En las últimas décadas el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido presentado ante la opinión pública latinoamericana como vampiro chupasangre, como salvador de países en bancarrota e, incluso, como aval político de última instancia sin cuyo beneplácito un candidato presidencial puede volverse demasiado riesgoso para los inversores. En la prensa, parlamentos y cafés se discute si pagar o no la deuda con la institución, si aceptar o no sus condiciones e incluso, en las últimas semanas, si comprar bonos del FMI como ha hecho el presidente brasileño Lula da Silva es una traición a los principios o una manera de independizarse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Técnicos o politizados, amables o encendidos, estos debates han explorado todos los aspectos de la tumultuosa relación entre el FMI y América Latina menos uno: ¿Qué Fondo queremos? ¿Cómo lo reformaríamos… si pudiéramos? Ésta es, precisamente, la pregunta que el FMI ha formulado a organizaciones de la sociedad civil de la región y para escuchar respuestas en la mañana del jueves 30 de julio se realizarán videoconferencias entre su sede en Washington y las oficinas del Banco Mundial en Lima y Montevideo, a las que se han convocado a académicos, sindicalistas y activistas de ONG.
Este diálogo inédito, experimental y por ahora limitado a un reducido número de países y participantes ha sido caracterizado como “el cuarto pilar” en el proceso de reforma del FMI por su director-gerente, el socialista francés Dominique Strauss-Kahn, conocido por sus iniciales DSK. Los otros tres pilares de la reforma proyectada son, en primer lugar, el informe sobre “Gobernanza del FMI” publicado en 2008 por su oficina de evaluación. El segundo “pilar” es un grupo de trabajo de los directores ejecutivos de la institución, presidido por el suizo Thomas Moser, que tiene la misión de consultar la opinión de los 185 gobiernos de los países miembros del FMI. El tercero es un comité de eminencias presidido por el ministro de Finanzas sudafricano Trevor Manuel y el cuarto, las consultas con la sociedad civil, fue iniciado por DSK como respuesta a las críticas de ONG que se sintieron excluidas de este último grupo de notables.
Para asegurar la credibilidad de este proceso ante un público escéptico, DSK confió la conducción de las consultas a Jo Marie Griesgraber, defensora católica de los derechos humanos que fue colega del asesinado ex canciller chileno Orlando Letelier en la Washington Office on Latin America.
La gobernanza en cuestión, o sea el objeto del debate, es “cómo se gobierna al FMI formalmente, según su constitución, y en la práctica, o sea cómo se toman realmente las decisiones y quien influencia el resultado”.
A partir de las consultas, Griesgraber elevará un documento con recomendaciones en setiembre, incluyendo tanto aquellas reformas posibles a corto plazo dentro del Acuerdo actual como las de mayor aliento que requieran cambios constitucionales profundos. Ya hay, sin embargo, una base de acuerdo entre las organizaciones que han adelantado opiniones a través de Internet, que busca consagrar el principio de responsabilidad, diametralmente opuesto a la impunidad que actualmente envuelve a las actividades y funcionarios del FMI y su institución hermana, el Banco Mundial.
La responsabilidad, en opinión de las organizaciones de la sociedad civil, incluye cuatro elementos: a) transparencia, b) evaluación, c) participación y d) mecanismo de quejas.
El FMI es una institución pública, financiada en forma pública (es decir, con el dinero de los contribuyentes) y cumple con frecuencia una función legislativa de facto, especialmente en los países miembros prestatarios. Se le deben aplicar, entonces, los mismos mecanismos parlamentarios de control que deben regir la buena gobernanza de las instituciones estatales nacionales.
Formalmente, el Convenio Constitutivo del FMI crea una organización de Estados soberanos, iguales entre sí, que funciona como una cooperativa, a la que todos contribuyen y de la que todos pueden obtener préstamos, y los que aportan más dinero reciben una proporción mayor de votos. Este régimen de jure no se da en la práctica. Las “cuotas” distribuidas por motivos políticos hace décadas no se pueden modificar por la exigencia de mayorías especiales y el poder de veto que tienen Estados Unidos y la Unión Europea (si sus miembros votan en conjunto).
En estas condiciones, ¿qué chance real tiene una iniciativa de reforma? ¿Por qué perder tiempo en algo que no se ha logrado en seis décadas? La respuesta es que más allá del pensamiento reformista de su director gerente o de la improbable convergencia en una propuesta común de los “cuatro pilares”, el FMI no tiene más alternativa que reformarse porque es el mundo el que ha cambiado. Para su propia sobrevivencia necesita hoy del aporte financiero de los países excedentarios (China, Brasil, Rusia y las monarquías árabes), poco proclives a contribuir sin voz ni voto. Y necesita del apoyo político del Congreso norteamericano, hoy dominado por diputados demócratas como Barney Frank, presidente del comité de apropiaciones, para quien las liberalizaciones financieras y el ajuste estructural promovidos en el último cuarto de siglo por la institución son “una estupidez transparente”.
O sea que si no se reforma pronto de manera convincente, la opinión finalmente triunfante puede ser aquella que en una nota al pie del documento preparatorio de la videoconferencia Jo Marie Griesgaber señala prolijamente como la única opinión que no ha sido tomada en cuenta: la de quienes creen que el FMI es irreformable y proponen lisa y llanamente su cierre total.
Recuadro
Cuatro demandas del cuarto pilar
Transparencia: Debe establecerse una política de divulgación de todos los documentos, con mínimas excepciones, y hacerlos accesibles por Internet. Las reuniones del Directorio deben dejar de ser secretas.
Deben realizarse evaluaciones, del Directorio Ejecutivo por parte de la Junta de Gobernadores, de cada director ejecutivo por parte de los países que éste debe representar, del director gerente por parte del Directorio Ejecutivo.
Debe aumentarse la participación de los gobiernos miembros y de los interesados: En el primer caso, con una reforma de los mecanismos de votación, en el segundo, estableciendo canales formales de diálogo y encuestas anuales de opinión pública sobre el FMI en los países donde se desarrollan programas.
Mecanismo de quejas externas: Se creará una oficina de Ombudsman facultado para recibir e investigar quejas de interesados externos (que no sean países).
Roberto Bissio
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