Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones “sociales”, como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros.
El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br).
El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio.
En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff.
Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de “la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos”, entre los que merece especial destaque la “militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia”.
En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados.
Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos ().
Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista.
El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a “una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental”.
Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de “escuelas cívico-militares”, y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades.
El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares” (p. 34).
Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa.
La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el “silenciamiento de voces disonantes” en instituciones que son “locus de producción del conocimiento crítico y creativo” (p. 30).
Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora.
Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares.
Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.
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