El sábado 23 de febrero Juan Guaidó –reconocido ya por medio centenar de países– cumplía un mes como presidente interino de Venezuela. Este aniversario se dio entre dos conciertos ideológicamente enfrentados a pocos metros de distancia de un lado y otro de la frontera colombo-venezolana, manifestaciones de uno y otro bando en disputa en distintas ciudades de la república bolivariana y el bloqueo de cuatro puentes en frontera, lo que no permitió la entrada de la ayuda humanitaria almacenada en Colombia hacia el interior de Venezuela. De esta manera la aseveración de Guaidó, “la ayuda humanitaria entrará sí o sí, por mar o por tierra”, quedó en nada, para desprestigio del nuevo líder de la oposición antichavista.
Nicolás Maduro, el “otro” presidente venezolano, había calificado la caravana humanitaria que pretendía ser encabezada por Guaidó como un “show barato”. Hay que reconocer que algo de razón tuvo, debido a que su gobierno había ordenado bloquear los puentes fronterizos con contenedores de camiones, suspender los zarpes y arribos en todos sus puertos y el cese de tráfico aéreo privado y comercial con Curazao, donde también se acopia ayuda humanitaria.
Tras el bloqueo de los puentes y el llamado de Juan Guaidó a que el ejército bolivariano desertara, la respuesta del régimen se puede resumir en una socarrona frase de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y segundo en la estructura de poder del régimen chavista: “Para un ejército de más de 280 mil efectivos, que se lleven a 12 no es importante…”. En todo caso, y pese a que Maduro mantiene el control sobre sus fuerzas armadas, se estima que son más de 300 los efectivos militares venezolanos que han cruzado las fronteras de Colombia y Brasil –la mayoría de ellos de rangos bajos y medios– desde el pasado sábado.
El mes de mandato de Juan Guaidó se ha caracterizado básicamente por acciones simbólicas; no le queda otra, dada la carencia de estructura de poder gubernamental de la oposición venezolana. A finales de enero nombró representantes diplomáticos en varios países que han reconocido su presidencia interina –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay, entre otros–. A través de ellos y con apoyo estadounidense, Guaidó lanzó una ofensiva diplomática con el fin de presionar a Maduro para que se convoquen elecciones lo antes posible. Otro objetivo hasta ahora también fracasado.
Después de sus peripecias del pasado 23 en la ciudad colombiana de San José de Cúcuta, Juan Guaidó quedó fuera de Venezuela, en tanto fueron cerradas las fronteras de su país. El momento y la forma de su vuelta a Caracas (mientras se elabora este artículo) son aún una incógnita.
El lunes 25 de febrero, tras el fracasado reto al chavismo de la oposición venezolana, se reunió en Bogotá el Grupo de Lima. Pese a las beligerantes declaraciones de Trump momentos antes de la cumbre, no se dio el ultimátum militar que los sectores políticos más conservadores esperaban. El fantasma de la intervención, agitado –entre otros– por dirigentes opositores venezolanos como Julio Borges y el mismo Guaidó, por el momento ha quedado en el limbo. La presión internacional contra Maduro queda enmarcada en el estricto ámbito diplomático y económico.
Al día siguiente, tras la reunión del Grupo de Lima, se procedería con una nueva reunión –la segunda ya desde la autoproclamación presidencial de Guaidó– del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta vez la embajadora estadounidense Rosemary DiCarlo denunció al gobierno de Maduro por bloquear el ingreso de ayuda humanitaria al país. En su alocución, DiCarlo manifestó, amenazadoramente: “Es hora de reafirmar nuestro compromiso con el bravo pueblo venezolano”.
Sin embargo, el Grupo de Lima se muestra resistente. En dicha sesión, el representante de Perú, Gustavo Meza-Cuadra, encabezaría la posición mayoritaria. Según el peruano, un cambio de gobierno en Venezuela “debe ser conducido por los propios venezolanos de manera pacífica (…) sin el uso de la fuerza”. Por la Unión Europea, habló el representante francés François Delattre, quien de igual manera manifestó la necesidad de “promover una salida negociada a la crisis (…) hay que evitar un recurso a la fuerza o a la violencia en Venezuela, no puede haber más que una solución política”.
Con el plan B de Guaidó y Borges desestimado, ni siquiera los aliados más cercanos a Estados Unidos visualizan la intervención militar como la opción más adecuada. Este escenario político apunta a que el deterioro del régimen de Maduro será lento aunque sostenido. Ni siquiera el mandatario colombiano, Iván Duque, tiene clara la opción militar. Duque es consciente de que una acción militar de Estados Unidos, apoyada simbólicamente por otros países, podría desatar un conflicto regional de fuerzas regulares e irregulares que incluiría a los grupos guerrilleros colombianos. Algunos analistas hablan incluso de la posibilidad de que un desenlace militar conllevaría un largo conflicto protagonizado por fuerzas insurgentes, con atentados terroristas en diferentes países de América Latina, algo parecido a lo que sucede en Oriente Medio pero con perfil guevarista.
Pese al coyuntural triunfo internacional de Nicolás Maduro, dentro de Venezuela el líder chavista sigue apareciendo como un personaje altamente cuestionado por la mayoría de la sociedad venezolana. Maduro es identificado como el principal responsable de una crisis que tiene su origen a partir de 2013, cuando para sostener los pagos de la deuda externa el gobierno recurrió a un corte drástico en la importación de productos esenciales, como alimentos y medicinas.
Después de perder el 66 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015, el gobierno de Maduro entró en una fase marcadamente autoritaria, anulando todas las funciones parlamentarias y suspendiendo las garantías constitucionales, pasando a reprimir brutalmente las protestas populares de 2017 y aplicando juicios militares a civiles por protestar o por participar en los saqueos de alimentos. Su respuesta al triunfo electoral de la oposición en dichas elecciones fue la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente con el cien por ciento de sus diputados miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Todo ello enmarcado en una coyuntura en la que la mayoría de la población sufre hambre y miseria, con salarios inferiores a los diez dólares mensuales, mientras la llamada “boliburguesía” –de la que aparece como líder– vive en una opulencia impúdica. Barrios “faveleros”, como Cotiza o Petare, antaño bastiones chavistas, hoy protagonizan rebeliones contra el régimen. En la actualidad el gobierno de Nicolás Maduro se sustenta sobre el poder militar. Los altos mandos militares dirigen gran parte de los ministerios, controlan la estatal Pdvsa, tienen un canal de televisión, manejan una quincena de empresas inútiles y controlan la distribución de alimentos.
En la actualidad, los chavistas están divididos. Muchos de ellos, como la organización Marea Socialista, cuestionan al régimen de Maduro, y varios de los ministros emblemáticos de Hugo Chávez son claros opositores a su sucesor, estando incluso algunos de ellos –caso de Miguel Rodríguez Torres– detenidos.
En paralelo, la oposición conservadora tampoco goza de las simpatías mayoritarias de la población. Pese a percibir la necesidad de un cambio, la sociedad venezolana es consciente de que el llamado Plan País auspiciado por Guaidó no es más que una amalgama de medidas privatizadoras y planes de ajuste económico que harán que el peso de la hoja de ruta para la salida de la crisis recaiga sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. El entreguismo de la oposición a los intereses extranjeros ahonda aun más su cuestionamiento social entre los sectores populares, si bien ésta goza de la condición de aparecer como la única salida posible frente a un régimen absolutamente desgastado y ante la falta de una tercera vía con identificación política entre los estratos populares. Pero más allá del permanente espectáculo protagonizado por la oposición antichavista, el control social y la represión desarrollada por el régimen de Maduro y las provocaciones constantes de Estados Unidos, es un hecho que de los recientes daños a la economía de Venezuela –debidos a las sanciones estadounidenses– nadie habla en los foros internacionales. Dicho impacto económico asciende aproximadamente a 345.000 millones de dólares y afecta de forma directa a la población venezolana, condición que agudizará su penuria.
Mediante estas sanciones se impide al gobierno de Nicolás Maduro beneficiarse de las ventas de petróleo a Estados Unidos, y por extensión a una larga lista de países aliados que buscan alternativas a su suministro de crudo. Dichas sanciones afectan también el acceso a los químicos requeridos para procesar dicho petróleo, condición necesaria para el país caribeño, dado que su crudo es casi sólido cuando sale del subsuelo y no puede fluir a través de tuberías sin químicos disolventes como, por ejemplo, la nafta.
Es así que Venezuela se está quedando sin espacio para almacenar su petróleo, bloqueado por las sanciones internacionales impuestas y que en la actualidad pocos se atreven a comprar. Decenas de buques cisterna con 8,36 millones de barriles de crudo venezolano por valor de más de 500 millones de dólares esperan varados en los puertos más importantes del país, mientras el gobierno intenta encontrar otros compradores más allá de India y China, a quienes se les suministra petróleo estrictamente como pago de deuda.
1 marzo, 2019
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