El gobierno de Río de Janeiro decretó ayer “estado de calamidad pública”, a raíz de la profunda crisis económica que enfrenta desde principios de año. El documento menciona la imposibilidad de “honrar compromisos asumidos para la realización de los Juegos Olímpicos”, que serán inaugurados en 48 días. El presidente interino, Michel Temer, fue informado de la iniciativa la noche anterior y dio su respaldo a la medida.

El apoyo del interino se traduce en un aporte, en un régimen de urgencia, de 2 mil 900 millones de reales (unos 830 millones de dólares). Será el primero de una serie con el objetivo no sólo de asegurar la realización de los Juegos Olímpicos, sino de impedir un colapso total.

Es la primera vez en la historia que un gobierno estadual decreta el “estado de calamidad pública” por razones financieras. La insólita disposición fue adoptada cuando la mirada internacional está dirigida principalmente a Río de Janeiro, justo en vísperas de la realización de los Juegos Olímpicos.

El alcalde de la urbe, Eduardo Paes, aclaró que su gestión dispone de recursos para honrar su parte en los compromisos asumidos. El problema es el estado, subrayó, que está en virtual quiebra.

El decreto autoriza que los responsables de cada sector del gobierno estatal adopten “medidas excepcionales”, pero no detalla cuáles podrán ser.

La verdad es que la iniciativa era previsible. El segundo estado económicamente más fuerte del país, que tiene la mayor economía de América Latina, ya había adoptado medidas indicando claramente la escasez extrema de recursos. El déficit previsto para 2016 ronda 19 mil millones de reales (alrededor de 5 mil 600 millones de dólares).

Desde marzo los sueldos de los funcionarios, así como las jubilaciones y pensiones, sufren demoras seguidas. Los hospitales públicos y las escuelas se encuentran en situación de abandono, al borde de un colapso de dimensiones gravísimas.

La raíz más visible de la crisis inédita enfrentada por Río de Janeiro está en la caída abrupta de la recaudación de impuestos estaduales, gracias a la crisis que sacude al país, agravada por la merma contundente en los royalties referentes al petróleo producido en su jurisdicción, cuyo precio cayó desde el año pasado.

Desde hace al menos cuatro meses el gobierno estatal enfrenta crecientes dificultades en la prestación de servicios públicos, en las áreas de salud, educación, movilidad y gestión ambiental. También la seguridad está amenazada: faltan recursos para mantener las rondas policiales y para adquirir combustible para los patrulleros. Los índices de criminalidad crecieron desde febrero, cuando la crisis surgió en su pavoroso esplendor.

Ayer, el secretario de Hacienda, Julio Bueno, hizo un comentario contundente: “Si en vez de un estado fuera una empresa, lo que estaríamos haciendo sería pedir judicialmente una suspensión de pagos para impedir que se decretara la quiebra irreversible”.

Río de Janeiro no es el único de los 27 estados brasileños que enfrentan dificultades. Una de las razones para esa crisis generalizada está en el porcentual de la recaudación que es destinado al pago del funcionalismo público. Si otros estados adoptan medidas similares a las de Río, las consecuencias serán imprevisibles. Analistas políticos y económicos creen que son muy escasas las posibilidades de que la iniciativa se repita en otras localidades.

Tan pronto se conocieron los detalles del decreto, juristas y especialistas en gestión pública cuestionaron, con más o menos vehemencia, la constitucionalidad de la disposición. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, argumentan, y no es admisible que la administración pública anuncie que para apoyar su realización se sacrifiquen obligaciones establecidas por la ley.

Otros analistas dicen que, en realidad, el decreto es una manera de presionar al gobierno interino de Temer para que abra la chequera y libere recursos.

Brasilia venía estudiando desde mayo la posibilidad de conceder préstamos de urgencia a los gobiernos de Río, Minas Gerais y Río Grande do Sul, cuyas crisis fiscales son más agudas. El argumento utilizado –no disponer de fondos necesarios para realizar los Juegos Olímpicos– sería, en este caso, una jugada magistral para no esperar que Brasilia impusiera condiciones para liberar los préstamos que están siendo analizados.

El “estado de calamidad” suele decretarse cuando se enfrentan catástrofes naturales, como aluviones e inundaciones, lo cual permite que se determine el destino de recursos con carácter excepcional. Permite además que el gobernador o alcalde determine corte a sueldos, dimisión de funcionarios, suspensión de servicios obligatorios y otras iniciativas obligatorias.

Pero esta vez el huracán y la tempestad no se formaron en los aires, sino, muy concretamente, en errores de gestión.

La cuenta caerá a todos los brasileños. Pero los dueños del meganegocio llamado olimpiadas podrán respirar tranquilos, o casi.

Temer le dio un cargo al dueño del “helicoca”

Por Página12

El mandatario interino nombró secretario nacional de Fútbol y Defensa de los Derechos del Hincha del Ministerio de Deportes a un político y empresario cuyo helicóptero fue confiscado en 2013 con 455 kilogramos de cocaína.

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, nombró secretario nacional de Fútbol y Defensa de los Derechos del Hincha del Ministerio de Deportes a un político y empresario cuyo helicóptero fue confiscado en 2013 con 455 kilogramos de cocaína, según consta en el Diario Oficial de la Unión.
Se trata de Gustavo Perrella, empresario agrícola del estado de Minas Gerais, ex diputado regional e hijo de Zezé Perrella, senador que fue presidente del club Cruzeiro y hoy forma parte de la base aliada al gobierno interino.

El escándalo fue conocido como “Helicoca”: un helicóptero Robinson cayó en una hacienda del estado de Espíritu Santo y la policía descubrió que tenía 455 kilogramos de cocaína que según las investigaciones provendrían de Colombia vía Paraguay con destino a Europa o México.

El helicóptero es propiedad del nuevo secretario de Fútbol y del senador Perrella, quienes no fueron acusados en la investigación. El piloto de la aeronave era un asesor legislativo de Gustavo Perrella, de acuerdo con la prensa local. El nuevo secretario de Deportes fue investigado por la Policía Federal, que indicó que no estaba involucrado en el narcotráfico.

El Ministerio de Deportes, desde que fue suspendida Dilma Rousseff, el 12 de mayo, está comandado por el diputado Fernando Picciani, el principal articulador en la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, que se inician el 5 de agosto.

Según el diario Folha de Sao Paulo, en el Ministerio de Deportes de la gestión Temer se registraron designaciones que fueron destacadas por la prensa, como la de Vanderley Alves dos Reis Junior, hijo del cantante popular Wando, quien es asesor especial de la cartera y tiene condenas por portación ilegal de armas, drogas y doble intento de homicidio en 1999.

El portal Uol, por su parte, indicó que el nuevo secretario nacional de Deportes, Leandro Cruz Froes da Silva, fue detenido en 2006, cuando era secretario de Transportes en el municipio de Nova Iguazú, suburbio de Río de Janeiro, por portación ilegal de armas.

Frente al descalabro que domina la escena política de Brasil, el New York Times escribió en su editorial que el gigante sudamericano merece la “medalla de oro” a la corrupción, lo que indignó al presidente interino Michel Temer, quien se enfrascó en una polémica con ese rotativo y convocó a una reunión de emergencia a su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, para enfrentar la crisis de su gobierno.

A menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil parece ser un país donde impera “una cultura generalizada de corrupción e impunidad”, refuerza el artículo del diario estadounidense que enfadó a Temer.

Luego del impacto que tuvo esa nota en Brasil, el Palacio del Planalto, sede del gobierno, resolvió refutar sus argumentos a través de su principal diplomático en Estados Unidos.

“Brasil debería ser premiado no con una medalla de oro a la corrupción sino con una medalla al coraje en la lucha contra la corrupción”, aseveró el embajador en Washington, Luiz Alberto Figueireido.

“El presidente en ejercicio Michel Temer declaró pública y reiteradamente su compromiso con las investigaciones que están en curso” por denuncias de corrupción, subrayó Figueiredo.

Agregó que “en Brasil no hay más abrigo para los amigos de los poderosos porque la ley es igual para todos, incluyendo presidentes y ex presidentes”.

Esta semana, los diarios más importantes de Brasil dedicaron sus portadas a Sergio Machado, un arrepentido que fue parte de la red de estafas contra Petrobras, considerado el “hombre bomba” que hace estremecer al gobierno y ya provocó la renuncia de tres de sus ministros, además de salpicar al propio Temer.

El presidente interino fue denunciado el miércoles por el arrepentido ex senador del mismo partido de Temer, el PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasileño), que lo acusó de haber cobrado cerca de 430.000 dólares procedentes de esa red de sobornos y lavado de dinero montado en Petrobras.

Machado confesó ante la Procuraduría cómo obtuvo decenas de millones de dólares que entregó al partido de Temer y al propio presidente interino quien ayer convocó a la prensa para desmentir esa versión.

El caso también fue noticia en los grandes medios internacionales como The New York Times, Le Monde de Francia y El País de España.

“El recién estrenado gobierno de Brasil enfrenta un escándalo de dimensiones difíciles de calcular, el presidente interino ha sido citado este miércoles en el caso Petrobras”, indicó el diario español.

Mientras The Wall Street Journal escribió ayer que Temer aparentemente “está ligado” a la red delictiva que se tejió en torno de la mayor empresa brasileña, la petrolera Petrobras.

El caso es que hasta el momento tres ministros renunciaron a sus puestos en poco más de un mes del gobierno encabezado por Temer, que sucedió a la mandataria suspendida Dilma Rousseff, quien enfrenta un juicio político por maniobras presupuestarias.

Según trascendió, el gobernante interino convocó al jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, dado que se sospecha que la semana próxima pueden surgir nuevas denuncias que involucren a miembros del oficialismo.

El propio Padilha dijo, antes del encuentro con Temer, que considera apropiado que haya un plazo para poner fin a la causa Lava Jato sobre las maniobras de corrupción y sobornos en Petrobras.

En tanto, el llamado “hombre-bomba” de la política brasileña, Sergio Machado, el gran denunciante de corrupción contra Temer y toda la cúpula del PMDB, ha ganado una prisión de lujo a cambio de convertirse en el mayor delator de la Operación Lava Jato, de corrupción en Petrobras.

Machado, ex presidente de Transpetro y supuesto recaudador del PMDB, deberá devolver 20 millones de dólares que cobró de sobornos como presidente de la empresa estatal subsidiaria de Petrobras durante 9 años. A cambio, su familia estará protegida y el purgará su condena en una mansión en la playa cercana a la ciudad de Fortaleza, con tobillera electrónica pero con dos piscinas, canchas de tenis, de fútbol y permiso para recibir hasta 27 amigos y familiares.