Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.
La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.
Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política
El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.
La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.
En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.
A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.
Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».
Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?
Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.
El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.
En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.
Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».
La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.
Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.
Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.
El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.
En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.
La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.
Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.
Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?
La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.
Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.
Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.
La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.
La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.
Militarización y milicias
Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.
Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».
Coronavirus
A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.
Consideraciones finales
Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.
A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.
Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.
En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.
A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.
La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?
Leave a Reply