La conectividad digital no es algo nuevo, pero, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, se ha instalado en la cotidianidad de nuestras vidas físicamente distanciadas y de nuestros trabajos en la Red. Cada vez estamos más interconectados al tiempo que más aislados socialmente.
El tecnototalitarismo, entendido como el control total de las vidas privadas por la tecnología, tampoco es nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial se han ido perfeccionando técnicas de interceptación de informaciones y de control de las comunicaciones electrónicas en aras de la Seguridad Nacional. Más recientemente, los análisis de los Big Data han acaparado la atención y la denuncia sobre la invasión de los poderes políticos y del mercado en nuestra privacidad. Se ha abierto un debate sobre la legitimidad de la utilización de nuestros datos en las estrategias futuras de control social para la configuración de los vínculos sociales. De igual manera, las denominadas fake news no son solo un producto de las redes sociales, porque siempre hubo mentiras y bulos en la época de la prensa en papel, pero ahora se han intensificado. La crisis pandémica ha acelerado también algo que ya estaba ahí, es decir, la digitalización e incluso la robotización de muchos puestos de trabajo, con cambios profundos en la estructuración social.
Pero lo novedoso en este momento está en la ontologización que se está haciendo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, en su consideración como un nuevo actor político y social con capacidad para incidir en la realidad. Se abre, a su vez, un debate acerca de las acciones que pueden ser justificadas como necesarias y las injustificables por violar derechos y libertades. Asistimos a un renovado debate en torno a las utopías o las distopias digitales, centrado en si el trabajo en red (especialmente, en el ámbito sanitario, educativo, …) y la utilización de las tecnologías avanzadas de vigilancia son o no los únicos que pueden salvar nuestras vidas en posibles pandemias futuras.
El error, a mi juicio, está en considerar las tecnologías como un sujeto en sí mismo, bueno o malo, amigo (tecnofilia) o enemigo (tecnofobia), olvidando que en realidad son un instrumento o un medio de comunicación y de interconexión. Es cierto que nos observan, pero también observamos. También es cierto que las grandes empresas tecnológicas no han sabido o no han podido predecir la actual pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas.
Una cosa es constatar los cambios tecnológicos acaecidos en las últimas décadas, que han conducido a una compresión del tiempo y el espacio como nunca antes se dio, y otra muy distinta es asumir determinadas prescripciones ideológicas (por ejemplo, la desregulación financiera o la laboral, la vigilancia de alta tecnología…) como si fueran una consecuencia ineludible de un determinismo tecnológico o mecanicista. Precisamente son esas prescripciones ideológicas las que nos abocan a un totalitarismo, pero no simplemente tecnológico, sino también financiero, capitalista o del mercado.
En realidad, el denominado tecnototalitarismo responde a la construcción ideológica y al proyecto financiero, empresarial y comercialmente diseñado por las grandes corporaciones tecnológicas globales, que ha permitido, por ejemplo, la racionalización a escala global de las crecientes desigualdades socioeconómicas, de etnia o de género como hechos inevitables.
Estamos ante una nueva ficción universal y universalizable, que intenta imponer una ideología pantecnológica impulsada por las grandes empresas tecnológicas, al servicio de intereses privados sin límites ni controles, y que sitúa a las sociedades del siglo XXI en un déficit democrático difícil de superar. Este triunfo de la razón tecnológica implica una inversión ideológica que nos lleva a creer que vivimos en un tecnototalitarismo, contra cuya fuerza compulsiva no podemos hacer nada, aunque se vean afectados nuestros derechos fundamentales, libertades públicas y privacidad individual, y aunque pongamos en riesgo las estructuras democráticas liberales de las sociedades del siglo XXI.
Profesora de Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid
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