Tres décadas después de las leyes 142 y 143, el país llega a un nuevo gobierno con el mismo diagnóstico sin resolver: información sectorial dispersa, vigilancia sin metodología y reformas que no trascienden los períodos presidenciales. La propuesta no es volver a empezar: es construir, por fin, la arquitectura institucional que haga sostenible cualquier reforma.
Hay problemas que un país arrastra no porque nadie haya querido resolverlos, sino porque cada intento de hacerlo empezó de cero. El sector de servicios públicos domiciliarios en Colombia tiene ese perfil: siete gobiernos, aproximadamente diez y nueve superintendentes, dos comisiones de regulación y miles de millones de pesos invertidos en casi cuatro décadas, y aun así cerca de 13,8 millones de colombianos sin agua potable1 y más o menos 12,5 millones sin alcantarillado sanitario, en un país donde la cobertura de ese servicio apenas alcanza el 76,2% y en la Amazonía cae al 41,1%2, una Costa Caribe con servicio eléctrico crónico de mala calidad y una función de inspección, vigilancia y control que reacciona a las crisis en lugar de anticiparlas. El problema no es la voluntad: es la arquitectura.
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