Desde México y América Central hasta Argentina y Brasil, pasando por Perú, gobiernos de distinto signo defienden la participación de los militares en la seguridad interna. Es la única forma eficaz de disminuir la delincuencia, afirman. La experiencia concreta lo desmiente.
A fines de diciembre pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley de seguridad interior que autoriza la participación de las fuerzas armadas “para enfrentar amenazas a la seguridad interior, cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por las propias Naciones Unidas, la ley mexicana legitima la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006, que militarizó el combate a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, no sólo no ha disminuido la inseguridad en México, sino que se ha multiplicado. Las cifras de homicidios ligados a esa “guerra” se dispararon año tras año: en 2009 eran el doble que en 2007, y en la larga década pasada hasta ahora los muertos han superado los 250 mil, según datos oficiales, y los 300 mil de acuerdo a asociaciones de derechos humanos. “El aumento de la presencia de fuerzas militares y policíacas a lo largo y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó de forma alarmante desde la llegada de las ‘fuerzas del orden’”, advertían ya en 2012 militantes de grupos humanitarios al hacer un balance de la “guerra contra las drogas” (desinformemonos.org, 20-VIII-12).
El concepto de “seguridad interior”, escribía a fines del año pasado en una columna el diputado Vidal Llerenas (eleconomista.mx, 30-XI-17), “se inspira en las leyes patrióticas de Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. (…) Ahora, en México, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aun más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son ‘necesarias’ para garantizar la seguridad de la sociedad ante peligros ‘mayores’ a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos”.
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En Rio de Janeiro la militarización de la seguridad interior fue decidida por el presidente Michel Temer en febrero, con el pretexto de terminar con la violencia. En los cinco meses transcurridos desde entonces, señala Fuego Cruzado, una plataforma web creada por Amnistía Internacional para dar cuenta de los tiroteos en Rio, la violencia en la ciudad se acentuó en todos los niveles: los tiroteos aumentaron 37 por ciento respecto al comienzo de la operación militar y crecieron las muertes de delincuentes, de policías, de habitantes víctimas de “balas perdidas”. Unos pocos días antes de ser asesinada –el 14 de marzo, justo un mes después del lanzamiento de la intervención militar– por integrantes de una banda formada, entre otros, por ex policías, la activista Marielle Franco advirtió que el involucramiento de las fuerzas armadas en la seguridad interior sólo podía acrecentar los niveles de violencia en las favelas, el foco central de la intervención, y dejar a sus habitantes cada vez más indefensos ante el fuego cruzado entre militares y narcos. “Hay además –decía Franco– una tradición de relativa convivencia y de reparto de territorios entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes.”
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En varios países centroamericanos la participación de los militares en la seguridad interior se remonta a mucho tiempo atrás, a comienzos de los años dos mil. En República Dominicana, señala la socióloga Lilian Bobea, directora académica de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Ciudadana, la tasa de muertes violentas pasó de 13,9 cada 100 mil habitantes en el año 2000 a 26,7 en 2005. Ese año, el presidente Leonel Fernández impulsó una reforma para desmilitarizar a la Policía. Un año después, la tasa de muertes violentas en el país volvió a caer: del 26, 7 cada 100 mil a 17.
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El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, propias de un país en guerra, o incluso peores (81,7 homicidios cada 100 mil habitantes, según datos del año pasado). Desde hace 15 años las fuerzas armadas intervienen en la seguridad interna, con el pretexto de combatir “amenazas emergentes”, como la ligada a las pandillas narco del tipo de la Mara Salvatrucha o Barrio 18. El Plan Mano Dura, de 2003, el Plan Súper Mano Dura, de 2004, y el Plan Antidelincuencial, de 2006, fueron variantes de una misma fórmula que asociaba a los militares con la Policía Nacional en la seguridad interna y se acompañaba de toda una serie de medidas “de excepción” que minaban los controles sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Se suponía que la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln) al gobierno, en 2009, provocaría un cambio de esa política, pero tras un período de negociación con las pandillas, que se conoció como “la tregua”, se volvió a la mano dura. “El mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad”, dijo esta semana (30-VII-18) al diario argentino Página 12 Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana, que investiga la violencia en El Salvador. “Se prometió a los pandilleros cosas como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña. En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.”
El de El Salvador es casi un caso de escuela sobre la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior, decidida con el argumento de que la Policía Nacional Civil no bastaba para quebrarle la yugular a la delincuencia. “Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero, y lo único que lograron es aumentar la violencia” y “criminalizar a los jóvenes pobres”.
La investigadora cita a otro gran protagonista del combo securitario: los medios de comunicación. “Antes de que la violencia alcanzara estos niveles, los medios ya habían construido al gran monstruo”, dice. “Primero, el culpable del problema del desarrollo del país fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es entonces cuando quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros”. La prensa, piensa la universitaria, contribuyó a blanquear la deteriorada imagen de las fuerzas armadas tras el fin de la guerra interna y presentarlas “como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, es infiltrado y termina sirviendo al crimen organizado”.
Marroquín señala que en este segundo período de gobierno de un Fmln ya muy debilitado se han tomado medidas que hasta hace poco parecían inimaginables para un partido de izquierda. Hoy “se permite apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo (…). Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la Policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque ‘parecen pandilleros’, porque son pobres”, dice. Y apunta: “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. ‘Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia’, sería el mensaje”.
Con Dawn Marie Paley, autora de “Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo”1
La experiencia mexicana
Diego Castro
El narcotráfico está en el centro de las polémicas sobre seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es utilizado para dar legitimidad al aumento de armas y otros equipamientos policiales y militares, y es fuente de justificación de miles de muertes. México, con la ayuda de Estados Unidos, libra su “guerra contra las drogas” desde 2006; el resultado: desapariciones, asesinatos y mucha impunidad.
A los pocos días [de asumir como presidente] y sin haber dicho una palabra en su campaña electoral al respecto, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narco” a mediados de diciembre de 2006. La inauguró con una operación en el estado de Michoacán que, según nos cuenta Dawn Marie, marcaría la modalidad de intervención: miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal destinados supuestamente a controlar el flujo y la producción de amapola. “El sexenio de Calderón supuso la experimentación de una guerra contra la gente, con niveles de violencia no conocidos hasta entonces, cuando la cifra de homicidios venía bajando. Desde entonces hay documentadas 35 mil personas desaparecidas, y más de 260 mil asesinadas.”
En esos años la atención de Estados Unidos, que antes se encontraba [puesta] en Colombia, pasó a enfocarse en México, con la Iniciativa Mérida –una propuesta similar al Plan Colombia–, que comenzó a funcionar en 2008. Esto supuso el aumento en la transferencia de dinero de Estados Unidos a México con destino a la seguridad. Según Dawn Marie, “a la vez que iba aumentando la ‘ayuda económica’ de Estados Unidos, en México aumentaban los muertos”.
¿Qué relación tuvo la intensificación de la lucha social y la declaración de guerra contra el narco? Para Dawn Marie fue directa. Insiste en que la denominada guerra contra el narco no es otra cosa que la justificación de la existencia de un enemigo interno para multiplicar el ataque contra el pueblo mexicano, contra su entramado comunitario, contra sus formas de vida y resistencia. Las víctimas serían fundamentalmente hombres jóvenes, los motivos inexistentes. Las matanzas no tienen un patrón común, en general los jóvenes asesinados no están vinculados a grupos del crimen organizado, aunque el discurso oficial siempre los intente conectar. El resultado: miedo, terror, confinamiento forzado a espacios privados, ruptura del tejido social. “Esta no es una estrategia que tenga que ver con controlar las drogas. Por ejemplo, el Plan Colombia no fue exitoso en disminuir la cantidad de cocaína que se consume en Estado Unidos, lo cual era su pretexto. Pero fue efectivo en otras cosas, abrir mercados, mayor apertura económica, hacer reformas políticas, todo con el mismo dinero y el discurso de la prosperidad para salir del ‘flagelo’ del narcotráfico. Y también se comprobó con el Plan Colombia que la militarización para la prohibición es funcional al capital, aquélla se relaciona a todos los casos de despojo extremo para liberar territorio para la caña de azúcar, para la palma. También acabar con sindicatos como en los casos de Chiquita y Coca Cola, contratando paramilitares para asesinar a gente organizada. Este despojo liberó territorios para la ampliación de actividades económicas que permitieron mayor acumulación de capital.”
Por Daniel Gatti
3 agosto, 2018
1. 2008. Libertad bajo Palabra.
(Brecha publica, con la autorización de su autor, estos fragmentos de la entrevista con Dawn Marie Paley publicada previamente en zur.org.uy)
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