejecuciones como “nueva normalidad”. Ecuador ha pasado de ser el segundo país con la menor tasa de homicidio en la región, a tener cifras locales mayores a Cali o Michoacán.
ID: A este panorama, se le suma una política de liberalización de los precios de los combustibles -el detonante de la revuelta de octubre de 2019- que se impuso sobre el pueblo ecuatoriano. En menos de dos años, la gasolina diésel se incrementó en un 45%, la extra en más de 80% y la súper en más del 100%.
F: Nos encontramos atravesando crisis múltiples de carácter sistémico, con la reducción de la demanda de materia prima del Sur por parte del Norte, el nuevo ciclo de restauración neoliberal en Ecuador que se inició a mediados de la década pasada, una reprimarización y refeudalización de la economía, además de una liberalización comercial agresiva.
ID: En este contexto ¿cuál viene siendo la respuesta del Gobierno de Lasso frente al creciente malestar social?
F: El Gobierno Nacional convocó a tres mesas de diálogo con la participación de la CONAIE, las cuales no pasaron de la simple palabrería. El Gobierno de Lasso se presenta como democrático y abierto al diálogo, mientras inicia un proceso de criminalización de la protesta social, el cual heredó de su antecesor, Lenín Moreno. En jornadas de movilización pasadas, el Gobierno intencionadamente instauró el discurso del enemigo interno, para imponer en la opinión pública el relato de que la violencia no proviene del Estado y su permisividad interna con el crimen organizado, sino del pueblo y su organización social. Esto sienta un precedente nefasto en la historia de Ecuador, ya que el derecho a la protesta y a la resistencia están definidos en la Constitución de la República, en el artículo 98.
La subida del Salario Básico Unificado en enero de 2022, de $400 a $425, no corresponde a la realidad económica y social de Ecuador. La canasta básica se ubica en más de $760, al mismo tiempo que más del 50% de la población rural sobrevive con menos de $88 mensuales. Desde el Ejecutivo no se pasó del simple planteamiento de otorgar facilidad de créditos para emprendimientos y productores, al mismo tiempo que incurren en una política proactiva de privatización de los recursos y áreas estratégicas del Estado, como telecomunicaciones, petróleo, concesiones de carreteras, la privatización del Banco del Pacífico, entre otras.
Adicionalmente, el Gobierno de Lasso busca activamente implantar un Estado policial por medio de la militarización sucesiva del territorio y el anuncio de un “Plan Ecuador” para supuestamente combatir la inseguridad y el narcotráfico. Con este objetivo, el Estado ecuatoriano estableció alianzas estratégicas con el Estado de Israel, EE.UU. y Colombia, para importar instrumentos y estrategias de control social.
ID: Con respecto a esto, en concreto se viene de una escalada autoritaria por parte del Estado y el Gobierno. ¿Podrías explicarnos cuáles han sido las principales medidas que han tomado para dotarse de una mayor capacidad de represión?
F: Los EE.UU. reconocieron a Ecuador como socio estratégico en la región por primera vez en su historia, con la intención de contrarrestar una posible nueva ola progresista en la región, sobre todo frente a los procesos electorales en Colombia y Brasil. EE.UU se encuentra próximo a inaugurar una Oficina Antinarcóticos en Guayaquil, además de asistir a las fuerzas represivas con logística, equipamiento y entrenamiento en territorio. A esto se le suma la intención del Gobierno Nacional de destinar más de $1.200 millones en presupuesto para la Policía Nacional, además de anunciar la incorporación de 30.000 agentes policiales. Mientras los recortes presupuestarios se generalizan como política de Estado la inversión en las fuerzas represivas se multiplica.
Adicionalmente, la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza por la Asamblea Nacional del pasado 9 de junio sienta un precedente nefasto respecto a impunidad de agentes policiales y militares frente al uso de fuerza letal. Esta ley regula de forma explícita el uso de armas de fuego en el contexto de manifestaciones sociales y faculta a las FF.AA. a intervenir en asuntos de seguridad interna sin la necesidad del decreto de un Estado de excepción. La vaguedad del marco legal permite un amplio margen de interpretación, facultando a cada agente represivo a evaluar un contexto de amenaza y actuar de acuerdo a su evaluación personal, abriendo el camino hacia la sistematización de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, además de permitirle a la Policía Nacional y al Ejército ser juez y verdugo a conveniencia con total impunidad. La aprobación de la ley denominada como gatillo fácil, representa un antecedente catastrófico en el contexto de la criminalización de la protesta social y del pueblo en general.
Esta estrategia viene acompañada por una campaña pública, la cual incluye a los medios hegemónicos burgueses, de posicionar tanto a la organización popular como a la pobreza dentro de la lógica de securitización. En esta estrategia se incluye la criminalización y persecución política al Movimiento Guevarista y la equiparación entre la protesta y el crimen organizado. El 13 de junio, el Ministro de Interior calificó de “guevaristas” a una movilización organizada por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, después de hacer uso desproporcionado de la fuerza y reprimir a alrededor de 500 personas sin provocación previa, disparando perdigones y balas de goma a quemarropa. Tal parece que en Ecuador, toda persona que protesta de forma organizada es calificada como terrorista o narcotraficante. Este discurso tiene un eco amplio en la opinión pública, conllevando a una derechización de una parte de la sociedad sin precedentes. El 12 de junio, un día antes del inicio de las jornadas de movilización nacional, 8.000 personas marcharon por las calles de Quito, exigiendo la militarización de la capital frente al anuncio de protestas.
ID: Por último acabamos de conocer la detención de Leónidas Iza, líder de la CONAIE, principal organización social y del movimiento indígena. ¿Podrías explicarnos cuál es el significado de esta detención y que consecuencias que podría tener?
F: Ecuador parece estar al borde del estallido social y la detención de Leonidas Iza en la madrugada del 14 de junio en Cotopaxi, representa el más reciente intento de desmovilización y persecución política del Gobierno Nacional. Esta detención se ejecutó de manera arbitraria, con violencia e Iza estuvo incomunicado y con paradero desconocido por más de 10 horas, después de que fuese llevado a la cárcel de Latacunga para ser trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado en Quito. Esto presupone una estrategia de criminalización de la CONAIE y toda la organización popular.
Sin embargo, el arresto y la criminalización de Leonidas Iza puede ser un factor explosivo en el panorama de movilizaciones, pudiendo extenderse a la totalidad del territorio ecuatoriano. En términos estratégicos, este hecho denota que el Estado burgués radicaliza tanto los discursos como las medidas de persecución y amedrentamiento a la organización popular en Ecuador. Tras la detención, la CONAIE decidió sostener y radicalizar las movilizaciones y el paro, exigiendo la liberación inmediata del líder indígena. Con la imposición neoliberal de la doctrina del shock, promulgada desde el Gobierno Nacional, este puede ser uno de los momentos más críticos para la organización popular en la historia del Ecuador.
Martes 14 de junio
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