“Nada tienen que ver el gobierno de Daniel Ortega y el actual Frente Sandinista con los valores de la revolución nicaragüense de 1979”, dijo a Brecha el abogado y economista Edmundo Jarquín, dirigente del Movimiento de Renovación Sandinista (Mrs)

Jarquín pasó por Montevideo para presentar el libro El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?, que coordinó y en el cual escriben políticos y analistas de diferentes tendencias opositores al gobierno de Daniel Ortega. “Es un libro plural, hay sandinistas del Mrs, otros sandinistas que no militan en nuestro movimiento pero también rechazan las políticas de Ortega, un politólogo liberal, un conservador del viejo Partido Nacional especialista en derechos humanos. Tenemos nuestras discrepancias pero todos coincidimos en que en Nicaragua se instaló una suerte de sultanato.”

—¿En qué lo ven?

—En la forma de ejercicio del poder. A diferencia de Uruguay o Chile, en Nicaragua nunca había habido Estado de derecho. En el siglo XX las dos únicas elecciones que no fueron cuestionadas fueron administradas por el ejército de ocupación estadounidense. Siempre estuvimos subordinados a caudillos, y algo tan esencial del Estado moderno, como que el monopolio de la violencia esté en manos de los poderes públicos, en Nicaragua recién se empezó a alcanzar al final de la guerra civil, en 1990. Pero Ortega retomó aquella vieja tradición caudillista, que ha ido completando progresivamente al cerrar, en los últimos meses, los pocos espacios de oposición política que quedaban, asumiendo el control sobre todas las instituciones del Estado, clausurando espacios electorales, criminalizando la protesta social, subordinando las fuerzas armadas al aparato privado de la presidencia y dando poder a su propia mujer, Rosario Murillo.

—El papel de Murillo, que integra junto a su marido la fórmula oficialista para las elecciones del 6 de noviembre, es bastante especial en esa construcción.

—Sí. Los rioplatenses podrían ver en ella algo similar a lo que fue Isabel Perón, por las características de su entorno, oscuro, esotérico y algo tenebroso. Pero a diferencia de Isabel Perón, tiene poder real. Nominalmente es coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero el alcance de su poder es mucho más amplio, y controla el aparato territorial del oficialismo. Es ella la que ha profundizado la alianza entre el orteguismo y la Iglesia.

—En el libro ustedes ubican al gobierno sandinista dentro de los gobiernos que se reclaman del “socialismo del siglo XXI”, inspirados en el chavismo venezolano. Sin embargo, a primera vista no parece que hubiera muchos rasgos comunes entre la Nicaragua orteguista y los gobiernos de Venezuela, Ecuador o Bolivia, por ejemplo.

—Es cierto. Lo que tienen en común es más bien una retórica rupturista y refundacional, y el espacio político-comercial que comparten en el Alba, pero en la práctica no coinciden tanto. Puede haber algunos rasgos autoritarios comunes, pero Venezuela ha respetado todos los resultados electorales, incluso los adversos, y las elecciones han sido limpias. Ni que hablar de la Bolivia de Evo Morales o el Ecuador de Rafael Correa. En Nicaragua no: el fraude ha sido comprobado y el gobierno no permite que en las próximas elecciones haya observadores internacionales. En esos tres países tampoco hay un monopolio privado de la violencia, y Nicaragua tiene una política económica más propia del neoliberalismo en muchos aspectos (véase recuadro).

—Usted define al gobierno de Ortega como “reaccionario”.

—Claramente. Ortega ha tejido alianzas con los viejos enemigos de la revolución sandinista, como la oligarquía, el gran empresariado y los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, representados por el cardenal Obando y Bravo. Todos ellos han sido cómplices de la marcha del país hacia un régimen sultanístico. Un solo ejemplo bastante conocido de esa alianza es la prohibición total del aborto que rige en el país, por decisión de Ortega. Hasta las dictaduras como la somocista habían permitido el aborto terapéutico, que regía en Nicaragua antes incluso que en Uruguay. Ortega lo barrió.

—Después de haber sido candidato a presidente por el Mrs, en 2006, usted fue candidato a vice en una alianza que dirigía el Partido Liberal Independiente, en 2011. ¿Qué une a sectores tan distintos, como partidos que se reclaman del viejo sandinismo, como el suyo, y otros más cercanos a la centroderecha?

—La lucha contra el autoritarismo. El triunfo de la revolución generó dos polos: uno sandinista y otro antisandinista, pero esos polos han venido mutando dramáticamente, al punto que hay muchos sandinistas, como yo, que estamos en la vereda de enfrente de Ortega, y muchos antisandinistas que apoyan al actual gobierno. Las distancias entre la revolución de fines de los setenta y el orteguismo pueden ser ejemplificadas en un hecho: todos los referentes del primer sandinismo, menos Bayardo Arce, han abandonado a Ortega, desde Ernesto Cardenal hasta Sergio Ramírez, pasando por Gioconda Belli y Dora María Téllez. Y de los 37 comandantes guerrilleros, 35 están duramente opuestos a Ortega. Los movimientos sociales, base del primer sandinismo, figuran entre los blancos principales del gobierno: los grupos de mujeres, los ecologistas opuestos a la minería a tajo abierto… Nosotros, en el Mrs, somos de izquierda. Ortega no.

“Un modelo económico concentrador y excluyente”

No hay indicio alguno de que Ortega se propusiera una estrategia de desarrollo o de transformación económica y social. En la realidad ejecutó una matriz de políticas económicas sociales asentadas, desde el punto de vista económico, en la depredación de recursos naturales y el abaratamiento sostenido de la mano de obra. Desde el punto de vista político, la estrategia se sustenta en la alianza con la oligarquía tradicional, la concentración (monopolización) del poder y el uso patrimonial de los instrumentos estatales de gestión pública.

Es resultante la matriz neoliberal de las políticas económicas impuestas con rigurosa disciplina por el régimen, a tal punto que le valió repetidas alabanzas por parte de autoridades del Fmi, el Banco Mundial y el Bid.

Sin duda, la apropiación privada de los beneficios de la cooperación petrolera venezolana constituyó una palanca fundamental para implantar un modelo económico concentrador y excluyente, caracterizado por la férrea monopolización de actividades económicas clave, la alianza con los sectores más conspicuos de la cúpula empresarial y el control social a partir de la cooptación sindical y la represión selectiva.

[…] Un gobierno que se presentó como “el gobierno de los pobres” y que puso como eje de su propaganda transitar por la “segunda etapa de la revolución”, en el momento del balance, su gestión no admite atenuantes: un fracaso social. El régimen de Ortega no mejoró los salarios reales, agravó el subempleo, desmejoró la tasa de trabajadores en la economía informal, incrementó los índices de desigualdad, los indicadores de educación permanecieron estancados, y si bien la pobreza disminuyó, tal disminución no es atribuible a las políticas y programas gubernamentales, sino principalmente a las remesas familiares.

Paradójicamente, la cooperación petrolera venezolana, de potenciales tan formidables, sirvió como mecanismo de mitigación de las políticas neoliberales implantadas por el gobierno. Cumplieron un papel semejante a los fondos de inversión social promovidos por las instituciones financieras internacionales cuando se impusieron programas de ajuste y reforma estructural inspirados en la misma receta.

(Pasajes del artículo “La gestión económica: ¿despilfarro de oportunidades”?, del economista y diputado por el Mrs recientemente destituido Enrique Sáenz.)