Los inmigrantes venezolanos le han cambiado la cara a la capital de un país que históricamente les ha cerrado las puertas a los extranjeros. El transporte público y las calles son sus principales espacios de supervivencia. En su gran mayoría no tienen más remedio que dejarse explotar.
Rodolfo Gutiérrez tiene 43 años, 19 hijos y una voz dulce que desentona con su fibrosa corpulencia. Aunque sabe que la realidad lo contradice, él asegura no ser un mujeriego. “Cuestiones del azar”, dice, mientras soba sus manos y empieza a enumerar toda su descendencia, con orgullo y con el respectivo nombre de la madre. Cuando llega a Yesica, la decimosexta, se queda en silencio, mira hacia el suelo y traga saliva. Rodolfo afirma que ningún ser humano para de morir. Que en la vida, antes del llamado definitivo de Dios, la muerte más jodida, la más fatal y dolorosa de todas, ocurre cuando le niegan la posibilidad a alguien de vivir tranquilamente en su propia tierra y cerca de los suyos. “Yo vivo una muerte de estas”.
Cuando se refiere a su país, Rodolfo siempre habla en futuro: “Yo volveré a mi patria, a ser un buen policía, actuaré en favor de la ley y jamás me saldré de ella. Mi misión en la vida es esa. Venezuela volverá a ser un país próspero y libre. Ese día celebraré al lado de mi familia, con un buen pabellón criollo (el plato nacional venezolano) y varias Polarcitas (cervezas)”. Su voz se pierde en el fastidioso silbido de una pistola de gravedad que, a dos metros de la transitoria sala de su casa, es usada para pintar un auto. Para amenizar la charla, Rodolfo ofrece el café que vende su mujer a los clientes del taller de latonería y pintura en el que trabaja y vive. Es la hora del almuerzo y su jefe le tiene la comida empaquetada. El señor mira el reloj y Rodolfo asiente. Tiene que hablar rápido y comer rápido para volver a trabajar rápido.
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El caso de Rodolfo es uno más de los de tantos venezolanos que se encuentran en Colombia como resultado de un fenómeno migratorio que le ha cambiado la cara a una ciudad de 10 millones de habitantes, como Bogotá. Una ciudad que nunca recibió a inmigrantes de manera masiva, debido a las políticas de gobiernos hiperconservadores que, incluso durante la convulsa primera mitad del siglo XX, decidieron prácticamente cerrar todos los trámites de inmigración en sus consulados y embajadas en Europa. Y es que la inmigración venezolana actual ha puesto a pulso tanto la tolerancia como la solidaridad de los bogotanos. Pocos son los venezolanos que han podido insertarse formal y definitivamente en la vida económica del país, mientras los demás, en su gran mayoría, no tienen más remedio que dejarse explotar. El transporte público y las calles son los principales espacios de trabajo y supervivencia de los nuevos inmigrantes. Muchos ejercen la venta ambulante, reparan artefactos electrónicos, atienden negocios, asean viviendas, cuidan lugares, cocinan o se prostituyen. Algunos cantan y bailan, otros simplemente piden.
Al ser el país limítrofe más accesible desde Venezuela, Colombia es el destino al que llegan los emigrantes venezolanos más pobres. En 2018 se comenzó a visibilizar largas marchas de venezolanos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Miles de personas han cruzado el país a pie, recorriendo los 1.430 quilómetros que separan la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Con el objetivo de alcanzar países como Perú, Chile y Argentina, han subido y bajado varias cordilleras y pasado por todo tipo de climas, corriendo innumerables riesgos, no sólo humanitarios, sino también de seguridad. Aun después del acuerdo de paz, Colombia sigue alojando una guerra multilateral. Una guerra taciturna pero igual de feroz y decisiva.
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Mil trescientos quilómetros separan a Rodolfo de su natal Maracay, una pequeña ciudad ubicada a 120 quilómetros de Caracas. Lleva un año en Bogotá, ciudad a la que llegó por invitación de su hermano, que no era policía, sino militar. Ambos salieron de Venezuela sin pedir la baja, es decir, ilegalmente, y no podrán regresar hasta que haya un cambio de gobierno, a menos de que quieran ir presos. Ambos son desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “sólo desertores”, recalca Rodolfo, porque le parecen muy pesadas y liosas las palabras “traición a la patria”, que titulan los expedientes que el gobierno venezolano tiene abiertos en contra de él y su hermano.
Rodolfo entró a la policía en febrero de 1999, el mismo mes que Hugo Chávez tomó posesión como presidente. Salía Carlos Andrés Pérez y todo el país sabía que las transformaciones, además de inminentes, serían estrictas y fundamentales. “En ese entonces había mucha incertidumbre, pero también expectativa, sobre todo en las clases populares se podía percibir cierto optimismo”, recuerda. En los 18 años de carrera como policía, Rodolfo llegó al rango de oficial agregado. También pudo estudiar, sin poner un solo bolívar, una licenciatura en ciencia policial y una tecnicatura media en administración policial. En total, seis años y medio de instrucción académica.
En 2014 Rodolfo empezó a hartarse de la realidad de su país. Chávez no llevaba ni un año muerto y las cosas ya comenzaban a tornarse oscuras. La policía cada vez se corrompía más, le quitaron el transporte, no le pagaban a tiempo, lo hacían trabajar más horas y el dinero percibido no le alcanzaba para cubrir las numerosas necesidades de los suyos. Sin embargo, estaban los varios subsidios estatales que recibía por su descendencia, una ayuda inconmensurable que pronto fue decreciendo, hasta desaparecer.
Una noche Rodolfo soñó que lo abandonaba todo, que tomaba el primer avión de su vida y, después de extasiarse con la sensación de volar, repentinamente se encontraba en un lugar desconocido haciendo fila en una jefatura de policía para entregar su currículo.
“Desde esa época hasta hoy, llevar comida a la casa es prácticamente imposible, no sólo porque no hay plata suficiente, sino porque no se consigue lo necesario, lo básico, y si hay, toca meterse en unas filas interminables para que al final te digan: se acabó. Todo en Venezuela es corrupción, escasez, especulación, no hay estabilidad de nada.”
Ese sueño sería la primera pulsación de una posibilidad que empezaría a gestarse lentamente en su cabeza: irse afuera, a buscar la vida, un futuro para su familia. Una posibilidad que, gracias al creciente miedo –miedo de no poder cumplir, de fracasar–, se consumaría tres años después, pero sin avión, sin éxtasis, sin nada. Nada más que una pequeña mochila llena de ropa, una bolsa plástica con billetes y una botella de agua.
Todo el asunto del viaje fue bastante engorroso. Primero la plata: endeudarse para poder salir. Después las despedidas. Silenciosas, para no despertar sospechas. Pensó en pedir la baja, pero sabía que no se la darían. Estaba al tanto de las implicaciones judiciales que tenía su decisión. Eso lo afectó mucho. Pero nada pudo detenerlo; era asumir el riesgo que toda migración “obligada” conlleva o quedarse viendo el desmoronamiento de un proyecto que él mismo, en teoría, debía defender.
Finalmente llegó el día. El primer tramo: de Maracay a San Antonio del Táchira. Diez horas de trayecto. “Fue un viaje triste pero calmo, como de reflexión”, recuerda. Rodolfo tenía su pasaporte y, una vez en la frontera, pasó tranquilamente por el puente internacional Simón Bolívar hasta llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta. Le sellaron la salida de Venezuela pero no la entrada a Colombia, según él “por no tener pasaje de vuelta a Venezuela”. Entonces se volvió y, después de analizar la situación, decidió seguir a un grupo de caminantes que lo llevó por debajo del puente. Con ellos Rodolfo cruzó el río que allí sirve de frontera natural. “Así entré a Colombia, sin ningún tipo de control y literalmente con el agua hasta el cuello.”
Una vez en territorio colombiano, lo primero que hizo Rodolfo fue buscar una casa de cambio para convertir a la moneda local los 500 mil bolívares que llevaba. Cuando supo el cambio que recibiría se puso a llorar: 70 mil pesos colombianos (25 dólares). Ni siquiera le alcanzaba para comprar el pasaje a Bogotá, que valía 90 mil. Le faltaban cinco dólares. Nada. Mucho.
Ya en la terminal de buses de Cúcuta, una persona lo ayudó a conseguir el pasaje al precio que Rodolfo podía pagar. “Salí una noche cualquiera, porque cuando uno está en una situación de esas no hay diferencias en el tiempo, todo es igual”, comenta. Diecisiete horas después estaría en la capital de Colombia, reencontrándose con su hermano en una pequeña casa en la que paraban 23 venezolanos más.
Rodolfo recuerda que la primera plata que ganó fuera de su país fue a las pocas horas de haber llegado a Bogotá, cargando y descargando bolsas de arena. Trabajó cuatro horas y sacó 10 mil pesos (3,5 dólares). Al décimo día de estancia en la ciudad consiguió un trabajo en un lavadero de autos. Ahí duró nueve meses. Trabajó todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que llegó una nueva administración que quería reducirle el sueldo a la mitad, por no tener los papeles en regla. Rodolfo renunció y acudió a una oferta laboral que le había hecho un cliente del lavadero. Así entró al taller de latonería y pintura. Rodolfo gana 180 mil pesos por semana (60 dólares), y de ese monto su patrón le descuenta el 70 por ciento, por razón del hospedaje y el almuerzo diario. Rodolfo entiende que el pago que recibe no es justo, pero no se queja, intenta ahorrar todo lo que puede y valora el trato horizontal que su jefe le brinda. Rodolfo se refiere a él como “el ángel”. Ni el estudio universitario, ni el técnico, ni la experiencia como policía le sirven para algo. Sólo sus manos le son útiles y verdaderamente productivas en esta ciudad.
Hace nueve meses Rodolfo fue por primera vez al edificio de Migración Colombia para obtener el dichoso sello de entrada al país y, de paso, arroparse con el permiso especial de permanencia que el gobierno de Colombia instauró como una medida urgente para auxiliar a los más de 900 mil migrantes venezolanos que, sin querer, alberga el país. Una cifra que, sin embargo, no tiene en cuenta a alrededor de 200 mil migrantes venezolanos que están en situación irregular o en tránsito. El permiso de permanencia les permite practicar cualquier actividad u ocupación legal en el país; pueden trabajar, estudiar y ser cubiertos por la seguridad social, pero por un máximo de dos años.
Desde su visita a Migración, Rodolfo no ha recibido ningún tipo de respuesta, y tampoco tiene el tiempo necesario para ir a averiguar qué pasó con su solicitud.
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—¿Cuánto tiempo más cree que durará la crisis?
—La gente cree que esto va a ser rápido, pero eso es porque no saben realmente lo que está pasando.
—¿Qué es lo que está pasando?
—Que el gobierno lo tiene todo controlado, excepto lo que se dice de él en el exterior. Ojo: y cuando digo todo es todo.
—¿Considera que su país está solo en esto?
—Mira, desde que me acuerdo mi país ha ayudado a muchos países, y es triste que ahora cuando Venezuela necesita la ayuda de otros países muchos le han dado la espalda.
—¿Qué expectativas tiene?
—Que me regularicen la situación aquí para trabajar mejor y poder traer a mi familia. Y ojalá mi dios no se vaya a llevar a mi mamá antes de que la pueda volver a ver. Mi lugar ahora es acá y no quiero mirar atrás.
—¿Regresará?
—Claro, algún día, no sé si mañana o dentro de 30 años, pero seguro cuando se caiga esa dictadura y no me pongan preso y pueda volver a trabajar como cualquier cristiano.
—¿Quiere añadir algo?
—Sí, aunque no es algo importante: al principio, cuando empezamos a hablar y me puse sentimental, olvidé decirte los nombres de mis últimos tres hijos…
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