Todos los prefectos opositores al gobierno de Evo Morales tienen procesos judiciales en su contra. Ayer se emitió una orden de aprehensión contra Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Pro Santa Cruz. La semana pasada, su familia perdió una estancia de 12 mil hectáreas porque la Justicia dictaminó que las tierras habían sido robadas al pueblo indígena guarayo.
El jueves último, el Viceministerio de Tierras recuperó 2800 hectáreas que eran de Oswaldo Monasterios, accionista mayoritario de Unitel, el canal más opositor a Morales. Desde el Viceministerio aseguraron que se quitarán más propiedades a “personajes conocidos”. El gobierno remarcó que las reversiones de propiedades no tienen un motivo político, sino judicial. Pero en el Movimiento Al Socialismo (MAS) hablan de “ajustar las cuentas”. Incluso Manfred Reyes Villa, ex aspirante a presidente por Plan Progreso Bolivia (PPB), que salió segundo con el 27 por ciento de los votos, se encuentra en la clandestinidad porque cree que Morales quiere verlo preso. La oposición trata de resistir en los pocos espacios de poder que no les arrebató el MAS. Sin embargo, aceptaron la llamada al diálogo del gobierno para pactar modificaciones a leyes que permitan la realización de las elecciones para prefectos, alcaldes y asambleístas departamentales, que deberían ser el 4 de abril de 2010.
Desde octubre del año pasado el gobierno no se juntaba con los nueve prefectos. Eran los días posteriores al intento de golpe de Estado de septiembre de 2008 y negociaban modificaciones a la nueva Constitución para que fuera a referéndum popular. Pero al fin los opositores de la Media Luna dejaron el diálogo y mandaron los avances al Congreso, para que finalizara la tarea.
En esta ocasión se repiten las divergencias con los de la Media Luna. La ley de Régimen Electoral Transitorio estaba diseñada para las elecciones del 6 de diciembre pasado, cuando Morales fue reelecto por el 64 por ciento de los votos. Pero para aplicarla a los comicios de abril de 2010 necesita modificaciones. La oposición en el Congreso, que finalizará su gestión el 5 de enero próximo, aseguró que no discutirá cambios a la ley. Por este motivo, el gobierno se reunió con prefectos y otras autoridades. El gobierno espera que después del pacto con la oposición, los congresistas acepten retocar la ley electoral.
El punto que genera más desavenencias refiere a la sucesión de los prefectos. Según la ley, los que quieran presentarse a la reelección deberán renunciar tres meses antes de las elecciones. El grupo de la Media Luna (Santa Cruz, Beni y Tarija) exigía que se les diera el mismo trato otorgado al presidente, quien se postuló por segunda vez sin dejar su cargo. Para la oposición, si renuncian las autoridades “el MAS intentará copar las prefecturas”.
Ayer en esta ciudad todavía debatían las modificaciones a la ley electoral, también los mecanismos para aplicar las autonomías en el territorio boliviano. Aquí hubo otro choque, porque la Media Luna pedía que se reconocieran sus estatutos autonómicos, aprobados en referéndum durante 2008 al margen del Congreso y de la Constitución. Por este motivo, el gobierno los considera “ilegales”.
Por poco que le guste, la oposición aceptó dialogar con el gobierno porque sabe que está en desventaja numérica. Esto quedó en evidencia en las últimas elecciones, cuando el MAS consiguió 111 de los 166 legisladores que tendrá la Asamblea Plurinacional. El control sobre los dos tercios de los diputados y senadores permitirá a Morales aprobar todas las leyes que no pudo en su primera gestión, cuando el Senado manejado por la oposición trababa gran parte de sus propuestas. Ahora, varios de los 55 legisladores opositores adelantaron que se sumarán al MAS para votar a favor de proyectos legislativos empolvados del oficialismo. Una de ellas es la ley de investigación de fortunas.
El presidente había adelantado que en su segundo período pensaba “acelerar el proceso de cambio”, apoyado por casi dos tercios del electorado. Como primer signo, comenzó a quitar tierras a latifundistas del Oriente porque no cumplen la Función Económica Social (FES). Según la Constitución, todas las propiedades agrarias deben tener un porcentaje de la superficie destinada a algún emprendimiento productivo. Si las tierras permanecen ociosas, el gobierno tiene derecho a recuperarlas y distribuirlas a las poblaciones sin tierra.
Fue el caso de las estancias La Encrucijada, de 2356 hectáreas, y El Encanto, con una superficie de 2124 hectáreas, de las cuales se revirtieron 552 hectáreas. Ambas están en Santa Cruz. El empresario Monasterios no emitió su opinión en persona ni a través de Unitel.
La lista de colaboradores y financiadores de Rózsa implica a varios dirigentes cívicos, empresarios y funcionarios prefecturales. También a Marinkovic, quien tiene orden de aprehensión por faltar a declarar ante el fiscal. El ex presidente cívico viene de una mala semana, comenzada cuando el gobierno quitó a su familia una estancia de 12.500 hectáreas para devolvérsela al pueblo guarayo, que había denunciado a los Marinkovic en 1997 por apropiarse ilegalmente de su territorio.
El gobierno negó que se estuviera cobrando los dolores de cabeza que la derecha le causó en los últimos cuatro años. Sin embargo, el diputado Gustavo Torrico aseguró que “el país está naciendo. Hay que ajustar cuentas”.
El ex candidato a presidente Reyes Villa tiene 11 procesos abiertos por presuntos malos manejos de los recursos durante su incursión como prefecto de Cochabamba. En total se trata de 12 millones de dólares. Pero el ex capitán no concurrió a declarar porque considera que el gobierno quiere encarcelarlo, tal como hicieron con su ex candidato a vicepresidente, Leopoldo Fernández, acusado por la matanza de al menos trece personas en El Porvenir, en Pando, donde era prefecto.
La Justicia aún no ordenó su detención, pero posiblemente lo hará por las reiteradas faltas de Reyes Villa a las audiencias. Previsor, ya se encuentra en la clandestinidad, desde donde afirmó que “el país está entrando a una dictadura sindical inédita, peor a las dictaduras que se han visto en los años ‘80”. Justamente Reyes Villa participó en una de ellas, en 1980, cuando fue edecán del dictador Luis García Meza.
Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
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